Durante décadas, la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) fue vista en el tejido empresarial guatemalteco como un mal necesario: un costo de cumplimiento, una obligación legal sin retorno. Los empresarios preguntaban: “¿Cuánto me cuesta implementar un plan de SSO?”. La pregunta correcta siempre debió ser: “¿Cuánto me cuesta no hacerlo?”. Y esa ecuación está cambiando, no por moda, sino por evidencia. El Acuerdo Gubernativo 229-2014 establece las reglas mínimas, pero cumplir la ley ya no...

















