Minería ilegal y contrabando, un enemigo más del desarrollo del país

La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), adscrita a Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en colaboración con la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), realizó el diálogo minero «Minería ilegal y contrabando, repercusiones en la industria y cómo hacerle frente», en donde se contó con la perspectiva de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio Público y la perspectiva del sector minero formal.

A medida que aumenta la demanda de minerales en el mundo debido a los requerimientos de la transición energética, las prácticas ilegales también se incrementan. De acuerdo a la información presentada en el evento, la minería ilegal o informal está asociadas a riesgos ambientales, de salud y seguridad de colaboradores y comunidades, además de generar pérdidas económicas al país por la falta de pago de impuestos y regalías.

“Desde el punto de vista reputacional, las malas prácticas de las operaciones ilegales y su falta de controles en materia ambiental y social, ponen en riesgo las operaciones formales de la minería responsable que promovemos como gremial, además de convertirse en una competencia desleal para las empresas formales que comercializan su producto en el mercado nacional e internacional”, enfatiza Valery Zurita, directora ejecutiva de la Grenat.

“Es de suma importancia fomentar las articulaciones interinstitucionales para la prevención de los efectos asociados a la minería ilegal, generando los espacios de diálogo y concientización sobre los riesgos a la salud, ambiente y población, identificar e incidir en la persecución del ilícito y fortalecer al sector legal y formal, quienes actúan apegados a la ley”, indica Axel Romero, gerente de gestión de la CODECOF.

De acuerdo a la oficina de drogas y crímenes de las Naciones Unidas, la minería ilegal genera billones de ingresos ilícitos para financiar al crimen organizado. Otros efectos asociados a la práctica minera ilegal es el aumento de conflictos sociales, violencia y corrupción, muchos que son provocados por las asociaciones delictivas que se encuentran detrás de este tipo de minería.

“De acuerdo a la información pública, en el 2022 el Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizó 87 inspecciones a partir de las denuncias realizadas. Nuestro llamado es a que la población siga realizando estas denuncias y que las autoridades trabajen en conjunto para fortalecer políticas y procedimientos que den una certeza de castigo a estos grupos delictivos”, indica Zurita

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