Cuando hablamos de las carreteras, como en cualquier debate, no faltan aquellos que de forma simplista contestan: “No hay voluntad política en Guatemala”, “No se ponen a las personas adecuadas a cargo” o “Es por la corrupción”. Aunque cada una de estas frases tiene algo de razón, no abordan para nada la necesidad de un cambio de modelo. Sin eso, seguiremos sin profundizar en las razones del tan necesitado cambio y estaremos como el perro que se muerde la cola.
Veamos lo que ocurría en la década de los noventa con la electrificación y cómo pasamos de un 60% de la población con acceso a electricidad a un 98% de la población, con miles de millones de dólares de inversión extranjera y nacional. Este tipo de saltos cuánticos no se hubieran logrado sin un marco de competencia legal.
¿Qué pasa con la infraestructura vial? En la actualidad, el sistema fomenta la corrupción, puesto que las decisiones dependen más de lo político que de lo técnico, no se genera ningún incentivo para contar con carreteras en buenas condiciones y, por supuesto, existe impunidad en el sistema de justicia. La gran pregunta es: ¿Por qué la calidad del sector eléctrico se mejoró y la del sistema vial no hay forma de hacerlo? Parte de la respuesta está en el marco institucional.
Ahora bien, ¿qué hay en el Congreso de la República de Guatemala que se pueda aprobar? Desde el 2018 se presentó la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, que promueve cambios institucionales específicamente al sistema vial para que Guatemala pueda contar con más competencia y para que se generen más de US $2 mil millones adicionales en inversión pública para carreteras, un aumento sostenido del crecimiento económico y de la formación bruta de capital fijo.
Necesitamos más carreteras, túneles, andenes, puentes y ciclovías; eso solo se logra con un cambio de modelo”.
La ley permite contratar la operación de la red vial en estado óptimo (pago por indicadores), siendo responsabilidad del desarrollador, el mantenimiento y reparación (este cambio de incentivo ayudaría en casos como el que tenemos ahora en Villa Nueva, por ejemplo).
Además, garantiza el proceso de adjudicación bajo estándares internacionales; moderniza el derecho de vía, velando por la protección de los derechos constitucionales de propiedad, pero generando una declaratoria de utilidad pública, con base en estudios previos; se reducen los riesgos de los proyectos, dando certeza jurídica a los contratos y beneficiando la capacidad del Estado de poder planificar de mejor manera, priorizando proyectos y con la posibilidad de contar con propuestas no solicitadas que hacen que los costos de prefactibilidad y factibilidad se paguen solamente al ejecutarse el proyecto; se regulariza el uso del subsuelo para generar carreteras modernas con túneles de primer nivel; y se genera una institucionalidad más capaz, moderna y eficiente, enfocada en la red vial para contratar a los mejores profesionales.
Necesitamos más carreteras, túneles, andenes, puentes y ciclovías; eso solo se logra con un cambio de modelo.
Por: Juan Carlos Zapata | Director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)