Cámara de Industria de Guatemala (CIG) realizó la sesión de análisis en línea «Certeza jurídica: Impacto en el desarrollo económico», en la que participaron Nicholas Virzi, director del área política de CIG; José Echeverria, director ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN); y Francisco Quezada, analista e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
A lo largo de la sesión, los invitados compartieron sus perspectivas sobre la certeza jurídica y su impacto en la economía del país. También conversaron sobre la eficiencia en los trámites, la efectividad en el cumplimiento de los mismos, incentivos y normas para atraer inversión al país y cumplimiento de las reglas, entre otros.
Nicholas Virzi dijo que la certeza jurídica es importante tanto para Guatemala como la iniciativa privada, pues es una de las tareas claves del Estado. “La falta de viabilidad jurídica impacta directamente en la competitividad e impide que el país tenga un mayor dinamismo económico. Somos el país más grande en términos de Producto Interno Bruto (PIB) de la región centroamericana, pero captamos, en términos porcentuales del PIB, la menor cantidad de inversión”, dijo. Explicó que esto se debe, en gran medida, a la falta de certeza jurídica.
Asimismo, José Echeverria expuso que la certeza jurídica es un requisito indispensable para la libre participación industrial empresarial no solo de Guatemala, sino de cualquier país. “En MCN le damos un seguimiento al sistema judicial dentro de la visión general del Estado de Derecho y la condición básica que se debe cumplir es el respeto a las normas constitucionales”, señaló.
Para concluir la sesión, Francisco Quezada dialogó sobre las tres características esenciales del Estado de Derecho: 1. El Estado es una creación de la comunidad política a la que se debe y a la que está a su servicio. 2. Los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, seguridad y propiedad de los individuos. 3. El Estado debe siempre reconocer la libertad, igualdad, propiedad, la independencia de los jueces, la responsabilidad del Gobierno, el dominio de la ley y la representación del pueblo en la preparación de funciones.