Piden proceso transparente, independiente y libre de presión
A propósito del iniciado mecanismo de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el Cacif fija postura.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió el mes pasado un comunicado en el que empieza reconociendo la trascendencia del proceso institucional, “derivado del momento histórico que atraviesa Guatemala, en cuanto a los avances de la lucha contra la corrupción, el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
También expresa “la necesidad que el Fiscal General sea un profesional del Derecho comprometido de lleno con la correcta aplicación de la Ley, el respeto a los derechos constitucionales y el combate a la corrupción, la impunidad y las estructuras criminales”.
Recuerda que el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala expresamente establece que el fin principal del Ministerio Público es “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”.
En ese sentido, el Sector Privado Organizado exhorta a los candidatos a “presentar propuestas relacionadas con la garantía del cumplimiento de normas relacionadas con el respeto a la propiedad privada, a la libertad de locomoción, a la libertad de comercio, trabajo e industria, y al cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos del país”.
También les solicita “presentar dentro de sus planes de trabajo, un capítulo específico sobre el combate a la corrupción. Además, su propuesta de coordinación de política interinstitucional con los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos de control político y financiero del Estado, el sector privado, sociedad civil y comunidad internacional.”
“Esto –expone el Cacif- para avanzar en el proceso de construir un sistema político transparente, con rendición de cuentas, reglas claras y cumplimiento de la ley”. Además, les solicita “presentar públicamente declaraciones de probidad y declaraciones de conflicto de interés que permitan evaluar con mayor grado de precisión el citado componente”.
Asimismo, exhorta a los miembros de la Comisión de Postulación a “tomar en consideración variables para la evaluación de los candidatos, como su experiencia en materia de Derecho Penal, la experiencia en cargos de la administración pública, su imparcialidad en cuanto a diferentes intereses relacionados con la justicia penal en el país”.
También, “crear un mecanismo transparente que les permita trabajar en un ambiente de total independencia y libres de presión motivada por cualquier grupo de interés y a denunciar públicamente cuando ello ocurra para poder asegurar el control y la auditoría ciudadana necesaria para garantizar su labor”.
“Sobre todo, invita y exhorta a los profesionales de derecho, con las calidades requeridas por la ley, con un perfil profesional de excelencia, integridad, honradez y comprometidos con la construcción de un mejor país, a que presenten sus expedientes para optar a tan importante cargo dentro de la administración de justicia”, finaliza el pronunciamiento del Cacif.