Estudio revela que la violencia debe ser combatida con una política integral que incluya seis áreas básicas: Prevención, resolución pacífica de conflictos, coerción, investigación e instrucción, judicialización y penalización y resocialización.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
”El país no tiene por qué estar condenado a la violencia y los Gobiernos deben atender este clamor popular”, son las expresiones de María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), quien ha liderado un estudio sobre esta problemática. Los altos índices de inseguridad no sólo han dejado profundas heridas en miles de familias sino que, además, le ha puesto un cerrojo a potenciales inversiones generadoras de empleo, explica Aceña.
Y aunque es un problema de la sociedad en su conjunto, la profesional sostiene que, también es cierto, que se necesita liderazgo del Estado, representado en el Presidente de la República. “Y durante los últimos tres años no ha habido ese liderazgo porque es un tema que no ha sido prioridad”, añade la profesional.
Ejes de trabajo de una política integral
Prevención y disuasión
• Control de riesgos (alcohol, drogas, armas)
• Atención a grupos vulnerables (jóvenes, indigentes, prostitución)
• Recuperación de entornos urbanos deteriorados
• Atención de emergencias
• Disuasión
Resolución pacífica de conflictos
• Derechos humanos
• Cultura de mediación y resolución pacífica de conflictos familiares, comunitarios e interpersonales
Coerción
• Fortalecimiento de las instituciones de seguridad
• Mejorar instalaciones
• Movilidad
• Comunicaciones
• Recurso humano
Investigación e instrucción
• Fortalecimiento de las instituciones que desarrollan labores de investigación criminal y de inteligencia
Judicialización
• Fortalecimiento de la rama judicial
Penalización y resocialización
• Fortalecimiento de: cárceles, centros de atención a menores infractores y los programas de resocialización y reinserción social
Las deficiencias de una estrategia inexistente
En el estudio, Aceña resume las siguientes debilidades para afrontar la violencia.
• A pesar de ser la prioridad número uno de los guatemaltecos, no ha sido prioridad para el actual Gobierno.
• El marco legal es ambiguo: luego de la firma de los Acuerdos de Paz, las reformas legales han sido confusas y demasiado ambiciosas. Se carece de una política nacional de seguridad.
• Los recursos humanos están poco preparados.
• La infraestructura es inadecuada.
• Los recursos para operar son escasos.
• Existe mala gestión y deficiente coordinación.
• Ausencia de planificación, pues no se cuenta con un plan de largo plazo.
Una política integral
Según esta iniciativa, contenida en el informe “Lineamientos de política económica, social y seguridad ciudadana 2011–2021”, la inseguridad debe abordarse desde una perspectiva integral.