Según un estudio del PNUD, las empresas invirtieron en seguridad más de lo que crecerá la economía nacional. El país no puede seguir afrontando el dolor de perder a su gente y perdiendo oportunidades de superar el subdesarrollo. Aunque no es ninguna novedad que la inseguridad ciudadana tiene la más alta prioridad entre los problemas a resolver por el Estado, sí lo es que a medida que se profundiza en el estudio de sus efectos, surgen más motivos para exigir que las autoridades, se decidan por fin a aplicar soluciones de verdadero fondo.
El asunto tiene varias vertientes, siendo la más preocupante la elevada cauda de pérdidas humanas que ha golpeado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca, al grado de que se afirma en conversaciones cotidianas que la mayoría de los guatemaltecos hemos sido víctimas de la actual ola de violencia, de manera directa o indirecta.
El hecho de que tantas vidas útiles se malogren de esa forma, ha sido determinante en la creación de un clima de inestabilidad que ha trascendido los ámbitos individual y familiar hasta abarcar a toda buena parte del colectivo social, lo cual se traduce en conductas negativas para el desarrollo nacional.
En ese marco dominado por la delincuencia, también se han mencionado los daños que este fenómeno le causa al aparato productivo; sin embargo, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ilustra de manera elocuente las dimensiones que el problema tiene en este ámbito productivo.
El informe “El costo económico de la violencia en Guatemala”, estima que el sector privado destina US$2,286 millones al año para proveerse de seguridad, es decir, un 7.3% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Por si ello no fuera alarmante, conviene recordar que dicho porcentaje es superior al crecimiento económico que hubo en el año 2007, el cual calculó el Banco de Guatemala en 5.7% del PIB.
A simple vista, erogar semejante cantidad para desarrollar la actividad económica con algún grado de seguridad, es absurdo, con el agregado de que no siempre se logra ese objetivo. El sector turismo, por ejemplo, con todo y esa inversión, sólo opera con el 46% de su capacidad instalada anual. Obviamente esto se traduce en pérdida de oportunidades que, tarde o temprano, se van a al comprobarse que resulta afectada la competitividad y la generación de empleo.
Por tanto, huelga insistir en la necesidad de que el Estado retome su papel rector en materia de seguridad y oriente todos los esfuerzos posibles a proveerla, porque nuestro país no puede seguir afrontando el dolor de perder a guatemaltecos de bien, y para colmo, perdiendo oportunidades de superar el subdesarrollo.