¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE SEGÚN SU CRITERIO PROPICIAN LA IMPUNIDAD EN EL PAÍS? La tremenda preocupación por el ambiente de inseguridad que tenemos en el país, lo cual demuestra una gran falta de capacidad del gobierno en hacer cumplir la Constitución de la República ya que ésta constituye el pacto social entre gobernantes y gobernados, en quienes la ciudadanía depositó el manejo de nuestro país y sociedad ante el gobierno electo y lo hacemos responsable, de la seguridad de los ciudadanos, de la vida, así como de los aspectos de respeto a la ley, vigilancia, cumplimiento de la ley y castigo de los transgresores cuando toma posesión del cargo. Para comenzar estamos frente a una gran violación constitucional por parte del gobierno al no respetar o hacer respetar la vida de los ciudadanos.
Con relación a los factores que afectan este estado de inseguridad que vivimos, creo que es un grave problema de pérdida de institucionalidad del país, si vemos en su conjunto los factores que constituyen el sistema de seguridad, estamos hablando desde la prevención del delito, directamente a cargo de la Policía Nacional y Ministerio de Gobernación. La acción en prevención del delito es pobre, el Ministerio de Gobernación tiene una participación muy reducida en el presupuesto nacional y no se le otorga la prioridad que se debe, ya que como es una de las principales garantías que el ciudadano quiere que el gobierno cumpla y, adicionalmente existe muy poca continuidad en los planes de dicha institución. Cada vez que hay un cambio de mando en el ministerio, hay un cambio de planes, por lo que no hay un rumbo determinado y con ello un cambio de personal, lo que ha llevado a que dentro de dicho ministerio haya muy poco profesionalismo y compromiso.
Éste es un mal mayor de Guatemala y creo que deberían manejarlo las personas más profesionales disponibles. Primero, si no somos capaces de prevenir el delito, éste seguirá sucediendo. Segundo, los sistemas de investigación por parte del Ministerio de Gobernación son virtualmente nulos o demasiado inexpertos y no tienen la capacidad funcional real de ejecutar una inteligencia civil para tener debidamente controladas y localizadas a las bandas delictivas y poder formularles las acusaciones y capturas para presentarlos ante el juez y ante el Ministerio Público. Posteriormente, lo que sería la persecución del delito que está a cargo del Ministerio Público, vemos una institución que, si bien los cuatro años anteriores había comenzado un proceso de cambio de profesionalismo, este trabajo políticamente se ha visto interrumpido y consecuentemente los planes de mejora nunca llegan a dar frutos Es una institución que necesita mucho fortalecimiento profesional, se necesitan políticas muy claras y el consecuente apoyo financiero, después, los encargados de interpretar e impartir justicia, los tribunales de justicia tienen muy bajos niveles de resolución y lamentablemente en los pocos casos en los que se llega a concluir un proceso por cualquier delito, tardan demasiado tiempo y la justicia debe ser pronta, vemos que los índices que se publican permanentemente entre denuncias y la apertura a juicio y juicios que llegan a sentencia final son muy vergonzosos. El sistema de justicia está al borde del colapso y como sociedad tenemos que hacer algo al respecto.
Hemos visto con mucha tristeza una institución que ni siquiera ha podido hacer sus procesos de elección, que hay permanente tráfico de votos, tráfico de influencias internas y este año prácticamente no han podido hacer la designación del presidente de dicho organismo. Existen leyes, interpretadores de leyes, pero los procesos en sí no tienen los sistemas de control, sistemas de chequeo, sistemas de ver que las cosas se hagan en tiempo, que los jueces resuelvan en tiempo y prácticamente vemos que ninguno de los tribunales y ninguna de las cortes resuelve los casos que llegan a sus manos dentro del tiempo razonable, por lo que eso llega a desesperar a las personas, como en muchísimas comunidades en donde llegan a tomar la justicia por sus manos. Vemos ya un pueblo desesperado.
Adicionalmente, pareciera que estamos ante un caso de una democracia electoral más no una democracia real, vemos cómo los primeros focos de impunidad son visibles y surgen precisamente dentro de lo que conocemos como gobierno en cualquiera de los tres poderes del estado. En casos de corrupción podemos mencionar al Congreso de la República y a los jueces, así como abuso de autoridad dentro del poder ejecutivo, lo cual está altamente cuestionado el funcionamiento de dichos organismos y no hay una autoridad contralora, tanto en el ámbito financiero como en la administración y derechos humanos que vele para que dichas autoridades trabajen en forma correcta y que vean que quienes no lo estén haciendo, sean prontamente sancionados y removidos de sus cargos para evitar que continúen con los abusos. Vemos en estos casos entonces que podríamos hablar sobre una verdadera ausencia de democracia, toda vez que el funcionario público lejos de cumplir y hacer cumplir la ley, más bien abusa de autoridad, de los recursos que con mucho sacrificio han sido puestos en sus manos para una proba administración y para beneficio de todos.
¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN AYUDAR A SOLUCIONAR LA IMPUNIDAD EN EL PAÍS? Creo que un proceso de recuperación institucional, instituciones realmente sólidas es trascendental en el país. El apoyo de iniciativas internacionales como la CICIG es muy importante para que nos sirvan de guía, de apoyo y de alguna manera, por qué no decirlo, que puedan establecer un esquema de compromiso y seguimiento por parte de países amigos que en su pasado también han tenido estos mismos problemas y nos pueden ayudar con su experiencia. Es triste reconocer que no somos capaces de combatir el crimen, la impunidad, pero es precisamente por eso que necesitamos la ayuda porque la acción delictiva y la impunidad están principalmente dentro de las instituciones de gobierno y aquí también me refiero a los tres poderes, entidades autónomas que son las encargadas de administrar la justicia, las cuales son juez y parte y difícilmente van a jugar en ese sentido toda vez que eventualmente varios de ellos resultaran siendo los perseguidos.
Otras de las medidas que debemos tomar como guatemaltecos es denunciar los actos, exigir dignamente nuestros derechos ciudadanos y exigir, ante todo, que el gobierno y las autoridades respeten nuestra Carta Magna, respeten ese pacto social que hemos hecho o que sean sometidos a los tribunales. Aconsejo al Licenciado Sergio Morales, Representante de los Derechos Humanos, que establezca oficinas de denuncia en cada una de las entidades públicas del país, precisamente para que el ciudadano pueda, en el mismo momento en el que es sometido a un acto de abuso de autoridad, solicitud de un soborno, se violen sus derechos, presentar las denuncias, elevar una queja y en un plazo perentorio de 72 horas, que él pueda tener descentralizadamente en el municipio en donde resida, una nota de seguimiento en donde ese funcionario público quede sujeto a investigación, a la sanción del caso.
¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO USTED COMO INDUSTRIA ANTE LA INSEGURIDAD? Como empresa, tenemos un ámbito muy restringido en materia de activación ante la inseguridad del país, principalmente nos enfocamos hacia nuestro personal, nuestros colaboradores y el entorno cercano; en ese sentido, con nuestros colaboradores tenemos apoyo para quien quiera presentar una denuncia por un acto, lo ayudamos con la presentación de su denuncia, le damos las facilidades de transporte, una persona que lo puede asesorar, presentación de la denuncia y ayuda para mitigar el daño. Principalmente económico o el daño que más que todo físico que le pudieran hacer ante una situación de asalto, robo o secuestro. Los apoyamos con gastos médicos adicionales causados por la violencia, cuando son sujetos de un robo, una extorsión que tenga incidencia económica de sus ingresos, tratamos de mitigar un problema, sabemos que no lo solucionamos en su totalidad pero tratamos de mitigarlo. Cuando la violencia llega al asesinato de algún miembro de nuestro personal o algún miembro de la familia de nuestro personal es lamentable e indudablemente aconsejamos que se denuncie, que se le de el seguimiento correspondiente que en muchas oportunidades el temor de las victimas limita. Por el otro lado, obviamente tenemos contratación de seguridad privada y los tratamos de mantener en un excelente clima laboral en la empresa para que no se suscite internamente ningún tipo de actos, pero más allá que la denuncia como ciudadanos nos sentimos en la incapacidad de hacerlo también por la falta de apoyo que se recibe por parte de la autoridad. En muchas oportunidades se solicitan citas con los encargados de la seguridad ciudadana y generalmente, en el 95% de los casos, no se dan las citas, no atienden a las personas, no muestran mucho interés en que se resuelva la situación. Estaríamos dispuestos a participar en comités ciudadanos, en brigadas de seguridad de barrio, de zona pero lamentablemente, la autoridad de gobernación no parece estar muy interesada en nada de esto y no convoca ni organiza y tiene que haber alguien que lo haga para que no se vayan a cometer transgresiones.
¿QUÉ DIFERENCIA VE USTED ENTRE EL CONTRABANDO Y ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA? Hay actividades específicas que son delitos económicos que causan serios perjuicios; por ejemplo, el contrabando. El contrabando es una problemática que tiene gran trascendencia social y crea un ambiente de corrupción, de ilegalidad en la cual se inmiscuyen, en muchas oportunidades, familias enteras incluyendo mujeres y menores de edad, quienes ponen artículos contrabandeados en venta, artículos de dudoso origen. Para dificultar más la persecución de dichos delitos por ejemplo, podemos ver que en muchas calles de la ciudad capital y en los departamentos, a menores de edad vendiendo artículos que son de dudoso origen, como en la 6ta. Avenida, la 18ª. calle a menores y muchísimas mujeres vendiendo artículos que en su gran mayoría son contrabandeados. Vemos que la autoridad tiene muchísimos instrumentos para combatir este delito, comenzando en que cualquier bien que no tenga una procedencia legitima la cual pueda demostrar que el poseedor de dicho bien es el propietario legal, debe ser sujeto de decomiso.
Empezando por que cometen delito fiscal al no emitir factura. Los centros donde más notorio es esto es en la Zona 1 de la capital, pero también en los mercados cantonales y aquí vemos que venden cualquier cosa, desde todos los radios y accesorios que se roban de los vehículos hasta medicina estatal que ha sido hurtada y que dice claramente prohibida su venta tanto del estado como del IGSS, sino también mercadería que ha sido importada fraudulentamente y que debería ser decomisada en un plazo perentorio si el propietario de la mercadería no comprueba su origen legitimo. Todo esto debería de pasar a beneficencia y a personas necesitadas, instituciones, públicas y privadas y de servicio social para que, a través de esto, puedan sufragar gastos. Cuando se trata de alimentos, artículos de vestir por ejemplo, sería de gran utilidad en estas instituciones debidamente controladas y administradas para que ayuden a los más necesitados.
Creo que entre el contrabando y la economía de subsistencia hay una gran diferencia. En la economía de subsistencia no importa qué tan humilde sea una actividad lícita, legitima. El pequeño agricultor, el pequeño vendedor que compra un bien y lo utiliza para la reventa pero es un bien de legítima procedencia y con eso hace unos centavos para seguir viviendo.
Lamentablemente, el contrabando es diferente, es una actividad delictiva que va en contra de la economía formal o la economía legitima y tiene ramificaciones y consecuencias muy grandes, causa desempleo, desprotección social, generalmente abusos, justicia por mano propia y muchos de los crímenes que se cometen a diario, vienen de estas actividades de contrabando, de estas de actividades de venta ilícita, robo, etc. Son dos cosas diferentes y diferenciables siendo la economía de subsistencia una forma de subsistir correcta y legítima. El contrabando es una actividad delictiva que muchas veces hace redes sumamente grandes, profundas y que cada vez se van extendiendo más, estas redes que van desplazando la economía formal y ocasionan perjuicios sociales, debilitan a nuestro sistema.
¿QUÉ FACTORES CREE QUE PROMUEVEN ESTA ACTIVIDAD ILÍCITA? El primero es la falta de seguridad generalizada que hay en el país. Éste es un factor en que los delincuentes ven, cada día con mayor certeza, que los delitos no son perseguidos, que su actividad no es castigada y que no existe un sistema de persecución del delito mucho menos de consignación y de castigo ejemplar. Por lo anterior, La segunda, especialmente en esta época de crisis global que estamos viviendo, es la pérdida de empleos, la destrucción progresiva de plazas de trabajo y que el gobierno lamentablemente, no cumple con una promesa de campaña, que si mal no recuerdo hablaba de creación de 700,000 empleos; pues en este momento tiene gran déficit y está en negativo debido a la crisis mundial. Vemos que existe una pasividad total y yo diría también negligencia por parte de las autoridades económicas y fiscales y falta de voluntad del gobierno en ese sentido. Incluso promueven legislaciones tributarias destructoras de plazas de trabajo. Esto lamentablemente impacta más a nuestra economía, aleja más la posibilidad de inversión en Guatemala, una inversión que de por sí está escasa a nivel mundial, tiene mucha competencia de las economías más inteligentes que la nuestra, como la brasileña y la asiática, que continúan atrayendo inversión. Nosotros en Guatemala podríamos tener oportunidades muy grandes, las cuales estamos dejando ir o las estamos ahuyentando con nuestro arcaico y precario sistema fiscal, que únicamente se preocupa por alimentar un presupuesto cada día más desordenado, descontrolado y con mayores fugas y menos focalización y con ello sacrificando y destruyendo oportunidades de trabajo.
¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES QUE ESTE DELITO TIENE EN LA ECONOMÍA NACIONAL? Esta situación de competencia desleal, recarga fiscal sobre los sectores fiscales de activos, léase contribuyentes reales, la economía formal aunado a toda la red de corrupción y de delincuencia que gira alrededor de la actividad ilícita, obviamente provoca, en primer lugar, que no haya certeza en la transferencia de los artículos y cualquiera está sujeto a enfrentar una competencia desleal, que no paga impuestos, que no registra sus gastos y que no atiende adecuadamente sus responsabilidades patronales.
Cuando se revisan las estadísticas del seguro social, vemos que menos del 30% de la fuerza laboral está inscrita en el seguro social, que más de dos terceras partes de la población económicamente activa del país cuenta con una protección social mínima como es la del seguro social; sin mencionar la que no tiene acceso a los derechos laborales establecidos en nuestro código de trabajo o el derecho a una remuneración adecuada al trabajo que realizan. Estos trabajadores se encuentran en la economía informal e ilícita, sujetos a abusos, estafas y altos riesgos porque evidentemente su propia actividad los hace cómplices de un delito que, si bien no es adecuadamente perseguido o castigado, en cualquier momento pueden ser castigados. Existen siempre los sobornos, la disponibilidad de un importante porcentaje de la autoridad de corromperse por esa vía, pero vemos que ese es un asunto muy difícil.
Se debe hacer un llamado a los sectores de organización laboral a que planteen su verdadera protesta y a que se unan con el empresariado guatemalteco en esta gran lucha, la cual es la lucha de la legitimidad laboral, para que esos trabajadores salgan del delito y gocen de los derechos adecuados y su puesto de trabajo sea un puesto estable y seguro y que no lo sometan a peligros. Reconocemos que esta gente lo hace como medio de subsistencia, pero creemos que el sector laboral nunca se ha manifestado en contra de este tipo de actividades ilícitas: el contrabando, la venta y la informalidad y debieran de proteger a los trabajadores sin importar en dónde se encuentran y la primera protección es una lucha frontal contra la economía informal, las actividades ilícitas como una defensa legítima con un empleo de calidad.
¿QUÉ PRODUCTOS CREE QUE SON LOS MÁS GOLPEADOS POR ESTE TEMA? Los productos que son más golpeados por este tema son, evidentemente, los de fácil movilidad, los que tienen demanda, los que son de consumo diario. Pensaríamos en ese sentido que son los comestibles, vestuario, accesorios para el hogar, artículos de bajo volumen y alto valor como electrónicos, todo ese tipo de cosas que están destinados al consumo masivo. Lamentablemente, ha crecido tanto el contrabando y las transacciones ilícitas de bienes, que hoy en día ya no hay actividad que no esté sujeta a este ataque real que está demasiado extendido ante la ciencia y paciencia de las autoridades
¿VE USTED ALGÚN TIPO DE RELACIÓN ENTRE LA IMPUNIDAD Y EL CONTRABANDO? Definitivamente el contrabando forma parte de la impunidad. Toda vez que no es adecuadamente perseguido, comenzando por la autoridad fiscal, que en reiteradas oportunidades las autoridades fiscales y económicas han manifestado que el contrabando no es una prioridad para ellos, incluso dicen que, actualmente con los tratados de libre comercio que resultan en ingresos aduanales reducidos, el contrabando no es una consecuencia de la voluntad política. Esto lo hemos escuchado entre autoridades del Ministerio de Finanzas, de la superintendencia de administración tributaria y, es realmente lamentable que en ese nivel de cargos manifiesten en una forma tan descarada su propensión al incumplimiento de sus deberes. Estas personas no ven el deterioro humano y ético de nuestra sociedad que está causando esa permisibilidad por parte de las autoridades y por otro lado no ven más allá en la cadena de consecuencias hacia los ingresos fiscales. Podrá haber un tratado de libre comercio con México y el artículo puede estar sujeto a un pago del 0% en derechos arancelarios, pero está el IVA también que es un 12%, la posterior facturación que también genera IVA y genera una cadena del control del impuesto sobre la renta, de tal suerte que, muy pocos ciudadanos guatemaltecos somos los que contribuimos realmente al erario nacional.
El contrabando no paga IVA en ningún punto de la cadena ni impuesto sobre la renta, sí es una prioridad, sí es muy importante y la actividad del contrabando, por su componente de competencia desleal, está destruyendo plazas productivas en Guatemala, la capacidad de pago de impuestos de las empresas de los entes formales de nuestra economía y por consiguiente, es una ataque por ambos lados.
¿CÓMO CONSIDERA LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN CONTRA DEL CONTRABANDO Y LA IMPUNIDAD? Realmente puedo decir que no las veo, nuestro gobierno y el actual Ministerio de Gobernación no están ejecutando acciones reales y definidas en contra del contrabando y la impunidad, lo que es peor, no vemos castigos. Sí vemos noticias que se descubre un desfalco en el Congreso, que se descubre una serie de actos, pero no vemos castigos, en su lugar vemos que los juicios no caminan, no prosperan; vemos cómo otorgan libertades, muchas veces ni siquiera con confianza. En algunas situaciones con medidas sustitutivas menores y las personas allí están y sirven de ejemplo para que otros delincuentes amplíen su portafolio de delincuencia.
Sinceramente se observa una total obscuridad por parte del gobierno en dar cuentas a la ciudadanía. Luego que los ciudadanos vamos a tener que organizarnos de otra manera, como no lo hemos hecho hasta ahora, para buscar mecanismos de denuncia pública, de vergüenza para ver si las autoridades abren sus ojos y realmente cumplen con el compromiso que suscribieron al presentarse a unas elecciones, ver si cumplen con una confianza que se les otorgó la ciudadanía.
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ara finalizar, lo único que puedo decir es que me solidarizo con todas las familias guatemaltecas que a diario tienen que exponer su vida, que tienen que salir a ganarse el sustento honradamente y que se encuentran con un delincuente, con un asaltante que en cuestión de minutos le despojan de su esfuerzo de toda una vida e incluso muchas veces lo despojan de su propia vida. Definitivamente el gobierno es el responsable de la seguridad y de dar las garantías ciudadanas a todas las victimas e indemnizarlas económicamente. El gobierno por su propio incumplimiento, debería estar sujeto a sanciones pecuniarias, desde el Presidente, ministros y jefes de autoridades responsables por su incumplimiento de obligaciones y entonces tener indemnizaciones hacia los ciudadanos en función del incumplimiento de su deber mínimo, de su máxima obligación constitucional, de ser lideres de la unidad nacional, garantizar la vida, la seguridad y la protección de los bienes y la vida.