Por: Nicholas Virzi | Decano del Instituto de Liderazgo y Gobernanza ASTRA
Cuando la regulación ambiental es irracionalmente excesiva, reduce la prosperidad. En ese sentido, las reformas de la Administración Trump para debilitar las regulaciones onerosas, reorientar la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y estimular agresivamente los sectores de energía, petróleo y minería marcan el rumbo correcto para países como Guatemala.
Las reformas regulatorias de Trump han entregado beneficios tangibles: independencia energética, mayor inversión extranjera y un mayor crecimiento del PIB. El empleo viene creciendo en EE. UU., según informes de marzo y abril de 2026, a pesar de los masivos despidos en el sector público.
La piedra angular de la reforma regulatoria en EE. UU. fue la derogación, en 2026, por parte de la EPA, del Dictamen de Peligro de 2009 del gobierno de Obama en 2009 sobre los gases de efecto invernadero (GEI). Bajo Trump, la EPA derogó la Declaración de 2009 sobre el supuesto peligro que representan las emisiones de GEI, revirtiendo oficialmente la determinación de que dichas emisiones amenazan la salud y el bienestar públicos.
“Guatemala debe reformar sus regulaciones ambientales demasiado estrictas”.
Esta medida eliminó la base legal para mandatos federales amplios sobre plantas de energía, vehículos e industrias. Según la Casa Blanca, se ahorrará más de US$1.3 billones, al tiempo que reducirá los costos promedio anuales de los vehículos en aproximadamente US$2,400.
Esta reforma devuelve a la EPA a su rol estatutario, poniendo fin a la discreción burocrática y politización de las reglas climáticas que impusieron miles de millones en costos ocultos a familias y fabricantes.
La estimulación de la producción energética nacional ha amplificado estas ganancias. La producción petrolera de EE. UU. alcanzó máximos históricos en 2025. Los costos energéticos eventualmente más bajos actuarán como un recorte impositivo amplio para todos los sectores de la economía, desde la agricultura y el transporte hasta la manufactura y los centros de datos que impulsan la IA.
La energía asequible y confiable mejora la competitividad, atrae inversión y previene la deslocalización de empleos. Solo los sectores de petróleo y gas han agregado decenas de miles de empleos de altos salarios, lo cual ha revitalizado comunidades en Texas, Pensilvania y más allá.
La minería ha experimentado un renacimiento paralelo, particularmente para minerales críticos esenciales para la industria moderna. Al aliviar las restricciones federales sobre tierras y agilizar las aprobaciones, las políticas de Trump 2.0 han reducido la dependencia de naciones adversarias como China para tierras raras y materiales para baterías. Esta seguridad impulsada por el mercado fortalece las cadenas de suministro nacionales, apoya el resurgimiento manufacturero y crea oportunidades de exportación. Los empleos en minería, a menudo en áreas rurales desatendidas, pagan salarios por encima del promedio y estimulan las economías locales a través de efectos multiplicadores. La desregulación prudente fomenta la innovación, ya que las empresas compiten para desarrollar tecnologías de extracción más limpias sin mandatos verticales que ignoran las compensaciones.
Los mercados bursátiles de empresas energéticas se han recuperado, señalando la confianza de los inversores en el crecimiento a largo plazo. Las políticas orientadas al mercado entregan prosperidad que beneficia a todos los niveles de ingresos a través de salarios más altos y mayor oportunidad.
La abundancia energética permite alternativas más limpias sin sacrificar la confiabilidad. El mismo presidente Trump enfatizó esta visión, declarando “Desataremos la energía estadounidense” y luego firmando órdenes ejecutivas para facilitar la exploración, explotación y las licencias de proyectos energéticos y mineros, en beneficio de los trabajadores y consumidores sobre el simbolismo climático global.
Estas son lecciones que Guatemala debería aprender y aplicar, especialmente en vista de que la política de nearshoring sustituye las iniciativas ambientales equivocadas que promovía la difunta USAID.
Guatemala debe reformar sus regulaciones ambientales demasiado estrictas y terminar su compromiso con la Iniciativa Net Zero, que condenaría al país a sus actuales niveles de pobreza, mala infraestructura y déficit habitacional. La industrialización con producción más limpia y la inversión en infraestructura, como carreteras y viviendas, implican mayores emisiones de CO₂. Como se puede ver en la gráfica, el PIB per cápita se correlaciona altamente con las emisiones de CO₂ por más de siete décadas.
Guatemala debería priorizar la necesidad urgente de industrializarse y hacer crecer su economía como el medio principal para reducir la pobreza.
