El análisis de datos es fundamental para la toma de decisiones, ya que proporciona información valiosa para que individuos, empresas y organizaciones tomen decisiones informadas y efectivas, lo que resulta en una mayor eficacia y éxito. Su importancia radica en varios aspectos clave: facilita la comprensión de tendencias y patrones, mejora la precisión de las decisiones y permite identificar oportunidades y riesgos en el mercado. Además, el uso eficiente de los datos conduce a la optimización de recursos, al incremento en la competitividad y a la innovación en el desarrollo de productos.
En la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), creemos que la toma de decisiones basada en el análisis de datos es aplicable al ámbito gubernamental y está estrechamente relacionada con la fijación de metas y la evaluación de resultados. Al utilizar datos para informar las decisiones, las instituciones de gobierno pueden establecer objetivos más realistas, medibles y efectivos, así como evaluar el progreso e impacto de sus políticas y programas de manera más precisa.
Además, el análisis de datos les permite a las instituciones gubernamentales, identificar áreas de riesgo y oportunidades de mejora, lo que contribuye al desarrollo de políticas y estrategias más sólidas y basadas en evidencia. En última instancia, la aplicación del análisis de datos en el contexto gubernamental, puede resultar en una mejor toma de decisiones a nivel estratégico, políticas públicas más efectivas y una mejor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
El uso eficiente de los datos conduce a la optimización de recursos, al incremento en la competitividad y a la innovación en el desarrollo de productos”.
Estas reflexiones nos llevaron a buscar la opinión técnica de Central American Business Intelligence (CABI, por sus siglas en inglés) para que, desde su experiencia en inteligencia, consultoría y análisis de datos en temas económicos, financieros y sociopolíticos, nos presentaran un modelo en el que se intentara dimensionar la problemática alrededor del comercio ilícito en Guatemala y, con ello, establecer un norte hacia dónde apuntar las baterías del esfuerzo de colaboración público – privada que iniciamos con nuestra participación como invitados en el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero.
El modelo presentado por CABI utiliza una metodología de cálculo tendencial y de correlaciones con la economía. Es un Impuesto al Valor Agregado (IVA) doméstico que no se recauda porque el contrabando desplaza compras legales y formales en los diferentes sectores donde se produce. Paulo de León, director de inteligencia económica y financiera de CABI, explica que el crecimiento del IVA doméstico ha mantenido una correlación importante con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), manteniendo una lógica directa, así como un mayor crecimiento de la economía y de la facturación.
En términos generales, el IVA debe crecer lo que crece el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, generado por el Banco de Guatemala (BANGUAT), más lo que crece la inflación; es decir, 3% y 4% en promedio, respectivamente. El modelo muestra cómo el crecimiento de la recaudación del IVA cae por debajo del crecimiento del IMAE, lo cual no puede ser explicado más que por la economía informal, ilegal y defraudación.
En su informe, CABI presenta que se ha decidido hacer el análisis sobre el IVA doméstico y no sobre el IVA de importación o Derechos Arancelarios (DAI) porque el DAI aplicable a productos provenientes de México es casi cero y obviamente no es contrabando; por el contrario, es comercio legal desde México, con el que no hay ningún problema. La misma razón aplica al IVA de importación desde México.
El análisis de datos les permite a las instituciones gubernamentales, identificar áreas de riesgo y oportunidades de mejora”.
Resultados del análisis
El método más directo, según CABI, es utilizar la tendencia de recaudación que nos dicen los modelos tendenciales y asumir que dicha tendencia se mantendría en el tiempo. Se genera entonces una recaudación teórica, originada de la tendencia, y se contrasta con la recaudación efectiva.
Cualquier desviación debe ser explicada por otros factores como la defraudación, el comercio informal o ilegal, y el contrabando.
Finalmente, con la metodología presentada por CABI y, asumiendo ciertos márgenes moderados sobre venta, se puede estimar que el valor de las mercancías que conforman esa brecha atribuida al contrabando, la defraudación y el comercio ilegal, puede estar alrededor de los Q14 mil millones para el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022. Es decir, transacciones cercanas al 2.3% del PIB y la pérdida de un valor agregado o crecimiento económico entorno al 0.6% del PIB, que repercute en la creación de empleo, inversión y recaudación del Gobierno, la cual podemos estimar en Q696 millones 353 mil 509, si sumamos la falta de recaudación de IVA con el estimado de pérdida en Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Por: Axel Romero | Gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF)