Un nuevo sendero para mejorar el Sistema de Justicia
Ahora se discute, entre diversos sectores de la sociedad, la necesidad de reformar ciertos aspectos de la Constitución Política con el propósito de mejorar la aplicación de Justicia. ¿Lograrán ponerse de acuerdo y el Congreso de la República validará los consensos? ¿Realmente habrá aplicación pronta y cumplida de las leyes y estas beneficiarán a los guatemaltecos?
El sector privado organizado comparte la visión de reforzar el Sector Justicia, con el objetivo de contribuira la lucha contra la impunidad y la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Según Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), “siempre hemos manifestado que es la ausencia del Estado y el incumplimiento de la Ley lo que fomenta injusticias, desigualdades, deficiencias para la inversión y la generación de empleo en el país”.
La propuesta fue presentada por los tres Organismos del Estado, mediante el “Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia en Guatemala”.
El Presidente del CACIF, José González Campo, comentó: “Esperamos enfocar esta discusión en las cosas que son realmente importantes para el Sector Justicia. Hablar sobre la carrera judicial es una prioridad, así como hablar sobre la forma de elegirlas Cortes, y sobre cómo podemos asegurar la independencia y probidad de quienes administran justicia”.
El 6 de mayo, el Diálogo Nacional inició con la primera fase, en la cual se desarrollaron 7 mesas de trabajo regionales en Quetzaltenango, Cobán, Zacapa, Jutiapa, Petén, Huehuetenango y Sacatepéquez, con la participación de 1544 personas, de instituciones y organizaciones de todo el país. Durante esta etapa se recibieron alrededor de 200 documentos. El 9 de junio inició la segunda fase, la cual consiste en la integración de mesas nacionales de diálogo.
Ante todo esto, la propuesta del Sector Privado ha sido clara, partiendo de la preeminencia de seis pilares que se presentan en el recuadro de esta página, bases que son las que pueden garantizar una verdadera transformación de la Justicia en Guatemala. En la página siguiente, el lector verá un resumen de las propuestas y reflexiones del Sector Empresarial frente al documento base de Reforma Constitucional.
Pilares para mejorarla administración de Justicia
Libertad de igualdad: Todos los seres humanos son libres e iguales ante la ley.
Respeto a las garantías individuales: Derechos y garantías individuales que son inherentes a todo habitante de la República.
Separación y balance de poderes: La titularidad de las funciones del Estado se confía a organismos públicos de distinta naturaleza, con distintas autoridades y electos bajo diferentes procedimientos.
Fortalecimiento institucional: Procesos para mejorar la estructura, organización y funcionamiento de las diferentes instituciones.
Transparencia y probidad: Las instituciones y funcionarios deben basar su actuación en la honradez, en la búsqueda de la verdad y la honestidad.
Acceso a la justicia: Que todas las personas tengan acceso a la justicia para reclamar un derecho, deforma pronta y cumplida.
Reflexiones ante el documento base de reforma constitucional
Expertos consultados por Revista Industria y Negocios afirman que el proceso de “Diálogo Nacional” se lleva cabo en torno a un Documento Base que fue publicado en el sitio web que promueve el proceso. Sin embargo, las propuestas carecen de una exposición de motivos que permita comprender las a cabalidad, justificando su idoneidad. El proceso divide las propuestas en 5 grandes temas. He aquí un resumen de los mismos y de las reflexiones recabadas.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Mantiene su integración por 13 Magistrados, pero 9 deben provenir del sistema de Carrera Judicial, la Presidencia se amplía de 1 a 4 años, sin reelección. Se amplía el plazo del nombramiento de 5 a 12 años. Se eligen por el Congreso de la República de nómina propuesta por el Consejo dela Carrera Judicial, y aumenta requisito de edad y años de ejercicio profesional.
CARRERA JUDICIAL: Define como ente rector al Consejo de la Carrera Judicial y elimina las comisiones de postulación para nombramiento de Magistrados. El Consejo se integra por 4 representantes de Jueces y Magistrados y 3 expertos nombrados por los anteriores; sus funciones van desde nombrar, capacitar, fiscalizar y sancionar a jueces y Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones, hasta proponer Magistrados a CSJ y Fiscal General, entre otras.
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Eleva sus integrantes a 9, 3 nombrados por cada uno de los tres Organismos del Estado; se organizan por cámaras y se aumenta la edad y el requisito de experiencia profesional.
ANTEJUICIO: Lo define; explícitamente lo retira a Alcaldes y Gobernadores, y tácitamente a otros funcionarios; por ejemplo, del TSE.
PLURALISMO JURÍDICO: Elimina la exclusividad de la CSJ para el ejercicio de la jurisdicción y reconoce expresamente alas Autoridades de las Poblaciones Indígenas para ejercer jurisdicción con base en sus costumbres.
Reflexiones
Es necesario que la integración tanto de las Cortes como del Consejo de la Carrera Judicial no permita la concentración de poder para uno o varios sectores, si no refleje un balance que permita la fiscalización y la existencia de contrapesos. Debe evitarse la politización al momento de elegir Jueces, Magistrados y miembros del Consejo de la Carrera Judicial; privilegiándose la meritocracia, la ética y honorabilidad.
La ampliación de plazos para las presidencias y nombramientos de jueces y magistrados podría ser positiva en cuanto promueve la independencia y estabilidad de criterios; sin embargo, debe combinarse con un sistema en que no se elijan todos sus integrantes al mismo tiempo y que la determinación de los nuevos plazos sea producto de un análisis público, pues no sería válido establecer un número al azar. La misma justificación debe existir para determinar el cambio de requisitos para optar a los cargos.
Con el Antejuicio, este representa una garantía para las autoridades de no ser objeto de señalamientos y procedimientos espurios que impidan el ejercicio de sus funciones, promoviendo ingobernabilidad. El problema real es que se ha politizado y manipulado para favorecer la impunidad. Lo importante sería fortalecer los procedimientos para evitar abusos e impunidad. Una modificación importante es que esta garantía no impida investigaciones del Ministerio Público.
Las modificaciones al Ministerio Público no consideran el establecimiento de una carrera fiscal. Y al igual que en los otros casos, es importante que exista un balanceen quienes proponen candidatos a Fiscal General y que esta propuesta responda a un proceso de oposición que privilegie la meritocracia y los mismos valores para el caso de Jueces y Magistrados.
En cuanto al Pluralismo Jurídico, aunque es un reconocimiento a la jurisdicción indígena, la modificación va más allá y pretende retirar a la CSJ la exclusividad para ejercer jurisdicción, dando lugar a sistemas paralelos de cualquier naturaleza (no solo indígenas). Aunque el límite señalado para estos en la propuesta sea la Constitución Política y los Derechos Humanos, en la práctica generarían una serie de violaciones a su contenido. Por ello requiere de un análisis profundo y una delimitación muy precisa con la acotación de que el Estado debe mantener unidad y reglas claras paraque sus habitantespuedan tener unefectivo acceso ala justicia.