EditorialJUL-2016 Editorial

¿Justicia pronta y cumplida?

 

Javier Zepeda

Director Ejecutivo

Cámara de Industria de Guatemala

 

Una discusión muy interesante se da estos días, en marcada en juicios históricos contra la corrupción, y es el diálogo social a favor de las reformas al Sector Justicia. Hay mucho qué escribir sobre ello, pero me enfocaré en principios fundamentales que como Sector Privado hemos defendido y promovido, y cuya validez sigue siendo fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social de los guatemaltecos.

Estos son: 1) la libertad de igualdad, 2) el respeto a las garantías individuales, 3) la separación y balance de los tres poderes del Estado, 4) el fortalecimiento institucional, 5) transparencia y probidad y 6) acceso a la justicia. Se trata de principios fundamentales de un Estado de Derecho que no pueden menos preciarse o pasarse por alto en este debate sobre las reformas constitucionales relacionadas con la aplicación de justicia.

El primer y segundo anunciados, por ejemplo, hacen referencia a que todos somos iguales ante la Ley y que los derechos y garantías deben aplicarse a todos los ciudadanos, y aquí, considero, no debería de haber mayor discusión. Cada uno de aquellos seis aspectos tiene una significativa repercusión, pero justamente en estos recaen las dificultades que ahora queremos corregir. Tales el caso de la separación de poderes y es donde uno no termina de explicarse cómo los diputados (del Organismo Legislativo) terminan eligiendo a los jueces y magistrados de otro organismo del Estado.

Igual relevancia tiene el fortalecimiento institucional (en términos de mejorar su estructura, integración y funcionamiento) para que exista transparencia y probidad, de tal suerte que las instituciones y los funcionarios actúen con honestidad. Aquí hay mucha tela que cortar, sobre todo porque estamos asistiendo a un debate judicial sobre las responsabilidades de ex funcionarios involucrados en corrupción. Y ojo que esta responsabilidad individual e institucional recae en todos los funcionarios, incluyendo a los que están en el Sector Justicia. No menos importante es el sexto punto, en el sentido de que todos los guatemaltecos tengan acceso a la justicia para reclamar un derecho de forma pronta y cumplida. Y de aquí surge la pregunta de esta columna, porque es a eso a lo que todos aspiramos y por lo cual deberíamos de esforzarnos para que se haga realidad. En este aspecto se contempla, por ejemplo, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Abordar cada aspecto tiene una ruta y esta última, relacionada con la carrera judicial y la Corte Suprema de Justicia, pasa por evitar la politización en la elección de jueces y magistrados, y apostarle a un sistema de carrera judicial que privilegie la meritocracia, la ética y la honorabilidad de los jueces.

En fin, la discusión ya empezó y esperamos que, por el bien de todos, logremos aterrizar en reformas que no solo mejoren la aplicación de la justicia si no las condiciones de vida de los guatemaltecos.

El contenido de Industria&Negocios no necesariamente representa la opinión de Cámara de Industria de Guatemala; cada artículo es responsabilidad de sus autores.

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