“Que se garantice el acceso a la justicia mediante jueces y magistrados dotados de una total autonomía e independencia”

 

Roberto Molina Barreto, en dos ocasiones presidente de la Corte de Constitucionalidad, ex Procurador General de la Nación y distinguido abogado y notario, analiza el proceso de diálogo nacional para proponer reformas constitucionales relacionadas con el Sistema de Justicia, las expectativas y riesgos.

¿Cómo ve el proceso? ¿Se realiza de la manera adecuada?


Se aplaude la apertura total de espacios para la discusión, pero sin un orden adecuado resulta complejo materializar resultados. Se entiende que un proceso de diálogo para la reforma constitucional es necesariamente amplio y diverso, pero hay que propiciar reglas que garanticen la calidad de los argumentos aportados. Es fundamental definir un número de participantes y la duración de sus intervenciones, para sistematizarlas adecuadamente.

Esta pre selección es fundamental. Hablando del fondo, aprecio una intención noble de los promotores del proceso, que propiciaron el involucramiento de diversos sectores, lo que enriquecerá la propuesta final. Sin embargo, atendiendo el contexto social y la coyuntura política, estimo que el proceso en sí no garantiza nada, pues el proyecto debe ser puesto en manos de los diputados del Congreso de la República sin que sea posible impedirles que lo  modifiquen. En otras palabras, los resultados dependen de la voluntad del ente parlamentario, al que posteriormente corresponde someterla iniciativa de reforma a consideración del pueblo de Guatemala, que debe ser vigilante para que aquél no cambie su sentido, pues el objetivo primordial es mejorar el sistema de justicia en Guatemala.

En cuanto a la manera de realizar el diálogo, fue atinado tener mesas en todo el país, pues esto facilitó la participación de todos los sectores interesados, sin ninguna limitación.

Sin embargo, en el actual procesos e perciben actitudes tendientes al resguardo de ciertos intereses sectoriales al que pertenece cada uno de los participantes, sin mayor argumento ni sustento jurídico, lo que resta seriedad al diálogo, en el que debe privar la concentración de puntos de equilibrio entre posiciones diversas, precisamente para evitar divisiones sociales que hagan difícil la convivencia.

Adicionalmente, observo cierta prisa en el proceso, la que creo innecesaria, pues estimo que las discusiones constitucionales deben reflexionarse con mayor profundidad, sin presiones de tiempo, para garantizar su efectividad.

En ese sentido, ¿qué cambios fundamentales son los que deben acometerse para que de verdad se mejore la aplicación de la justicia en Guatemala?


La modificación del sistema de judicial debe ser integral.

Uno de los cambios más necesarios es promover la total autonomía del poder judicial desde una perspectiva institucional, proporcionándole suficientes recursos para su funcionamiento,y personal, desvinculando a los titulares de la Corte Suprema de Justicia de sus electores y a los Magistrados de las Salas de Apelaciones del Congreso de la República, suprimiéndose al efecto las cuestionadas Comisiones de Postulación.

Asimismo, hay que dotar de independencia a los Jueces y Magistrados, a través de períodos más extensos y mecanismos de elección que obedezcan a méritos académicos y experiencia personal, a través de la implementación de una verdadera Carrera Judicial.

Por otra parte, las modificaciones ala forma de elegir al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y lo relativo a la Corte de Constitucionalidad, fortalecen el Sistema de Justicia, aunque no se tomaron en cuenta otras instituciones importantes como la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario.

Por último, se pretende restringir el derecho de antejuicio para ciertos funcionarios, aun cuando éste garantiza la continuidad de las funciones de las instituciones, por lo que la discusión debería orientarse hacia la agilización de su trámite, para que no se convierta en un obstáculo para la aplicación de justicia.

Por aquello de las tentaciones, ¿qué no debe hacerse?


Una reforma constitucional debe ser producto de un proceso pausado, acompañado de profundas reflexiones, para impedir que determinado sector social utilice la coyuntura en su favor imponiendo temas que no tienen relevancia real para el Sistema de Justicia, sino que obedecen a planteamientos ideológicos que pueden representar el fracaso de la iniciativa, pues sería imposible llegara consensos.

Otra de las tentaciones de este proceso podría ser el diseño de instituciones pensando en quienes las dirigen actualmente, sin tomar en cuenta que un legislador constitucional debe considerar los cargos y no a las personas.

¿Cuánto tiempo cree que durará este proceso? Y, mientras tanto, ¿qué debe hacerse para que con la normativa actual se empiece a mejorar la ansiada justicia?


Esta circunstancia depende de cuánto tiempo se lleve el Congreso de la República para discutir y aprobar el decreto de reforma.

Además, debe buscarse la fuente de financiamiento para llevar a cabo la Consulta Popular posterior. En un escenario optimista, considero que antes de fin de año podría ya tenerse culminado el proceso, para que durante el mes de enero del 2017 inicie la transición.

En tanto ocurre lo anterior, debemos convivir con el sistema actual, con una actitud vigilante hacia los jueces y magistrados, promoviendo una cultura de denuncia que permita evidenciar a todas aquellas personas que no se apeguen a los cánones legales y éticos.

El actual proceso tiene previsto un calendario de diálogo que concluiría el 28 de julio. Sin embargo, frente ala trascendencia de las modificaciones propuestas, es probable que sea necesario prolongarlo, incluso hasta septiembre u octubre.

A manera de ejemplo y para evidenciarlo complejo del diálogo, hay que tener presente la posibilidad de constitucionalizar una Jurisdicción Especial Indígena, que podría incluso amenazar la unidad del Estado.

Es importante dejar en claro que el Derecho y la Jurisdicción no significan lo mismo, y que el primero no otorga la segunda. En otras palabras, los métodos y procedimientos indígenas que ya están reconocidos por Guatemala son un importante aliado en la resolución de conflictos de cierta naturaleza, pero no pueden reñir con la legislación tradicional que regula la competencia, ni mucho menos sustituirla.

Este tema en particular exige un debate amplio, que supera los tiempos de un cronograma tan corto.

¿Cuán importante es para el crecimiento de la economía una aplicación pronta y cumplida de la justicia?


El acceso a la justicia pronta y cumplida da certeza al sector productivo del país, pues propicia un clima de estabilidad social para la inversión de recursos, lo que se traduce en fuentes de empleo e ingresos para el propio Estado.

Al igual que con los ciudadanos en general, la certeza jurídica es vital para cualquier inversionista, nacional o extranjero. Es fundamental que el régimen legal transmita seguridad a todos los actores del intercambio comercial, a través de un sistema de justicia permanente en el que se privilegie el Estado de Derecho y se garantice el acceso a la justicia mediante jueces y magistrados dotados de una total autonomía e independencia.