Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
Esta vez, quisimos abordar un tema importante para la certeza jurídica en el país. Parece trillado, pero hay ciertas decisiones que afectan a las administraciones públicas locales y hacen mella en la economía.
En algunas municipalidades seguimos descubriendo perspectivas erróneas, como cobrar por el derecho de circulación en sus comunidades o impedir la venta de bebidas alcohólicas, so pena de considerables multas y hasta el cierre de los expendios, facultades que la Constitución Política de la República solo le otorga al Organismo Legislativo.
Por supuesto que Cámara de Industria de Guatemala ha acudido a la Corte de Constitucionalidad, pues las resoluciones municipales atentan contra varios derechos, cuya plena vigencia y ejercicio deben respetarse y garantizarse por todos.
Pero junto a esta medida legal, necesaria para evitar daños a la economía precisamente de las comunidades, también hemos apelado al diálogo con los líderes comunales y con autoridades relacionadas con la gestión municipal para evitar que en el futuro se sigan cometiendo dichos entuertos, pero también para informales, con la transparencia y proactividad que le caracteriza al sector industrial, sobre los alcances de dichas disposiciones.
Somos del criterio de que los guatemaltecos tenemos la capacidad de alcanzar acuerdos, sin importar si pertenecemos al sector público o privado, porque, al final de cuentas, coincidimos en la necesidad de trabajar de manera armoniosa para que haya crecimiento económico y prosperidad generalizada.
Esto se relaciona con otro tema de fondo, pues las municipalidades deben revisar la forma en que conducen su política edil, para evitar que las instituciones generen desconfianza ante la ciudadanía.
Además, una capacitación profunda y el debido acompañamiento del Sistema de Justicia haría bien a los concejos municipales, para que estos ciñen sus actos al ordenamiento jurídico y mantengan en pie el Estado de Derecho.
Hacer valer el Sistema de Justicia es una conclusión incontestable, y creo que todos estamos de acuerdo, pero cuando se abordan casos puntuales, como dichas resoluciones municipales, se descubre que no ha permeado aún la necesidad de dotar a los concejos ediles de las herramientas básicas para tomar decisiones basadas en la legalidad, con la consecuente responsabilidad política.
Es muy probable que la actuación de las autoridades sea producto del desconocimiento de las leyes, pero mientras alcanzamos niveles de entendimiento y consenso, el Sistema de Justicia debe funcionar correctamente para garantizar que no se vuelva a cometer dichos atentados contra la Constitución Política y contra el Estado de Derecho.
En resumen, es necesario capacitar a los concejos ediles, y no únicamente a los alcaldes, así como la pronta intervención del Sistema de Justicia para impedir que los agravios a la Carta Magna persistan. No hay otra forma de salir de esta especie de desorientación de algunas municipalidades, si queremos que exista seguridad jurídica y mayor legitimidad democrática de los gobiernos locales.