El operativo en Pavón siguió llamando la atención de la opinión pública en los meses siguientes.
REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS
El 2 de octubre, el periodista y escritor Felipe Valenzuela escribió en Siglo Veintiuno: “Acciones como la de Pavón, no sólo nos estimulan en lo colectivo, sino también nos muestran que con voluntad y coraje, hay un país posible y digno de cualquier esfuerzo”(23).
Gustavo Porras, un reconocido analista, acentuó que “no cabe duda de que los éxitos recientes de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen tienen de manteles largos a la ciudadanía honrada. La acción de las fuerzas combinadas (Policía y Ejército) y la actitud decidida del director de Presidios, constituyen señales positivas en este tema de tanta preocupación ciudadana y de tan crucial importancia para el país”(24).
Y así la lista de expresiones positivas acerca de la toma de Pavón se reprodujeron en medios locales e internacionales. Para entonces no había duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades habían sido las correctas.
¿Una decisión de Estado?
Antes de la toma de Pavón, en los medios de comunicación aparecen evidencias de que el Gobierno de turno no quería abdicar de su compromiso. Por ejemplo, el 13 de febrero de ese año el Presidente Óscar Berger advirtió públicamente que se terminarían los privilegios en Pavón (según noticia de El Periódico del 22 de marzo de 2006)(25). Lo que venía, entonces, no era una medida improvisada, sino el resultado de una planificación concebida no sólo con detenimiento sino con el aval de las autoridades del Organismo Ejecutivo, con la participación del Ministerio Público y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, signo de la coherencia de un régimen democrático.
Días antes, a finales de agosto, en cuatro municipios de San Marcos, departamento fronterizo con México, se declaró un Estado de Excepción en la región, se destruyeron más de 17 millones de matas de amapola y más de 80 mil plantas de marihuana, se detuvo a 31 de los responsables, se recuperaron 18 vehículos robados y hasta se puso fin a un conflicto limítrofe entre pobladores de los Ixchiguán y Tajumulco. En esta acción también participaron la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Ministerio Público(26).
Este operativo, junto al de Pavón, el 25 de septiembre, así como el desalojo de un grupo de invasores que protegía una pista clandestina de aterrizaje de aeronaves del narcotráfico en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, en la Reserva de la Biosfera Maya, en el norteño departamento de Petén, el 4 de octubre(27), y una serie de acciones ejecutadas simultáneamente en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, la última semana de ese mes –para contrarrestar el trasiego y consumo de drogas, la trata de personas y el contrabando, entre otros delitos—(28) eran parte de una estrategia general de seguridad ciudadana.
El operativo en Pavón, según los reportes de prensa de la época, sería uno más de los planificados por las fuerzas de seguridad, Policía y Ejército, en colaboración con el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
El reto, eso sí, no terminaba allí. La exigencia de la ciudadanía apuntaba más acciones de ese tipo, tal y como lo escribió, por ejemplo, la periodista Sylvia Gereda, en su artículo del 28 de septiembre de 2006: “Después de una década de complicidad con el crimen organizado, merece una felicitación el Presidente Óscar Berger y su equipo de seguridad, por demostrar voluntad política para combatir la delincuencia. A diferencia de otras ocasiones, se ven planes estructurados, encaminados a intentar sacarnos del hoyo en que estamos sumergidos. Estaremos a la espera de que el Gobierno de Berger inicie una verdadera reforma en el sistema penal y dé una lección a la delincuencia que nos ha tenido de rodillas”(11).
Lo dicho por la columnista era, también, una especie de prontuario de los alcances de la decisión tomada institucionalmente por el Organismo Ejecutivo, pero con la cooperación del Ministerio Público, de los jueces que ordenaron la requisa, del gabinete en pleno que autorizó el Estado de Excepción en el municipio de Fraijanes y de las autoridades castrenses.
“Después de una década de complicidad con el crimen organizado, merece una felicitación el Presidente Óscar Berger y su equipo de seguridad, por demostrar voluntad política para combatir la delincuencia”.
–Sylvia GeredaPeriodista
“La acción de las fuerzas combinadas (Policía y Ejército) y la actitud decidida del director de Presidios, constituyen señales positivas en este tema de tanta preocupación ciudadana y de tan crucial importancia para el país”.
–Gustavo PorrasAnalista