Obstrucción del paso a la hidroeléctrica de Chixoy y sabotajes al tendido eléctrico de Hidroxacbal, ponen en riesgo el plan de expansión de la red de transmisión.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
Han sido 75 días o más de dos meses (al 16 de agosto) que el tramo carretero que va a la hidroeléctrica de Chixoy lleva bloqueado por grupos de campesinos, pero ni las autoridades policiales ni el Ministerio de Gobernación han mostrado voluntad política para hacer valer la ley y rehabilitar el paso. Estas medidas han ocasionado severos daños a la propiedad privada y ponen en peligro no sólo la expansión de la red de transmisión eléctrica sino que, además, podrían poner en riesgo el servicio eléctrico el 11 de septiembre, cuando se desarrollen las elecciones generales.
El Administrador del Mercado Mayorista (AMM), la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER) y Cámara de Industria de Guatemala (CIG), reiteraron su preocupación por las consecuencias que las medidas ocasionan al subsector eléctrico. Pero sobre todo, manifestaron su preocupación por la apatía del Gobierno y sus instituciones de seguridad ante los bloqueos. El 12 de agosto, la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente a CIG y a las demás instituciones del subsector eléctrico y conminó al Gobierno para que actúe contra estas medidas en Chixoy. “El amparo fue otorgado ante la evidente vulneración de los derechos constitucionales que no sólo afectan a empresas y trabajadores sino que podrían afectar los derechos legítimos de otros grupos sociales”, expresó el presidente de CIG, Andrés Castillo.
En contra del plan de expansión
Rudolf Jacobs, vicepresidente de AGER, lamentó que estas acciones pongan en riesgo el plan de expansión de la red de transmisión eléctrica. “Como asociación dedicada a promover el aprovechamiento sostenible de nuestras fuentes renovables de energía, nos preocupan profundamente las medidas de hecho ilegales que atentan contra el desarrollo de proyectos de energía renovable y la ampliación de la red de transmisión nacional”, expresó. Este plan fue adjudicado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en 2010 y tiene como objetivo ampliar y fortalecer la red. Añadió que los bloqueos iniciaron en 2010, con presiones del alcalde y candidato a la reelección, Leopoldo Ical Cul, de San Cristóbal Verapaz (Alta Verapaz). Estos grupos campesinos han exigido a las empresas constructoras de la obra, el pago de Q50 millones anuales en concepto de regalías, además de la construcción de carreteras. Estas solicitudes no están en manos de las empresas poder atenderlas, explicó Jacobs.
El gerente del Mercado Mayorista, Jorge Álvarez, explicó que los bloqueos han impedido que personal técnico le dé mantenimiento a la hidroeléctrica de Chixoy. “Esto pone en riesgo el sistema, ya que Chixoy aporta cerca del 20 por ciento de energía al sistema nacional”, explicó. Asimismo, confirmó que ha habido sabotajes contra la línea de transmisión de la central generadora Hidroxacbal pues se han derribado varias torres.