Cámara de Industria de Guatemala, con el apoyo de asociaciones y gremiales, impartieron un seminario a jueces, con el fin de apoyar la correcta aplicación de la ley a los contrabandistas.
Q6,000 millones anuales deja de percibir el erario público por el ingreso de mercancías de contrabando.
Representantes de las distintas gremiales y asociaciones adscritas a Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social impartieron un seminario de capacitación a jueces que tienen a su cargo decisiones legales en casos de contrabando de mercancías.
El vicepresidente de CIG, Arturo Rodríguez, hizo la presentación de esta actividad y explicó a los asistentes sobre la importancia que tiene para el país y para la sociedad en general, la correcta aplicación de las leyes a aquellas personas que ingresan mercadería de manera ilícita y que no cumple con los requisitos sanitarios ni fiscales.
Estos ilícitos no sólo ponen en riesgo la salud de miles de guatemaltecos que consumen los productos sino que, además, generan daños en la industria guatemalteca que sí cumple con todos las normas vigentes. También reiteró el impacto negativo en la recaudación de impuestos.
En ese mismo sentido, Aníbal Blanco, representante de la Gremial de Embotelladores, manifestó la preocupación que tiene este sector por el constante incremento del contrabando, especialmente procedente de México. Gladys Blanco, jefa del Departamento de Control de Alimentos del Ministerio de Salud, expuso a los asistentes, la urgente necesidad de aplicar el reglamento de inocuidad pues muchos productos que llegan al país ilegalmente, provocan daños en la salud de los consumidores.
El correcto proceder
Manuel Hoffman, delegado de la Asociación Nacional de Avicultores, explicó que este sector ha comprobado que algunos jueces no aplican bien la legislación nacional. Por ejemplo, sostuvo que gran cantidad de huevos que se decomisan en las fronteras con México, no son destruidos, como mandan las normas del país.
Indicó que quienes imparten justicia se limitan a hacer los ajustes fiscales a los infractores, cuando lo correcto es destruir los huevos pues es producto que no puede entrar al país de esa manera. “En estos casos no es el aforo lo que debe importar sino el producto en sí porque ingresa de manera ilícita pues no cumple con las leyes sanitarias, poniendo en riesgo la salud de los consumidores”, expresó Hoffman.
El vicepresidente de CIG prometió continuar con este tipo de actividades a fin de apoyar a los jueces en sus decisiones relacionadas al contrabando. Según estimaciones de la industria nacional, anualmente el fisco deja de percibir unos Q6 mil millones en concepto de impuestos, a causa del contrabando y que, además, provoca serios daños al sector formal de Guatemala que sí paga sus impuestos.
Q6,000 millones anuales deja de percibir el erario público por el ingreso de mercancías de contrabando.
El vicepresidente de CIG, Arturo Rodríguez agradeció a los jueces y demás funcionarios públicos, por su asistencia al seminario.