Hernán Guerra
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
El Congreso de la República tiene en sus manos el proyecto de ingresos y gastos del Estado para 2011. Son Q52 mil 960 millones que ha pedido el Gobierno por medio del Ministerio de Finanzas Públicas pero que, a decir de analistas, más allá del elevado monto, no hay mayores cambios en las asignaciones, y la historia se repite: No se plantean logros o metas específicas a alcanzar con esos recursos. En la distribución del presupuesto tampoco quedan plasmadas las prioridades del país en las áreas de Seguridad, Educación, Salud e infraestructura. Y lo que más sorprende es que se plantea una reducción drástica en inversión aunque el ministro de Finanzas Públicas, Edgar Balsells, busca que el Congreso apruebe para este renglón, más deuda pública por medio de la emisión de US$250 millones en bonos del tesoro.
Las proyecciones de ingresos corrientes también dejan mucho que desear. El Gobierno corre el riesgo de caer en un “peligroso” vacío fiscal pues prevé gastos que se financiarían con un incremento de la recaudación tributaria a través de la llamada “ley anti evasión II”. Sin embargo, esta iniciativa ni siquiera ha recibido dictamen favorable en el Legislativo y, lo más probable, según algunos diputados, es que no sea aprobada en lo que resta de 2010 ni mucho menos en 2011 pues será un año electoral.
Las incongruencias
El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas del Legislativo, José Alejandro Arévalo, explicó que la propuesta del Ejecutivo tiene múltiples novedades pero negativas para los intereses de la sociedad guatemalteca. La primera radica en el planteamiento de una reducción de inversión física; “es una caída impresionante cuando uno mira el listado geográfico de obras”, sostuvo.
A juicio del diputado, con la forma en que se distribuiría el gasto queda demostrado que “este Gobierno no tiene la menor intención de invertir en infraestructura como carreteras ni otro tipo de obra pública y se limitará a pagar la deuda flotante”. Además, según el proyecto de ley, las autoridades también pretenden manipular las cifras de inversión para aparentar que atenderán demandas sociales, al agregar a este renglón los gastos de funcionamiento (pago de salarios, principalmente) de los sectores de Educación, Seguridad y Justicia. Arévalo, quien también fue ministro de Finanzas Públicas, explicó que desde 1996 –cuando él fue ministro de Finanzas Públicas– se registraban en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), las inversiones que el Estado hace en recurso humano de del sector Educación y Salud, pero ahora se pretende agregarle otros desembolsos que corresponden a funcionamiento. “Esto no es correcto registrarlo así pues no es inversión sino gasto en funcionamiento”, sostuvo el parlamentario. Y en cuanto a la transparencia, por lo menos para 2011 se consignan con claridad Q1 mil millones para el programa “Mi familia progresa”, destacó.
Arévalo también expuso que llama la atención el aumento en el pago de intereses de la deuda pública que subirá a Q2 mil millones. “Esto demuestra que ya estamos sufriendo las consecuencias del incremento de la deuda del Estado”, advirtió. Sobre el monto global, consideró que es igual al presupuesto vigente y, de alguna manera, bastante realista en la parte macroeconómica, aunque a su criterio, no deben presupuestarse gastos previendo que se aprobará la “ley anti evasión II”, pues esta es una iniciativa que ni siquiera tiene dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas del Legislativo. Lo preocupante, añadió, es que por estas reformas el Gobierno estima recaudar alrededor de Q1 mil millones adicionales, recursos que se distribuyen en el proyecto del presupuesto. El problema es que si la normativa no se aprueba, quedará ese agujero y el déficit fiscal sería más elevado, manifestó.
Por su parte, el analista Miguel Gutiérrez, agregó que las proyecciones de los ingresos tributarios (Q38 mil millones) con Q4 mil millones más que lo recaudado en 2010, no es compatible con la realidad
económica del país. Añadió que para alcanzar esos niveles de ingresos el Producto Interno Bruto (PIB) tendría que crecer a un ritmo del 3.5 por ciento, algo inviable tomando en cuenta la desaceleración económica mundial y la política monetaria restrictiva del banco central.
Sin embargo, el ministro de Finanzas Públicas, ha reiterado que las reducciones en algunos ministerios son insignificantes, como en el caso de Salud Pública, cartera a la que más bien se la ajustaron sus fuentes de financiamiento. También sostiene que al Ministerio de Comunicaciones no se le recortará el presupuesto y que tendría una ampliación de unos Q500 millones, producto de la emisión de bonos. El Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el proyecto.
El diputado José Alejandro Arévalo explicó que con este proyecto se reduce drásticamente la inversión física.
El ministro de Finanzas Públicas, Edgar Balsells, entregó el proyecto al presidente del Congreso, Roberto Alejos.
CIG: Se debe priorizar el gasto
El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Juan Antonio Busto, manifestó que nuevamente este Gobierno demuestra poco interés en atender las necesidades más urgentes de la población, al no asignarse más recursos a sectores como Seguridad y Justicia e infraestructura.
Según el presidente de CIG, es preocupante cómo el actual Gobierno no ha atendido las demandas de la sociedad que se ha visto severamente castigada por los altos índices de violencia. Hizo un llamado para que en el Congreso de la República, se llegue a consensos y se asignen más recursos a la reconstrucción de la infraestructura dañada por el invierno y, también, al tema de seguridad y justicia.
Busto reiteró que el sector industrial ha hecho propuestas concretas a las autoridades a fin de redistribuir el gasto público en estas áreas pues son fundamentales para dinamizar la economía del país.
Asimismo, pidió al Gobierno dar el ejemplo con la transparencia de cada centavo que se gaste pues es dinero que proviene de los impuestos de los guatemaltecos.