En tan solo dos años y medio este Gobierno ha incrementado la deuda pública interna en 40 por ciento y la deuda pública externa en 28 por ciento y todo parece indicar que el endeudamiento no se detendrá. Hoy la deuda pública supera los Q77 millardos (Q77 mil millones), dinero suficiente para que uno de cada 10 guatemaltecos tenga un techo digno en donde vivir.
Si hoy, a usted, estimado lector, le dijeran que la deuda del Estado le toca pagar de forma igual a todos los guatemaltecos, le tocarían Q5 mil 500 aproximadamente a cada uno y, si en su casa son cinco personas, tendría una deuda de Q27 mil 500. ¿Qué pensaría usted de ello? Probablemente evaluaría cómo se utilizó y qué tan beneficioso fue el uso que le dieron a esos recursos. También haría las cuentas de los meses del año que tendría que trabajar para poder juntar la parte que le corresponde.
Si usted ha tenido o tiene alguna tarjeta de crédito, conoce lo sencillo que puede ser endeudarse sin tener los recursos económicos para pagar posteriormente la deuda sin sacrificar otras prioridades. No cuesta nada ir a cualquier establecimiento y pagar por cualquier bien o servicio con un presupuesto con el que ni siquiera contamos. Al final de cada mes ya será cuestión de administrar nuestras finanzas lo mejor posible para poderla pagar y no sufrir las consecuencias de intereses que podrían terminar ahogándonos en deudas que no sabemos cómo saldarlas.
Aunque sea una analogía bastante simple, creo que este ejemplo tristemente refleja lo que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos años, en los que pareciera ser que se les entregó una tarjeta “Platinum” sin límite de crédito para que gasten a su antojo y se endeuden sin control. El problema es que al final, quienes vamos a tener que pagar esas cuentas somos todos los guatemaltecos responsables que cada mes cumplimos con el pago de nuestros impuestos.
No estoy diciendo que la deuda sea mala. El financiamiento es una vía muy adecuada para crecer y mejorar, siempre y cuando sea es utilizada en actividades que tienen un retorno mayor al costo esos compromisos. De hecho, la Ley Orgánica del Presupuesto establece que se debe contraer deuda pública únicamente para financiar gastos para inversión, es decir, para financiar proyectos que mejoren la capacidad del Estado para construir infraestructura que permita proveer mejores servicios a los guatemaltecos. Los legisladores fueron prudentes al establecer los gastos recurrentes, es decir, los de funcionamiento, para que se financiaran con ingresos corrientes. Sin embargo, vemos que ahora el Estado se ha endeudado para pagar el gasto recurrente, lo cual no es sostenible a mediano plazo y será el legado para el próximo Gobierno, que tendrá que tomar medidas drásticas para resolver este desbalance en el presupuesto.
A la deuda anterior, debemos sumarle la llamada deuda flotante, cuya legalidad tiene un gran signo de interrogación, además de que nadie es capaz de dar el monto exacto de la misma. No hay duda de que esta deuda es una contingencia que va a incidir en el nivel del déficit fiscal, el cual puede llegar a niveles peligrosos para una economía como la guatemalteca, lo cual tendría efectos nocivos para todos los guatemaltecos.
Como sector privado hemos dicho en reiteradas ocasiones que estas políticas son nocivas y perjudiciales para la sanidad macroeconómica del país y seguiremos insistiendo, para que el Estado tenga un nivel de gasto acorde a la realidad económica, gasto que debe ser ejecutado con transparencia y eficiencia.
Finalmente, quiero hacer un llamado a la capacidad del Estado para pagar la deuda pública, teniendo en cuenta que cada año, por cada quetzal que recibe por concepto de tributos, debe destinar un porcentaje mayor para el pago del servicio de esa deuda. Lo anterior significa que igualmente se dispone de un porcentaje menor de esos recursos para atender adecuadamente otras necesidades prioritarias como la educación, seguridad y salud. Este es un problema que es responsabilidad de todos y debemos involucrarnos activamente para no tener que pagar los platos rotos a corto plazo. Es nuestro derecho demandar al Gobierno que haga un uso adecuado de nuestros impuestos ya que, en caso contrario, lo único que podemos esperar es mayor despilfarro, mayor endeudamiento y la agudización de los problemas que hoy estamos viviendo.
Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala