Por Sigfrido Lee
El tema de la violencia y la inseguridad es, probablemente, el principal reto de éste y los próximos Gobiernos.
Es obvio que la violencia ha tenido un gran impacto en todos los guatemaltecos. Después de la “firma de la paz” en 1996, creció la esperanza de una sociedad pacífica y desarrollada. Quince años después, miramos hacia atrás y esa promesa se encuentra todavía demasiado lejos. En 1999 ya se registraba una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para el 2009 íbamos por 48 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi el doble más. En este plazo de tiempo pasamos a ser uno de los países más violentos del mundo, no digamos de Latinoamérica; casi sólo comparables con países en guerra.
Sólo para visualizar de una mejor manera la dimensión del problema que tenemos, el promedio mundial de homicidios por cada 100 mil habitantes es de nueve y el promedio latinoamericano es de 25. Siempre hay países más violentos, por ejemplo Honduras tiene una tasa de 58 y El Salvador de 52. Sin embargo, esto no es consuelo, sólo nos ubica en la región más violenta del mundo.
Aunque no se pretende poner un valor en las vidas humanas que se han perdido durante los últimos años, se estima que la violencia ha tenido un alto costo para nuestro país. En términos de costos de seguridad, estos alcanzan 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); producción pérdida 1.5 por ciento; clima de inversión (inversiones pérdidas) 1.2 por ciento; y, daño emocional uno por ciento, entre otros costos. En total, se estima que la violencia representa pérdidas para la economía nacional de hasta 7.3 por ciento del total de la economía según PNUD. Esto equivale a una tercera parte de todo lo que exporta Guatemala e, incluso, es más de lo que aporta la banca y otros intermediarios financieros al PIB.
Con estas cifras no extraña que en la Encuesta Industrial, elaborada por Cámara de Industria de Guatemala, el principal problema identificado por los industriales en Guatemala sea la violencia y crimen, en general (el 14 por ciento de los encuestados señaló éste como uno de los principales problemas que incide en el desempeño de su empresa). En la misma encuesta se encuentra que el 80 por ciento de las empresas tiene que invertir en seguridad privada, algunas incluso llegan a invertir hasta el 1.5 por ciento de sus ventas.
El tema de la violencia y la inseguridad es probablemente el principal reto de éste y los próximos Gobiernos. Por un lado, la estructura institucional con la que contamos, entiéndase la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y las cárceles, prácticamente colapsó ante la dimensión del problema que tenemos. Es indispensable invertir más en todos ellos, pero no puede ser la única solución. Por ejemplo, mientras no se implementen programas efectivos para prevenir la violencia, el sistema de aplicación de justicia nunca va a alcanzar.
