El Convenio de Rotterdam es un acuerdo internacional que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente al monitorear el comercio de productos químicos y pesticidas peligrosos, asegurando que los países importadores estén plenamente informados sobre los riesgos asociados con estos productos antes de permitir su importación. Sin embargo, este convenio se encuentra en medio de un debate fundamental. A medida que avanzamos en el siglo XXI, surgen preguntas críticas sobre si está cumpliendo adecuadamente con su propósito original y si está teniendo en cuenta las preocupaciones de todas las partes involucradas.
Un enfoque unidimensional
Uno de los principales puntos de crítica hacia el Convenio de Rotterdam es su enfoque unidimensional en el análisis de riesgos relacionados con los productos químicos. El Convenio se enfoca principalmente en la identificación y listado de productos químicos que podrían representar un peligro para la salud y el medio ambiente, a menudo dejando de lado otros aspectos de igual importancia. Se ha observado que el Convenio tiende a evaluar, sobre todo, los riesgos asociados con estos productos desde una perspectiva toxicológica, sin llevar a cabo un análisis de riesgo integral, y sin considerar de forma adecuada sus beneficios y valores, especialmente en el contexto de la agricultura y la seguridad alimentaria.
El valor limitado del intercambio de información
Una característica destacada del Convenio de Rotterdam es el intercambio de información entre las partes, en relación con los productos químicos y pesticidas. Aunque esta iniciativa es valiosa, su efectividad ha sido cuestionada en la actualidad, puesto que, en la era actual, existen numerosas herramientas, recursos y avances tecnológicos que permiten a reguladores y partes interesadas acceder fácilmente a información detallada sobre productos químicos y pesticidas, incluyendo sus propiedades, beneficios y estado regulatorio en todo el mundo. Esto plantea la pregunta de si el intercambio de información proporcionado por el Convenio sigue siendo un valor agregado significativo en la toma de decisiones sobre productos químicos.
La seguridad alimentaria, los costos para los agricultores y el impacto en la sociedad son preocupaciones legítimas”.
Ignorando preocupaciones importantes
Una preocupación crítica que ha surgido en las recientes Conferencias de las Partes (COP) es que el Convenio de Rotterdam parece pasar por alto las preocupaciones reales de las partes involucradas. Muchas de ellas han expresado sus inquietudes sobre el impacto potencial de la inclusión de un producto químico en el Anexo III de la Convención. Estas preocupaciones abarcan desde la seguridad alimentaria hasta los costos para los agricultores, la agricultura local y la sociedad en general. Sin embargo, hasta el momento, el Convenio no ha abordado adecuadamente ninguna de estas preocupaciones en sus decisiones de inclusión.
¿Es hora de una reevaluación?
En vista de estas preocupaciones legítimas, se plantea una pregunta fundamental: ¿Es hora de una reevaluación del Convenio de Rotterdam? Aunque la Convención ha desempeñado un papel importante en la identificación y regulación de productos químicos peligrosos, es importante que se adapte a los desafíos cambiantes y considere una perspectiva más holística e integral en la toma de decisiones sobre la inclusión en sus anexos.
La introducción de un enfoque más completo que no solo evalúe los riesgos, sino que también los beneficios de los productos químicos y pesticidas, junto con la disponibilidad de alternativas efectivas y comercialmente viables, podría ser una dirección valiosa para la COP. Esto podría requerir enmiendas al texto de la Convención y una revisión de los criterios de inclusión delineados en los Anexos II y IV.
Mientras que el Convenio de Rotterdam ha sido importante en la protección del medio ambiente y la salud humana, es vital que evolucione para abordar adecuadamente las preocupaciones actuales y que considere una perspectiva más amplia en la toma de decisiones. La seguridad alimentaria, los costos para los agricultores y el impacto en la sociedad son preocupaciones legítimas que merecen una evaluación más profunda en el contexto de la Convención.
Por: Francisco Cárdenas | Director Estratégico de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas (GREMIAGRO)