Nuestras intermitentes crisis migratorias y políticas y el riesgo como corredor logístico del narcotráfico internacional nos ponen constantemente en el radar.
Colaboración especial: Edgar Villanueva / director ejecutivo
U.S.-Guatemala Business Council
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A menos de tres semanas para que se determine quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, el candidato demócrata, Joe Biden, aventaja en los resultados electorales al actual mandatario, Donald Trump. Aunque muchos anticipábamos una elección atípica, pocos imaginamos que fuera a ser tan controversial. Sin embargo, si el colegio electoral certifica la voluntad popular el próximo 14 de diciembre, a partir enero 2021, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente.
El próximo líder estadounidense no tiene una tarea fácil. Recibirá un país dividido y el reto de recuperar la economía en medio de una pandemia mundial. También deberá abordar preocupaciones ciudadanas y políticas que van desde las tensiones raciales hasta el manejo de las relaciones internacionales con otros poderes hegemónicos.
En la lucha por el liderazgo mundial, Guatemala, no está en una región prioritaria. Sin embargo, nuestras intermitentes crisis migratorias y políticas y el riesgo que generamos como corredor logístico del narcotráfico internacional nos ponen constantemente en el radar estadounidense. A pesar de los cambios de Gobierno, la política exterior de los Estados Unidos no ha variado mucho en los últimos 50 años por lo que podemos establecer que no dejará de estar interesado en reducir la migración irregular, en combatir el crimen organizado transnacional y a sus facilitadores, en promover el comercio bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) o en fortalecer la alianza política para evitar las influencias de otras potencias hegemónicas en la región.
Intereses estadounidenses en Guatemala
Podemos anticipar que habrá un cambio en el lente a través del cual se analice y priorice la agenda bilateral, del lente migratorio actual a uno de combate a la corrupción. Esto no implica que todos los esfuerzos bilaterales se reducirían a este tema, pero sí que alrededor de él se articulará la estrategia de gestión de los intereses estadounidenses en nuestro país.
En este marco, la propuesta para el futuro en la relación de EE. UU. y Guatemala es el Plan Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica. Este propone la asignación de un millardo de dólares anuales por cuatro años para apoyar a C.A. con el abordaje de las causas de la migración. Adicionalmente, el plan buscará “movilizar la inversión privada en la región, mejorar la seguridad y el estado de derecho, abordar la corrupción y priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.” Con esto en consideración, e integrando lecciones aprendidas con el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN), es pertinente plantear algunos temas para fortalecer la dinámica del futuro.
• Primero, es importante considerar que, entre atender la crisis generada por la COVID-19 y los impactos de los huracanes Eta e Iota, los Gobiernos tendrán recursos limitados. Sin embargo, hay elementos que podrían tener un impacto importante en el desarrollo de Guatemala y que solo requieren de voluntad política y coordinación para abordarlos, como la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial.
• Segundo, el sector empresarial debe jugar un papel importante en diseñar la estrategia para movilizar la inversión. Para tener mayor impacto, debemos enfocarnos en lugares donde exista infraestructura vial y eléctrica, conectividad de internet, fácil acceso a centros logísticos y con algún grado de estabilidad social y jurídica. Un plan coordinado puede transformar estos lugares en polos de desarrollo con más y mejores oportunidades económicas sostenibles para la mayor cantidad de personas.
• Tercero, debemos trabajar por mejorar la seguridad, fortalecer el Estado de Derecho para generar certeza jurídica y combatir la corrupción. Este trabajo conjunto se debe realizar bajo la premisa que eventualmente la ayuda externa terminará. Por lo tanto, debemos enfocarnos en desarrollar una estrategia medible que genere capacidades en las instituciones nacionales y que vincule la aplicación de la ley con la reducción de la discrecionalidad gubernamental para reducir los espacios que generan corrupción e impunidad.
Finalmente, es importante no descartar iniciativas que proveen herramientas financieras estratégicas como los créditos otorgados por el United States Development Finance Coporation (DFC).
La coyuntura electoral estadounidense nos abre un espacio de reflexión sobre el fortalecimiento de nuestra relación con Estados Unidos. Debemos tener claridad sobre nuestros objetivos nacionales en materia de seguridad, migración, comercio y combate al crimen organizado transnacional. Esta claridad nos ayudará a tener planes y estrategias de largo plazo que nos permitan trabajar con cualquier administración estadounidense en la consecución de nuestros objetivos compartidos.