Cámara de Industria de Guatemala
[miptheme_dropcap style=»normal» color=»#222222″ background=»»]N[/miptheme_dropcap]o me refiero al muro de Trump. Esta vez, el muro está adentro de Guatemala, impuesto, paradójicamente, por resoluciones judiciales que atentan contra la inversión productiva y la generación de empleo.
La Corte Suprema de Justicia levantó un muro (con los significados que esa palabra tiene ahora) para separar a más de 6,500 comunitarios de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, de los beneficios generados por las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, pero también para alejar al resto de la población guatemalteca de dos proyectos de generación de energía renovable que contribuyen a mejores precios de la electricidad.
A estas alturas resulta incompresible cómo la Corte invalidó su propio fallo de 2016 en que había rechazado un amparo interpuesto por personas que no tiene la representación de las comunidades, y por causas que en todo caso serían responsabilidad del Estado, no de los proyectos productivos, porque es el Estado el obligado a establecer los mecanismos de consulta, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Tampoco se tomó en cuenta los convenios previos realizados con los comunitarios de manera voluntaria y consensuada, razón suficiente para no dejarse sorprender y tomar decisiones que solo afectan la inversión, el empleo y el desarrollo del país. Ese desdén a la voluntad de los pobladores y democráticamente expresada, es un fallo contra el bienestar individual y colectivo de los pueblos.
¿Qué le diremos los guatemaltecos a los inversionistas interesados en venir a Guatemala? La primera condición para cualquier inversión es la certeza jurídica, la seguridad (en cualquiera de sus manifestaciones en los ámbitos gubernamental, legislativo y judicial) de que se respetan las leyes del país y no se erijan muros por causas espurias e ideológicas.
La decisión contra las hidroeléctricas puede ser objeto de muchos análisis, y seguramente tendrá repercusiones legales, pero ha evidenciado la necesidad urgente de que el Estado reglamente las consultas populares, según el Convenio 169, precisamente para impedir que más acciones contribuyan a seguir construyendo muros contra el desarrollo.
Por suerte todavía existe la esperanza de que se levanten banderas mucho más fuertes y coherentes con el bienestar, para ir derribando los muros que alimentan la intolerancia a las inversiones productivas, que son la única forma sostenible de generar empleo formal, y así desarrollarnos como país.
Precisamente son este tipo de muros a la empresarialidad los que obligan a nuestros connacionales a emigrar al Norte. Podemos evitarlos aquí, si tenemos el valor de no ceder a los pequeños grupos que siempre estarán en contra de la inversión y el empleo. Así de simple y claro.