Alexander Aizenstatd es, por orden de Juez, el interventor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) desde junio pasado. Ahora enfrenta el riesgo de que dicha compañía no empiece a operar, aspecto que es abordado en la siguiente entrevista, así como las consecuencias de ello y las repercusiones en la modernización aduanera y economía del país, entre otros temas de interés.
TCQ incurre en gastos como pago de deuda y mantenimiento y, sin embargo, no tiene ingresos. ¿Qué necesita para empezar a operar?
Los costos fijos son altos y la empresa no tiene ingresos; resulta lógico que si permanece esa situación en el tiempo lo que se aproxima es la insolvencia. En el corto plazo, para operar necesita el visto bueno de la Empresa Portuaria Quetzal y de la SAT. Las demás autorizaciones ya las ha obtenido durante la intervención, además se le ha llevado a capacidad operativa. Esto es en el corto plazo, a largo plazo ya serán los tribunales o el Congreso de la República quienes decidan lo que pasará con la terminal, no lo decido yo.
¿Está la Terminal de Contenedores en capacidad de operar?
En estos meses de intervención se han tomado las medidas que permiten declarar que la terminal se encuentra en capacidad de operar. Tiene profundidades operativas para buques mayores a los 14 metros. Además, cuenta con mejores y más modernas condiciones que cualquier otro puerto para contenedores en laregión. Las ventajas para
los usuarios son evidentes.
También es sabido que, si no empieza a generar ingresos, cada vez resultará más difícil pagar la deuda y mantener los activos. ¿Hay algún plazo “fatal”, por razones técnicas o legales, en el que si no ha empezado a operar el proyecto se perderá?
Se han tomado medidas financieras para aplazar esa situación, pero sin ingresos será inevitable. Tiene préstamos por más de 126 millones de dólares y ya no cuenta con fondos para hacer frente a esa deuda. Los fondos disponibles en caja permiten poner en operación la terminal en enero. Luego de ese plazo, sin ingresos externos, no se contará con fondos para operar.
Independientemente de los problemas legales, ¿cuán importante es este proyecto para la modernización aduanera?
Es un salto tecnológico enorme en el control aduanero que debería de replicarse en todos los depósitos aduaneros. Permite tener un inventario al día y garitas automatizadas. No existe depósito aduanero en el país con estas capacidades. No existen puertos con grúas similares en la región, lo que permite atraer barcos mucho más grandes. Los controles además buscan reducir la defraudación y el crimen organizado; es eso lo que me motiva en la intervención.
Y en términos más generales, ¿qué pierde el país si no se lograr echar a andar este proyecto?
Se pierde una oportunidad de contar con controles tecnológicos que permitan hacer más eficiente y transparente la gestión aduanera en el tema de puertos, y de atacar el crimen organizado. Para los empresarios se pierde la oportunidad de contar con un puerto eficiente con controles que permitan reducir las actividades ilícitas que ahí pueden desarrollarse.
¿Qué tanta cercanía guarda usted con los accionistas del proyecto?
Como interventor tengo una obligación legal de mantener una relación de trabajo; ellos, obviamente, no desean la intervención y la apelaron. Han colaborado conmigo, pero más allá de eso no tengo ni tendría una relación de trabajo en el futuro con los accionistas, pues representaría un conflicto de intereses.
¿Qué representa para usted el evidente respaldo que ha recibido del MP y de la CICIG desde que ellos mismos fueron quienes lo presentaron en conferencia de prensa para su nombramiento?
Yo acepté el nombramiento por la independencia que tenía haber sido nombrado por un Juez. Únicamente respondo a él y no dependo de ninguna otra dependencia del Estado. El respaldo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha sido clave en un tema tan complicado como el puerto. Aun así, me mantengo independiente. Así como ellos me han apoyado al aceptar ser interventor, yo los respaldo en su intento por luchar contra la impunidad en Guatemala.
¿Qué acciones espera del sector industrial de Guatemala respecto a este tema y su crítica situación actual?
Ahora que conozco más a fondo el tema de puertos me parece muy lamentable las condiciones en que se encuentran los puertos. Es evidente que estamos muy atrasados en temas de infraestructura, transparencia y control. Si tuviera una empresa que necesita importar o exportar por medio de los puertos y estuviera expuesto a la ineficiencia y corrupción, vería este tema como indispensable. Creo que algo importante del proyecto es que evidenció las malas condiciones de los puertos. Basta ver las grúas nuevas y compararlas con las de los otros puertos para darse cuenta de ello.
Yo me dedico únicamente a mi práctica profesional en derecho, pero si tuviera una empresa que estuviera expuesta a la ineficiencia y corrupción que existe en puertos, vería la necesidad de modernizarlos y establecer sistemas de control como algo indispensable. Para ello comunicaría al público y a las autoridades de manera individual o gremial la apremiante necesidad de implementar tecnología como la que se encuentra en este puerto, en todos los demás.