“La vigilancia y la auditoria deben ser constantes”
Fernando López Fernández, expresidente de Cámara de Industria de Guatemala y Director ex Oficio de la Junta Directiva, examina y aporta argumentos convincentes sobre las circunstancias que rodean los casos anticorrupción.
Siguen las capturas contra supuestamente involucrados en ilícitos cometidos en el gobierno anterior. ¿Realmente se manda un mensaje contundente contra la corrupción?
Creo que el mensaje se está mandando, pero debe consolidarse con una justicia pronta y segura dentro del respeto al debido proceso, con pruebas sólidas y sentencias consecuentes,que permitan recuperar la confianza en el sistema de Justicia. Es importante hacer notar que el fenómeno de la corrupción no comenzó con el gobierno anterior ni terminó allí. Los procesos debieran considerar casos anteriores y vigentes a fin de que ese mensaje sea contundente.
Independientemente de los procesos actuales, ¿qué deben hacer los organismos del Estado para contrarrestar, de fondo, la corrupción en las instituciones?
Todos los procesos de compras y adquisiciones deben ser claros, públicos y transparentes. Es necesario establecer sistemas de control que estén sujetos realmente al libre acceso a la información y que puedan ser auditados por la población en general. Cada ministerio o institución debe demostrar la adecuación entre los recursos que el presupuesto le asigna, y el resultado de su acción, las metas a conseguir y el uso eficiente de esos fondos tanto en número de plazas a su cargo y su respectiva remuneración, como en el gasto e inversión que lleve a cabo. La vigilancia y la auditoria deben ser constantes.
Y en ese sentido, ¿qué le corresponde hacer a la sociedad, incluyendo al Sector Privado?
En el caso del Sector Privado, el mantener una actitud crítica y una vigilancia constante no sólo con el gobierno sino con los mal llamados empresarios que son la otra cara dela moneda de la corrupción. Digo mal llamados porque la verdades que más que el concepto de empresario, que implica el afán de emprendimiento y la disposición a asumir riesgos en la búsqueda de satisfacer necesidades de los consumidores o clientes sin uso indebido de privilegios, los corruptos no son sino negociantes sin principios ni valores que pasan por encima de la Ley y de las personas en la búsqueda de un enriquecimiento indebido, ya sea a través de negocios ilícitos o de evasión fiscal.
En cualquier caso, esa actitud y vigilancia pasa por denunciar sin falta y con valentía, todos aquellos casos donde haya evidencia de corrupción y en ir estableciendo y consolidando códigos de ética sólidos a todo nivel. Es claro que esto no es garantía y que quien quiera delinquir buscará hacerlo, pero hay que hacerles las cosas cada vez más difíciles. Hay que colaborar en diseñar procesos y sistemas que, como decía antes, sean transparentes, fáciles de controlar, sencillos de entender y aplicar, y de información accesible a todos.
La sociedad, por su parte, debe mantener ese espíritu con el que ha protestado y exigido durante este último año, que se dé un cambio en la forma de manejar la cosa pública, y debe participar activamente en la auditoria de las acciones del gobierno. Debe también estar dispuesta a participar de manera activa en política, pues, de lo contrario, se deja el Estado en manos de quienes han demostrado poca preocupación por el bien común. No es cierto que todos los políticos actuales sean malos, pero sí lo es que hay demasiados que dejan mucho que desear.
La poca confianza en el Sector Público disminuye con cada caso denunciado. ¿Se empezará a recuperar o a crear la confianza con solo las capturas o es necesario una justicia pronta y cumplida, con el debido proceso?
Ya lo mencionaba en la primera respuesta, pero hay que hacer ver que una justicia pronta y cumplida, con el debido proceso, va a contribuir a mejorar la confianza en el Sector Justicia, pero no necesariamente en todo el Sector Público. La confianza en el resto de los organismos del Estado dependerá de su accionar futuro y ese es el reto que tienen los funcionarios actuales. Lo que también es claro es que un país que no tenga confianza en sus instituciones, que no ofrezca un Estado de Derecho con garantías a todos sus ciudadanos, y que no cumpla adecuadamente con la función estatal, difícilmente generará las condiciones necesarias para el desarrollo económico de sus habitantes a partir de la inversión y la generación de empleo.