En mayo, venció el plazo para que las Empresas de Seguridad Privada del país actualizaran la licencia de operación.
En la actualidad hay 62 empresas registradas para prestar ese servicio de 153 que funcionan en el país, indicó Issya Gutiérrez, de Comunicación de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada –DIGESSP-.
Además, laboran un aproximado de 45 mil guardias, que en su mayoría cuentan con arma de fuego para el desarrollo de su labor. Generalmente usan revólver calibre 0.38, pistolas 9 mm y escopetas calibre 12 Gauge y equipo defensivo no letal que incluye grilletes, batón, chalecos blindados, escudos con viseras, escudos y protectores flexibles o duros para distintas partes vulnerables del cuerpo, según detalla el manual realizado por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –IEPADES-.
Gutiérrez asegura que se encuentran listos para notificar a las empresas que no sacaron su licencia. “Tienen un plazo de 8 días hábiles para adecuarse a lo que indica la ley”, señaló. Sin embargo, si no cumplen con lo estipulado serán canceladas, según indica el Decreto 52-2010 que las regula.
Las funciones de la Digessp son tener el control y supervisar a los prestadores de servicio de seguridad privada; exigir las normas y procedimientos legales para la adecuada prestación de ese servicio. Además, velar por que se mantengan niveles de eficiencia técnica, profesional y administrativa para atender sus obligaciones, ser el vínculo entre investigadores privados e imponer las sanciones administrativas y pecuniarias correspondientes.
Otro elemento que le compete a la entidad adscrita al Ministerio de Gobernación es la capacitación, la cual consiste en definir y autorizar los contenidos de los programas de formación de los agentes, personal administrativo y operativo. Durante la más reciente actividad se incluyó pruebas psicométricas y teóricas a los aspirantes a una certificación de la empresa Seguridad Particular Elite, SA.
A la fecha se han certificado por la Digessp, 6 mil guardias. Según la disposición consiste en que las empresas legales puedan demostrar con una copia de la planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS-, contrato vigente, antecedentes policiacos, certificado de estudios y la representación legal de cada entidad. Con ello se emite la declaración jurada indicando que los vigilantes tienen conocimiento pleno del pensum de estudios desarrollado por esa dirección.
Llaman a verificar su legalidad
Al momento de una contratación de seguridad privada, fundamentado en el Artículo 17 de la normativa que le rige, Patricia Monge, directora de la Digessp, indica que las empresas prestadoras de servicios deberán contratar a su personal con relación de dependencia, debiendo otorgar las prestaciones laborales que garantizan la Constitución Política de la República y las leyes laborales respectivas.
Según el decreto vigente, los agentes pueden ser de varios tipos: vigilantes, que son personas debidamente identificados para sitios, sin el uso de armas de fuego; agentes, certificados para brindar vigilancia y protección, portan equipo de defensa y armas de fuego aprobadas; agentes de propiedad rústica, quienes ejercen vigilancia y protección de la propiedad, exclusivamente dentro de los linderos y podrán portar equipo de defensa, las armas de fuego de uso civil o deportivas autorizadas.
También están los escoltas privados, que son las personas individuales o trabajadores de empresas certificadas para brindar vigilancia, protección y custodia de personas, con equipo de defensa o armas de fuego autorizadas. Y los Investigadores privados, que son personas capacitadas para prestar servicios de carácter estrictamente privado. No pueden invadir el ámbito de acción del Ministerio Público y de las instituciones encargadas, así como otras instituciones de inteligencia del Estado.
Contexto internacional
Según un reporte de la Agencia de Noticias AP, titulado “Vigilancia privada en América Latina”, casi 4 millones de guardias de seguridad privada trabajan en la región, “llenando el vacío de las fuerzas policías”. La industria atrae no solo hombres. Las mujeres han tendido un espacio significativo, que cada vez se expande más.
El reporte aseguró, en el 2012, que este segmento prevé que en próximos años, podría valer unos $17 mil millones en toda la región, más de la totalidad de las economías de Panamá, Costa Rica y Uruguay.
“La relación de guardias privados a los agentes de policía en América Latina es mucho mayor que el promedio mundial de 2 a 1. En Brasil, es de 4 a 1; en Guatemala de 5 a 1; y en Honduras, cerca de 7 a 1”, señala el informe.