Cámara de Industria manifiesta que estará atenta al seguimiento de las investigaciones y se une a la petición de que renuncie la Vicepresidenta de la República.
El cumplimiento de las leyes en el país, es la principal razón que mantiene atentos y respetuosos a los empresarios aglutinados en la Cámara de Industria de Guatemala –CIG- y en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif-.
Jorge Briz Abularach, presidente de Cacif, hizo la petición pública al Organismo Ejecutivo que tome la iniciativa de investigar, “con medidas concretas y resultados efectos en el corto plazo”, todas aquellas estructuras de corrupción que se han señalado que existen en distintos ámbitos de la administración pública.
Además, requirió la presentación “inmediata” de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que han sido sujetos de señalamientos de corrupción.
Fernando López, presidente de CIG, se unió a la petición y dijo a medios de Prensa que “velaremos por la aplicación pronta y cumplida de la Ley, independientemente de las empresas implicadas”, explicó.
Mensaje malintencionado
En un comunicado de prensa, CIG aclaró que “está circulando en redes sociales un mensaje irresponsable y mal intencionado, el cual menciona una lista de empresas señaladas de ser parte de la estructura”. Sin embargo, las autoridades competentes no han publicado “ninguna lista oficial acerca de empresas ligadas a esta estructura, por lo que ese mensaje es falso”, enfatiza el escrito.
Cacif también indicó que en un comunicado que se han realizado una serie de señalamientos y denuncias de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
“Estos señalamientos han alcanzado áreas de gran sensibilidad como lo es salud y medicinas, compras de gobierno, manejo de puertos, construcción y obras públicas, entre otros”, indicó.
Estos casos, por la responsabilidad del mismo ejercicio ético de la función pública, y dadas las reiteradas demandas públicas de la sociedad civil por transparencia, deben ser atendidos, investigados y judicializados en caso de determinarse la comisión de actos delictivos, añadió.
Piden renuncia
En un pronunciamiento conjunto, el Cacif pidió la renuncia de la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, para permitir una investigación judicial más transparente y sin obstáculos políticos.
Antecedentes del caso
El 16 de abril reciente, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –Cicig- anunciaron la captura de 20 personas sindicadas de pertenecer a una estructura de corrupción en las aduanas del país.
Entre las personas señaladas se encuentran altas autoridades y empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, personas particulares y el prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de la Vicepresidencia de la República.
Entre los sindicados se encuentra Omar Franco, que en el momento ostentaba el cargo de Superintendente de la SAT. Además, Carlos Muñoz, ex jefe de la entidad recaudadora. La red interna estaría conformada por Sebastián Herrera, jefe de recursos Humanos; Antonhy Segura, secretario del sindicato; Karla Mireya Herrera, administradora de aduana central: Gustavo Morales, jefe de división región sur; Melvin Alvarado, administrador y Rolando Gil.
Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal denominada “La Línea”, fue investigada desde mayo de 2014 y por eso cuentan con más de 6 mil correos electrónicos y 66 mil grabaciones de conversaciones telefónicas. La hipótesis inicial era de una red de tramitadores aduaneros.