Ahora que la campaña política es oficial, debido a que el Tribunal Supremo Electoral –TSE- hizo pública la convocatoria a elecciones 2015, se hace aún más necesario y urgente conocer el plan de gobierno de cada partido político y de los candidatos a cargos de elección popular.
El sector empresarial también tiene sus preocupaciones y algunas de ellas las recogió Revista Industria en este reportaje. Como afirma el refrán, las palabras se las lleva el viento, y ese es el temor y la principal crítica de algunos industriales entrevistados en relación con el plan de gobierno de los candidatos.
Ricardo Gharzouzi, director de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala –CIG- , demanda conocer los “puntos importantes y claves” de los planes de gobierno, pero deben ser acciones concretas a seguir y “no solo palabras” de cada candidato que se perfila, enfatizó.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-, en el artículo 22, concerniente a las obligaciones de los partidos políticos, señala que deben “propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos” para promover el análisis de los problemas nacionales, lo cual se debe reflejar en los planes de gobierno.
Sin embargo, la ley no obliga a contar con un plan de gobierno, explica Hugo Maúl Figueroa, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral. “Lo que sí debe figurar en la Ley es un plan que llene requisitos, porque hoy en día el plan sintetiza promesas imposibles de cumplir y la mayoría de casos no se dice cómo y con qué se cumplirán esas metas”, señaló.
Jorge Mario Monzón, presidente de Gremial de Arrendadores de Maquinaria y Equipo, agrega que además de ser planes concretos y medibles, deben ser “alcanzables en todas las áreas que dirige el gobierno”. Planteamientos que incluyan “inversión pública, salud, educación y combate a la delincuencia”, así como una reforma a la Constitución Política de la República, solicitó.
“La estrategia”, es otro elemento infaltable dentro de las planificaciones de gobierno, que la Real Academia de la Lengua Española define como “conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”, y que para Ivan Martínez, presidente de la Gremial de Empresas de subcontratación de Talento Humano, debe seguir un político al momento de ejercer gobierno“ para alcanzar las promesas que realizan durante la campaña”.
Para Andrés Castillo, ex presidente de Cámara de Industria de Guatemala, son pocos o ningún gobierno el que ha seguido al pie de la letra su plan al llegar a la administración pública. “No creo en esos planes”, opina, y agrega que es preferible que se identifiquen los principales problemas y se unan los diferentes sectores para buscar una ruta de atención.
Desarrollo económico, imprescindible
El desarrollo económico debería ser prioridad en los planes de gobierno y es una constante que mencionan los entrevistados. Gerardo Valenzuela, presidente de la Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Productos Químicos Industriales, dice que es importante conocer las medidas para continuar con el crecimiento económico y motivar la expansión.
Las propuestas deben ser bien definidas, subraya, al referirse a “motivar la inversión nacional y extranjera, disminuir la economía informal, actualizar temas de regulación aduanera y promover la industrialización del país, entre otras”.
A Gharzouzi también le gustaría la inclusión de “una forma viable de atraer inversión y crear empleo”, pese a que el panorama nacional es poco alentador, pues la propuesta de Ley de Inversión y Empleo es más un tema de propaganda electoral para algunos contendientes, cuando debe ser seria y coherente con la realidad.
A opinión de Mireya Archila, Presidenta de la Gremial de Empresas de Productos y Servicios Ambientales, lo necesario es una “política de sostenibilidad”, la cual permita compatibilizar planes de desarrollo económico y protección ambiental.
Es necesario “consolidar las iniciativas de desarrollo sostenible para el país, donde se promuevan planes y programas de crecimiento económico a través de la educación, ordenamiento territorial y reducción de contaminación”, enfatizó.
Juan Carlos Tefel, director de la Junta Directiva de CIG, se enfoca más en un plan “serio para el combate a la corrupción dentro del Estado” y la reducción de la deuda pública. En lo que coincide Enrique Font, presidente de la Gremial de Avicultores, al indicar que se debe incluir “cómo afrontar un sistema corrompido y copado”.
El saneamiento del Estado es un enfoque en el que coinciden varios de los entrevistados. “Combate a la corrupción en todas las instituciones”, aporta Valenzuela, debido a que en la actualidad las denuncias de corrupción han escandalizado a la población.
¿Y el equipo de gobierno?
Otto Becker, Tesorero de Junta Directiva de CIG, dice que no puede faltar la forma de “optimización de recursos disponibles al hacer gobierno”. Agrega que la trayectoria de los equipos es otro elemento fundamental, y que “el resto son ofrecimientos que muchas veces no cumplen”. Sin embargo, el elemento humano que conformará gobierno “denota un genuino interés y capacidad en resolver problemas y construir sistemas e instituciones útiles y eficientes”, subrayó.
Archila propone una “carrera burocrática”, para que en mediano y largo plazo conforme una plataforma institucional que evite la corrupción, el tráfico de influencias y otros males que asechan al sector público. “En cada cambio de gobierno se cambie únicamente al presidente, vicepresidente, ministros y secretarios, y que jerárquicamente se respeten los otros cargos para instituir la carrera burocrática”.
Empero, “iniciar un cambio de país”, sería, al menos, un buen comienzo, según Martínez. Para lo cual no se debe olvidar disminuir la violencia y aumentar planes para fortalecer la educación, señaló.
El perfil del candidato
La problemática de la realidad nacional no es un secreto para nadie. La ciudadanía y el sector empresarial organizado también demanda políticos honestos y personas que respeten la ley. Becker se refiere a la importancia de que los candidatos se comprometan a fortalecer el respeto a las normas, “dar certeza a la inversión y viabilidad económica a las actividades productivas, derivado de las medidas que tomen”, opinó.
Para Font y Valenzuela, la “capacidad de negociación” es un rasgo importante que deben poseer los contendientes, debido al alto grado de conflictividad que deben resolver y que se ha incrementado en los últimos años a nivel nacional, repercutiendo en paralización o pérdidas de inversión.
El liderazgo es otro componente para quien gobierne la Nación, según Martínez, “para guiar un equipo que responda a las necesidades del pueblo” y velar por el respeto a las leyes. El perfil y “trayectoria impecable” de su pasado, son otras demandas de un candidato aceptable, complementa Gharzouzi.
Esperan más del TSE
El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, según el artículo 121 de la LEPP: “es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado”.
Sin embargo, hay expectativa de cómo se realizará el proceso y las votaciones. Los magistrados titulares son Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Julio René Solórzano, Mario Aguilar y María Eugenia Mijangos. Los suplentes son José Aquiles Linares, Óscar Emilio Sequén, Augusto Eleazar López, Estuardo Gamalero y Ana Elly López.
Según Martínez, se espera que los magistrados sean imparciales de acuerdo a “valores intrínsecos de cada persona”.
Gharzouzi dice que la integridad y autonomía son elementos que no pueden faltar para la magistratura electoral. Becker y Font coinciden en que se debe mantener y aplicar con firmeza la autoridad que la Ley les confiere.
“Esto va desde que las elecciones se lleven a cabo con normalidad a que los candidatos cumplan con todos los requisitos que manda la ley”, señaló Tefel, quien también se suma a la petición de un tribunal honorable.
Archila también opinó al respecto, indicando que espera que “garanticen elecciones limpias, resultados rápidos y confiables”.
Desencanto de políticos
“Desafortunadamente no hemos visto mucha diferencia entre un candidato y otro”, dice Tefel al preguntársele sobre el perfil ideal de los políticos. “Espero mucho demagogia y poca propuesta seria”, señaló, al describir a personas poco preparadas con la intención de enriquecerse ilícitamente.
“El ámbito político está totalmente desprestigiado”, aseguró Monzón, al ver el mosaico de figuras que se han mencionado en el contexto nacional, pero pocas se han conocido a profundidad. Valenzuela invita a mantener una actitud participativa, pues “una actitud negativa o no participativa”, perjudicará el proceso electoral. “El ciudadano con más preparación debe ilustrar de forma objetiva las alternativas políticas en su círculo de influencia”, opina.
Para Archila, es lamentable debido a que “las opciones de candidatos no ayudan, al contrario desmotivan”, pero enfatiza el derecho y la obligación ciudadana de votar. “Va estar difícil la decisión”, dijo.
Sin embargo, se trata de un problema de personas que han perdido los valores, opina Castillo: “La poca aplicación de la Ley, y que no haya certeza de castigo se debe a que las personas han perdido sus principios”.
Guatemala no es un país pobre, es un país saqueado
Eso ha ocurrido por décadas, y hoy “es un país desahuciado”, dice Mireya Archila, presidenta de Gremial de Empresas de Productos y Servicios Ambientales, quien espera una gestión de gobierno equilibrada, digna, transparente y honrada. La clase política debe promover esa integración, cambiando de raíz los esquemas actuales y regresándole el prestigio perdido y la sociedad civil debe ser vigilante en los procesos democráticos, participativos y críticos, puntualizó.
Coinciden los entrevistados en que la sociedad civil debe involucrarse teniendo información de los candidatos y votar a conciencia.“Deben manifestar ilegalidades y las inconformidades”, dijo Gharzouzi.
Sin embargo, los ciudadanos pueden contribuir a que el proceso se realice sin vicios. Para Becker, “es importante que nadie se preste a facilitar acciones o actividades que impidan al TSE desarrollar su actividad de forma sana”.
El artículo 223 de la LEPP se refiere a la fiscalización del proceso, el cual se llevará a cabo por los “órganos electorales y por las organizaciones políticas que participen”. Sin embargo, Figueroa diferencia ese acompañamiento brindado por la sociedad civil “como fundamental para que funcionen las elecciones y que los resultados sean aceptados”.
Valenzuela indica que el papel fiscalizador, “es un apoyo del proceso para velar por transparencia”. Tefel complementa indicando que la sociedad civil “es un contrapeso político”, el cual no puede hacer falta.
¿Hay que votar?
Castillo resalta que un gran segmento de la población dice que no acudirá a emitir su sufragio, para mostrar su rechazo. Sin embargo, lo considera un error, “porque no tendría ningún efecto en el resultado y no es positivo para Guatemala”.
Para Figueroa se avizora un alto grado de abstencionismo. “Es válido que la gente piense en otras opciones, puede ocurrir un antivoto, en relación a las tres corrientes más fuertes”, comentó.
Medios de comunicación
No se puede obviar que los medios de comunicación también son un fuerte vehículo y de importancia, durante el proceso de campaña, por lo que empresarios dieron su punto de vista acerca del papel que deben jugar. Becker dice que “deben ayudar a construir una conciencia cívica y respaldar el mensaje del TSE”.
Valenzuela considera que además de informar también deben tomar un papel educador sobre cómo tomar la decisión del voto, “impulsar campañas para promover la participación ciudadana y evitar caer en amarillismo o campaña negra”, dijo.
Otro elemento es mantener la libre expresión, señala Archila, “promoviendo la participación”.
Recomendaciones
“Se deberían de hacer dos elecciones, una para presidente y vicepresidente así como alcaldes. Dos años después, para diputados. Y que se vote por el diputado no por el partido”.
Ricardo Gharzouzi
“Los métodos para realizar las elecciones deben ser más tecnológicos, para que sea más rápido conocer los resultados.”
Ivan Martínez
“Tiene que haber más transparencia en el uso de los fondos de los partidos políticos”.
Juan Carlos Tefel
“Cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para tener menos partidos políticos con propuestas e ideologías más definidas”.
Gerardo Valenzuela
“Modernizar el proceso para tener menos errores humanos como el voto, conteo y tabulación”.
Mireya Archila
“Un consenso nacional, un foro que otros países han realizado y ha funcionado, como el caso de Colombia”.
Andrés Castillo
“Que los candidatos se comprometan a dar certeza a la inversión y viabilidad económica a las actividades productivas”.
Otto Becker
