Javier Zepeda
Director Ejecutivo
Cámara de Industria de Guatemala
Inició mayo en medio de dos sucesos que resultarán determinantes en la historia del país. Primero, la insufrible corrupción develada recientemente en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y que por cierto nos ha venido asolando desde hace mucho tiempo y, segundo, el inicio “oficial” del proceso de elecciones generales. El entrecomillado es porque, como sabemos todos, la propaganda política hace rato empezó.
En torno al caso de corrupción en la SAT, mucha tinta se ha utilizado en las últimas semanas y seguramente seguirá destilándose, mientras haya ciudadanos que protesten por ello y las investigaciones continúen. No obstante, conviene señalar cuál es el camino que nuestro sistema democrático prevé para resolver estos casos y que se impongan, sin excepción, todas las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Es comprensible que muchos guatemaltecos protesten en la Plaza de la Constitución, pero no pasará nada si el Sistema de Justicia no funciona. Es el Ministerio Público, con el auxilio de la CICIG, el que tiene en sus manos la potestad de pedir las capturas y presentar todas las pruebas para enjuiciar a los responsables. Y son los jueces que conocen este caso los que valoran los medios de prueba presentados y los que impondrán los castigos.
Pensar que la depuración de los supuestos responsables vendrá únicamente con acciones políticas, es aceptar que el Ministerio Público y que la propia CICIG están supeditados solo a factores políticos. Y pensar que la administración pública se depurará a sí misma, es no darle el beneficio de la duda a los operadores de justicia que tienen la obligación de solicitar e imponer sanciones ejemplares a los corruptos.
La solución pasa, ante todo, por la estricta superación entre gobierno y el sistema de justicia, y que este sea lo suficientemente imparcial e independiente para llegar hasta las últimas consecuencias. Y mientras esto ocurre, esperando que sea más pronto que tarde, no podemos pasar por alto la imperiosa necesidad de aprovechar la oportunidad para que las aduanas en el país empiecen a funcionar correctamente, evitando la discrecionalidad de los funcionarios y la ineficiencia de los procedimientos, tal y como lo hemos venido denunciando desde hace varios años.
Toca exigir que la corrupción se arranque de raíz, pero también que los ciudadanos no permitamos con nuestro voto favorecer a políticos propensos a la opacidad y a la corrupción. Debemos tener la sabiduría, y la información correcta, para no darle el poder político a quienes pueden traicionar los valores de transparencia y honestidad en el ejercicio de un cargo público.
Es por eso que Cámara de Industria de Guatemala hará lo suyo para promover el voto consciente y responsable, creando espacios para que el ciudadano exija y conozca no solo los programas de gobierno sino la trayectoria de quienes aspiran a cargos públicos. También es importante apoyar al Tribunal Supremo Electoral para que logre dirigir un proceso electoral con todas las garantías de la Ley, y que tenga los recursos y la capacidad para hacer valer la decisión de la mayoría de votantes.
En definitiva, nuestro futuro depende del fortalecimiento de un sistema democrático que permite, por un lado, castigar a quienes infringen las leyes del país sin importar su cargo y, por otro, alternar el poder político mediante elecciones libres.
Ambas circunstancias son elementos fundamentales del Estado de Derecho que defendemos en Cámara de Industria, no por una cuestión meramente filosófica, sino porque presupone la existencia de un régimen democrático que hace valer el imperio de la Ley, pero también el respeto a nuestros derechos individuales, como elegir y ser electos.