No hay día, desafortunadamente, en el que no exista una noticia –o varias– que terminen por incidir en el ánimo de los ciudadanos preocupados por este país. Pareciera que cada vez el norte se desvía más del punto donde debía verse y que las cosas no tienen mucha solución, a pesar de promesas políticas y esperanzas casi agotadas.
PEDRO TRUJILLO
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Algunos hechos tienen una trascendencia mayor que otros. Se ha visto el interés por mantenerse en la presidencia del IGSS de alguien que ya había superado con creces el mandato inicial para el que fue nombrado, sin que se cuestione el porqué no se sanciona al Presidente que debió de relevarlo hace años (Álvaro Colom) quien incumplió sus deberes. Sumado a lo anterior la aparición de videos tibios y de bajeza moral inimaginable, además de la lucha por impedir la toma de posesión del nuevo presidente y cómo se llevó a cabo el relevo, indica que se ha perdido todo respeto al cumplimiento de la ley pero que, además, lo que preocupa es la forma y no el fondo: Su cumplimiento.
La absolución, por segunda vez, en apelación del expresidente Portillo también evidencia el podrido sistema judicial que hay en el país. Cuando fue absuelto en mayo de 2011 por dos de las tres juezas del tribunal, se levantaron voces gritando y señalando el proceso de corrupto, amañado y hasta la inmune CICIG acusó en su prepotente y sesgado informe “Los jueces de la impunidad” a ambas magistradas, denunciándolas públicamente por no haber admitido las pruebas que presentaron y que llevaron a la primera absolución.
Lo que está ocurriendo es que en lugar de cuestionarnos la manipulación en la investigación y el interés del MP/CICIG por lograr una extradición rápida, además de una malísima investigación, la prensa y la ciudadanía pone la mira en sacar del país a Portillo, a como de lugar.
Un tercer caso que merece la pena abordar es el de las denuncias en un medio escrito contra la Vicepresidenta. Ni acuso ni defiendo, pero la gravedad de los hechos amerita no una publicación, sino una demanda judicial, por una o por la otra. No se puede permitir acusaciones tan graves sin que exista el correspondiente proceso judicial que aclare las cosas. De lo contrario, dirimir los temas judiciales en medios de comunicación únicamente lleva a tomar postura sobre ellos de forma premeditada pero sin decisión final de un tribunal. Es, similar, a las acusaciones que se hacen sobre la concesión de una parte del puerto a una empresa internacional. Sin que existan evidencias, pruebas ni sentencias, incluso diputados se dedican a descalificar la forma en que se ha hecho, las coimas que se han dado y otras cuestiones que lejos de ser demostradas, quedan en el aire como acusaciones generales que nadie investiga y que permiten crear una imagen interesada. Es exactamente lo que ocurre con los asesinatos. La impunidad se transforma en incremento de crímenes. En este caso, la denuncia fácil y mediática se transforma en rumores que terminan por ser aceptados sin discusión por el ciudadano desinformado y tienen impacto y trascendencia en la política y en la gobernanza del país.
En resumen, el Estado de Derecho, siquiera en su versión “borrador 1”, está muy lejos de alcanzarse en este momento. La ley general y abstracta y el cumplimiento de la misma por todos los ciudadanos, es algo que se obvia con pasmosa y tranquila habitualidad y genera un espacio virtual, como una nube, donde se debate, analiza, posiciona y condena cualquier asunto público o privado. Si le agregamos a ello que el MP/CICIG colabora por ineficiencia investigadora, inutilidad manifiesta o interés personal en esta desacreditación, lo que estamos, además de politizar la justicia, es creando un ambiente denigrante que cada vez se convierte en generador de más impunidad y en desincentivador de valores y principios. Hay muchas maneras de hundirse hasta el fondo como país. Esta, sin duda, es una de ellas y quizá la más rápida y eficaz.