Para reducir la violencia y generar oportunidades para los jóvenes es urgente que los municipios más violentos (en 20 municipios de los 334, ocurre el 50% del total de homicidios) sean atendidos con acciones concretas de prevención y control.
POR NÉSTOR LÓPEZ
Investigador del Área Seguridad Ciudadana -CIEN-
Salir a caminar sin preocupación, permitir que sus hijos jueguen o paseen en bicicleta por las calles, ir a comerse un helado en familia y disfrutar del ambiente, o viajar en bus sin temor a ser asaltado, son acciones, algunas ya vedadas, en el tiempo actual. Hasta salir de un banco provoca inquietud.
El 2009 fue el año más violento en la historia de Guatemala debido a la cantidad de homicidios reportados. Aunque las cifras de homicidios han disminuido en los últimos años, la inseguridad sigue siendo un angustioso tema en el sentir de los guatemaltecos.
El robo, los secuestros, extorsiones o asesinatos, no sólo representan la afectación directa de la víctima y su entorno, sino involucra un contexto relacional más amplio. Es decir, se desata un desarrollo lógico de consecuencias, tanto emocionales (psicológicas) como materiales (financieras). Respecto a lo segundo, el robo de una billetera o de un celular conlleva las denuncias respectivas (tiempo), compra de otro celular (gasto), pago de trámites por la documentación desaparecida, pérdida de oportunidad de invertir o adquirir algún bien. Esto se puede multiplicar por “n” veces y el resultado es que el país pierde, pues la víctima deja de comprar y el posible vendedor deja de venderle. Además, se pone dinero en circulación sin respaldo productivo (el robado).
Según el Banco Mundial, la violencia tiene costos directos sobre la actividad económica. Para el 2006, los costos de la violencia representaban el 7.7% de la producción nacional. Estos costos están asociados a pérdidas directas en la producción, mayores gastos en servicios de salud, costos de combatir la criminalidad, gastos en seguridad privada y otros costos materiales.
Es urgente poner en práctica acciones de prevención
El mejor de los planes en cualquier temática no sirve si no se echa a andar. Tampoco sirve de mucho iniciar una implementación de acciones sin un norte específico, sin rumbo, sin estrategia. Luego de pasar más de tres décadas en guerra y casi otras dos en proceso de paz (pero en constante conflictividad), fue hasta 2012 que se promulgó la primera Política Nacional de Seguridad. Asimismo, se diseñó el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, documentos que abordan, en parte, medidas para contrarrestar la inseguridad (sin detalles), pero proponen, principalmente, acciones reactivas y de represión, que históricamente se ha demostrado que no son la mejor solución.
Si bien, desde 2005 existe una Política de Prevención de la Violencia Juvenil, lamentablemente no ha tenido el seguimiento adecuado. No obstante, la renovación de la Política de Prevención dirigida a los jóvenes por parte del Ministerio de Gobernación, por medio del Viceministerio de Apoyo Comunitario y de Seguridad Ciudadana en 2012, fue un buen paso, pero aún está pendiente su ratificación, publicación y puesta en marcha.
Pese a estos esfuerzos normativos, a los mismos podrían pronosticárseles escasos resultados si no se toma en consideración (claro, aparte de su implementación) la prevención como primer paso fundamental. La inseguridad es creada y resultado de un proceso. Surge de diversos factores que ponen en riesgo a la población en general, pero afecta en particular a los más vulnerables; los adolescentes y jóvenes, quienes la sufren como víctimas y victimarios –especialmente en los centros urbanos marginales–. Sin prevención no se puede erradicar, de raíz, la inseguridad.
La corresponsabilidad
Es necesaria la intervención de los gobiernos municipales en el apoyo a la prevención del delito. Es necesaria la coordinación directa entre alcaldes e instituciones del Gobierno central, así como la atención inmediata a los adolescentes y jóvenes en materia educativa y de salud. Asimismo, proporcionarle lugares seguros de circulación y lugares de sana distracción con programas y modelos constantemente monitoreados, es vital. La suma de esfuerzos y aportes de la población municipal, facilitando el acceso a servicios eficientes y de calidad, son necesarios para una vida digna.