Por considerar que este es un tema relevante y un problema que también atañe a Guatemala, transcribimos el análisis publicado en www.capital.com.pa.
Los nuevos enfoques económicos confieren primordial importancia al tema de la gobernabilidad y la transparencia como condición “sine qua non” para el desarrollo integral. En este contexto juega un papel fundamental la corrupción que, de acuerdo con Transparencia Internacional (TI), se define como el abuso del poder que se le ha encomendado a los gobernantes, abuso que se orienta al provecho personal y privado.
De hecho, especialistas consideran que la corrupción constituye una especie de impuesto arbitrario y discrecional que recae sobre consumidores, productores y la sociedad en general, el cual incrementa los costos y afecta la eficiencia económica y la competitividad.
Por supuesto, hay distintos rangos de corrupción que incluyen desde los actos practicados por políticos y funcionarios de alto rango hasta burócratas de nivel inferior. Varía no solamente su magnitud, sino su naturaleza ya que incluye la llamada corrupción administrativa que consiste en que individuos u organizaciones violentan las normas y reglas, por ejemplo, mediante la evasión de impuestos, multas o tasas.
Otra forma es a través del tráfico de influencia al que recurren firmas e individuos para lograr que las leyes y regulaciones se aprueben exclusivamente en favor de sus intereses (constituye una de las más dañinas y de amplio efecto ya que en la práctica representa una captura del Estado por parte de particulares).
Esta modalidad deviene casi siempre en preferencias, canonjías y privilegios para algunos agentes económicos, en menoscabo de otros, todo lo cual sacrifica la sana competencia, generando un enorme costo en términos de eficiencia y competitividad.
Desde hace años distintas organizaciones, como TI, procura medir los grados de corrupción de diversos países. Dichas evaluaciones están basadas en las percepciones de agentes y personas encuestadas en los respectivos países.
Por supuesto, estas mediciones están sujetas a aproximaciones y errores. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones metodológicas, éstas nos dan una buena base de los niveles de corrupción.
De hecho, diversos estudios demuestran claramente que hay una clara correlación (inversa) entre corrupción y desarrollo. Dicho de otra forma, indicadores estadísticos confirman que a mayor corrupción, menor el crecimiento y desarrollo –y viceversa–.
De acuerdo con el informe de 2012, recientemente emitido por TI, Panamá aparece en la posición 83 en el ranking respecto a 183 países, lo que es una mejora de tres peldaños respecto de 2011, empatando así de paso con El Salvador, Perú, Jamaica y Burkina Faso. Además obtuvo una calificación (score) de 38 sobre 100 (entre más alta menos corrupción) lo cual supera el 33 obtenido en el 2011.
La corrupción responde, sobre todo, a criterios económicos donde priva un análisis simple de riesgo y de costos versus beneficio (los funcionarios incurrirán en actos de corrupción en la medida que perciban que no serán descubiertos y penalizados). De allí que evidentemente se requiera una mayor certeza del castigo y de sistemas transparentes para aquellos que comprobadamente incurran en este tipo de actos.
Panamá, definitivamente, no está entre los países más corruptos, pero tampoco entre los menos afectados por este flagelo. Sin embargo, en nuestro caso específico, el llamado costo de oportunidad (beneficio que dejan de percibirse) probablemente sea mayor que en otros países. Esto en virtud de que Panamá precisamente presenta un enorme potencial de crecimiento y desarrollo, el cual estaría siendo aprovechado a medias en virtud de la prevalencia de la corrupción.