Impulsar una ley de competencia es un tema que levanta pasiones. Sin embargo, cada vez es más es evidente su aprobación.
Por un lado, existe el mandato legal de hacerlo; el artículo 130 de la Constitución prohíbe monopolios y cárteles (no de droga, sino las conspiraciones entre empresas para fijar precios y condiciones de mercado). También establece que se generarán leyes para normar esta prohibición. Por otro, existe presión internacional para que esta normativa sea aprobada. Hay un compromiso que emana del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR) de aprobar legislación en este sentido; además, el mismo compromiso forma parte de lo que se ha negociado en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Además, hay presiones de distintos grupos económicos y de consumidores que favorecen una normativa de este tipo. Para estos grupos, la ley sería una forma de incrementar la competitividad pues la posición monopólica de muchas empresas está evitando, con sus altos precios y mala calidad, que el país sea más competitivo y se generen más bienes y servicios.
El Ministerio de Economía (2011) ha realizado estudios y ha empezado a recopilar información sobre algunos mercados donde uno podría esperar que se realicen investigaciones para evaluar si efectivamente hay competencia. Por ejemplo, se mencionan debilidades en el marco institucional de varios mercados:
“La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) no puede sancionar los abusos de la posición de dominio que se dan o pueden darse en el sector y no está en la capacidad de hacerlo”.
“La Ley de Electricidad en la literal b) del artículo 4, indica que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica debe limitarse a ver cuestiones de índole eminentemente técnicas, para lo cual cuenta con un buen marco legal. En ese sentido, lo que se refiere a cuestiones de protección de la libre competencia, a través de la prohibición de conductas o estructuras que puedan obstaculizar la entrada y salida del mercado, debiera regularse mediante una ley específica, aplicada por un órgano autónomo, con capacidad técnica y financiera”.
“El mercado de los combustibles derivados del petróleo está normado por la Ley para la Comercialización de Hidrocarburos (Decreto 109-97). Desde el punto de vista de la libre competencia esta ley regula algunas conductas por parte de los operadores pero no establece medidas correctivas o sanciones, ya que al ente regulador no se le otorgan facultades legales”.
El estudio de Romero y González (2006) señala algunos mercados con bajos niveles de competencia. Entre ellos menciona la industria azucarera; precisa que Guatemala “protege a los productores domésticos mediante políticas de restricción de las importaciones a manera de garantizar precios por arriba del mercado mundial”. En ese sentido, “ASAZGUA determina las cuotas de azúcar de sus asociados para el consumo interno, cuotas para la exportación y la fijación de los precios locales”.
¿Qué hacer? Por un lado, es necesario evitar que la misma caiga víctima de dos grupos importantes de presión. Los grupos económicos que buscarán seguir extrayendo rentas del consumidor y que, por lo mismo, intentarán que la ley no tenga los suficientes “dientes” para atacar estas prácticas. En México, la ley puede sancionar a los miembros de un cártel con un 10 por ciento de sus ventas anuales, y cárcel. Por otro, es necesario evitar que otro grupo se apodere de la normativa: Los políticos populistas. La ley puede servirles para generar algo equivalente a “terrorismo fiscal” a sus enemigos políticos. Por lo mismo, debe tenerse mucho cuidado en generar una entidad seria, profesional, que tenga independencia política para tomar decisiones y que cuente con los recursos para su actuar.