Iniciativa aborda el tema financiero del Estado desde una perspectiva integral: ingresos fiscales, transparencia y eficiencia del gasto.
Según este equipo de profesionales, es oportuno retomar el tema fiscal pero de manera integral.
Un grupo de 40 profesionales e investigadores económicos –muchos de ellos ex funcionarios públicos– retomó el debate sobre la calidad del gasto y las finanzas del Estado, a partir de una propuesta integral que conlleve la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El documento, planteado por el Grupo Promotor de Diálogo Fiscal, sin embargo, reconoce que para su implementación se necesita voluntad política y consensos.
El proyecto descansa en dos grandes áreas: El aumento del gasto público con calidad y la transparencia, como garantía de la confianza ciudadana en la intervención estatal. Y, más allá de proponer reformas tributarias, el denominado G-40, reiteró la imperiosa necesidad de combatir el contrabando y la evasión fiscal.
La iniciativa
En la parte fiscal, el G-40 aboga por una reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para ampliar la base de contribuyentes, reducir las tasas y las exenciones, mejorar el régimen de pequeños contribuyentes, las retenciones y compras exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la creación del Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos, la Transferencia de Bienes Inmuebles y la Ley del Sistema Aduanero Nacional. Según el documento, se reduciría gradualmente la tasa del ISR en el régimen optativo, de 31 a 25 por ciento y el límite de deducciones del 97 al 95 por ciento. Para los asalariados propone dos rangos: Quienes devenguen hasta Q240 mil anuales pagarían el cinco por ciento sobre sus ingresos netos (se mantiene la deducción de Q36 mil) y otro de Q240 mil en adelante, que pagarían al fisco una cuota fija de Q12 mil, más un siete por ciento sobre el excedente. También se gravarían los dividendos con tasas del cinco al siete por ciento.
Según Hugo Maúl, integrante del G-40, con esta propuesta se retomaría el diálogo fiscal entre la clase política para que el nuevo Gobierno no encuentre en crítica situación las finanzas del Estado.
Asimismo, Hugo Beteta, ex ministro de Finanzas Públicas y otro de los integrantes del Grupo, consideró que habría que flexibilizar la rigidez del presupuesto pues cerca del 90 por ciento de los ingresos del Estado ya tienen compromisos específicos establecidos en la Constitución y otras leyes.
Plan de medidas de corto plazo
- Prohibir el financiamiento del gasto corriente con deuda pública, como establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
- El presupuesto de 2012 debe mantener y fortalecer las normas de transparencia incluidas en la Ley del Presupuesto 2011.
- Transparentar las transferencias mediante la publicación, en un sitio electrónico, del propósito, los objetivos y la documentación de respaldo de cada modificación presupuestaria, justificándolas como operaciones de administración financiera estrictamente necesarias.
- Se respete la prohibición de contraer compromisos de gasto que no cuenten con asignación presupuestaria (deuda flotante), como lo norma el artículo 63 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011.
- La Contraloría General de Cuentas aplique oportunamente las sanciones que conforme a la ley correspondan en los casos en que se hayan violado los artículos 237 de la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones.