En un proceso gradual, la SAT implementará el uso generalizado de este documento contable.
El uso generalizado de la factura electrónica no tendrá marcha atrás y las empresas deben ponerse al día con este cambio que tarde o temprano será aplicado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Cámara de Industria de Guatemala (CIG) organizó una reunión con socios, el Intendente de Recaudación Omar Franco y Ricardo Carrillo, de Guatefacturas, una de las compañías autorizadas por la SAT para emitir estos documentos electrónicos. Por CIG, participaron el vicepresidente Arturo Rodríguez y Pedro Muadi, tesorero.
Por lo pronto, la factura electrónica es optativa, explicó el Intendente de Aduanas, pero a finales de marzo del presente año, la SAT emitirá un acuerdo para fijar los plazos para la obligatoriedad de este documento contable. Según el funcionario, a partir de la disposición de la SAT, las empresas tendrán dos meses para elegir la “imprenta virtual” o su Generador de Facturas (Gface). Hasta principios del presente año había cinco de estas “imprentas virtuales” certificadas por la SAT.
Posteriormente habrá un plazo adicional de tres meses para que los nuevos emisores de facturas electrónicas (Eface) hagan los cambios en sus administraciones para incorporarse al régimen. De acuerdo con el funcionario, los contribuyentes especiales son aproximadamente dos mil, quienes aportan el 75 por ciento de los ingresos tributarios.
Según el proyecto de la SAT, en una primera etapa se trabajará con las primeras 500 empresas más grandes y, después, se agregarán las otras mil 500.
En su orden, Omar Franco, Intendente de Recaudación de
la SAT; Ricardo Carrillo, de Guatefacturas; Arturo Rodríguez,
vicepresidente de CIG y Pedro Muadi, tesorero de CIG.
Ahorros y mejor fiscalización
Franco explicó a los socios de CIG que el cambio permitirá a la administración tributaria otras herramientas para ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación y fiscalización. También aseguró que habrá ahorros para los contribuyentes pues se evitará el almacenamiento de las facturas en papel; también implicará menos trabajo porque ya no será necesario contar con espacios físicos amplios.
Sin embargo, Muadi, tesorero de CIG, recordó a Franco que el cambio también implicará gastos extras para las empresas y consideró que los mismos deberían de ser absorbidos por la SAT.
Al final de la reunión, muchos socios de CIG también cuestionaron sobre los costos de la factura electrónica y del por qué no puede implementarse este nuevo modelo dentro de las mismas empresas, sin necesidad de los Gfaces, pero el funcionario de SAT aclaró que no se puede y que las facturas sólo podrán ser emitidas por las empresas autorizadas. También se aclaró que las notas de crédito y débito pueden incorporarse al sistema de la misma manera que la factura electrónica y que la intención era que eventualmente se pudiera ampliar a otros documentos contables (de exportación o de importación).
Socios de CIG asistentes a la reunión.