Esa chulada ilegal de minorías manipuladoras no tiene cabida en sociedades que aspiran a contar con un mínimo nivel de democracia.
Al fin los bochincheros delincuentes encapuchados decidieron que era momento de acabar con el abuso de tener cerrada la USAC. Consentidamente, con permiso y anuencia de las autoridades, manoseo y silencio cómplice de organizaciones de derechos humanos y otras que abogan por los derechos de quienes agreden a los ciudadanos honrados, decentes y trabajadores, contaron con el necesario grado de impunidad para pasearse por encima de profesores, alumnos, personal administrativo y la mayoría de la sociedad que los sustenta con sus impuestos e impedir el acceso a las aulas durante dos meses.
Esa chulada ilegal de minorías manipuladoras no tiene cabida en sociedades que aspiran a contar con un mínimo nivel de democracia y justicia ni mucho menos en aquellas otras que se llenan la boca discusiva sobre el Estado de derecho y el respeto a no sé cuantas carajadas pero que, cuando de verdad tienen que tomar resoluciones trascendentes, difuminan la decisión, reducen el problema y evaden la ejecución. Un interesante y común ejercicio de escurrir el bulto y todo un descarado sarcasmo que se pierde, como otras cosas, en la frágil memoria del ciudadano chapín.
Sin embargo, y aunque no le guste a muchos, es hora de hacer un análisis crítico de lo que ha pasado. No solo se han violentado (condescendientemente) derechos individuales, sino que ahora todo debe hacerse mal si se quiere “recuperar” el tiempo perdido. Si los profesores no imparten las clases a las que faltaron: se hará mal. Si los alumnos no reciben las mismas: se hará mal. Si se programan los exámenes de materias no impartidas: se hará mal. Y si se contabiliza la cantidad de cientos de miles de quetzales tirados a la basura en múltiples áreas: laboratorios, comidas de tiendas, etc., veremos que, en general, todo hay que hacerlo o se ha hecho mal, muy mal.
La esencia del problema radica en que la universidad estatal no tiene ninguna competencia de otras universidades, también públicas. Es preciso promover que sus sedes regionales sean alternativas a la central, de manera que tengan que competir por los alumnos y mejorar su calidad en general so pena de perder a sus estudiantes.
Por otra parte, es preciso si no se quiere seguir hundiendo el sistema, sacarla del juego político de las influencias y del manoseo a que se han acostumbrado. Un importante número de sus miembros quiere estar ahí no para mejorar la calidad educativa sino para imponer a sus candidatos y sus criterios en las múltiples comisiones de las que forman parte. Se trata, en definitiva, de utilizar el seguro presupuesto nacional y el abrigo de la enseñanza superior para manejar el país en función de espurios intereses políticos y desde la sombra del poder que suele ser económicamente más rentable y menos cuestionada.
No se sabe cuánto cuesta un graduado en la USAC, en qué rubros se gasta el dinero público ni cómo se ejecuta el presupuesto. Lo peor es que nadie se ha atrevido a hacerlo, por lo que reto a los fiscalizadores y a esos grupos de la sociedad civil que piden transparencia, eficiencia y honestidad, para que exijan que se haga público siquiera una ejecución presupuestaria detallada, como ocurre con otras organizaciones. Esas, entre otras muchas, son lecciones que nos deja esa consentida crisis manejada por negociadores profesionales que dilatan hasta la saciedad el “diálogo” inútil y potencian o permiten la arbitrariedad, consintiendo que el delito quede impune por no tener la capacidad ni el coraje de afrontar las decisiones correspondientes en el marco legal vigente. Se quejan de lo poco que se aplica la ley pero cuando les toca hacerlo huyen de la responsabilidad del ejercicio de su función. Una partida de cobardes, supeditada a una banda de delincuentes públicos malcriados.
Podemos seguir dilatando el problema otros 300 años, total la conquista después de 500 nos sigue sirviendo para justificar nuestra propia incapacidad, pero no será la solución de futuro. Cada vez es peor y antes de que la metástasis invada todo el tejido social (si aún no lo ha hecho), es momento de reflexionar y pensar qué hacer en el futuro. También podemos seguir igual que hasta ahora pero no nos quejemos más del estado de indefensión en que nos encontramos ni de estar sometidos a esa pandilla de zorros que le quita a los pobres, para…, quedárselo ellos.