Sep-10 Gobierno desconoce con precisión el monto de la “deuda flotante”

Comunicación CIGseptiembre 2010

Esta es una modalidad que los Ministerios y otras instituciones del Estado han utilizado para realizar obras o comprar bienes y servicios, sin contar con una fuente de financiamiento garantizada.

Hernán Guerra

Para algunos este tipo de compromisos económicos entre el Estado y empresas privadas y/o personas particulares ni siquiera debiera permitirse. Ninguna institución pública, sea ministerio o cualquier otra dependencia, tendrían que contratar una obra, adquirir un servicio o un bien, si no tienen una partida presupuestaria o una fuente de financiamiento garantizada. Sin embargo, en la práctica esta ha sido una constante que viene de años; todos los gobiernos han hecho uso de esta modalidad, por diversas circunstancias aunque no necesariamente ha sido por emergencias o necesidades de última hora.
El caso es que ni el mismo Ministerio de Finanzas sabe con precisión a cuánto ascienden esas deudas contraídas por las distintas instituciones del Estado y que se han acumulado año tras año. “No se debería seguir adquiriendo compromisos por fuera de la capacidad presupuestaria aprobada para cada Ministerio de Estado”, explicó el ministro de Finanzas Públicas, Édgar Balsells, quien aseguró que ese tema se está abordando de forma conjunta con todos los ministros, en reuniones de trabajo. El funcionario aseguró que se está deteniendo la contratación de más obras sin respaldo financiero porque impide a las entidades del Estado cumplir con sus compromisos. El mecanismo que usará para evitar que el Estado continúe endeudándose de esta manera implica pedir a los ministros para que cada vez que quieran contratar nuevas obras, programas o proyectos sin los recursos estimados en el presupuesto, detallen de dónde obtendrán el financiamiento, sostuvo el ministro. La actual administración, luego de recibir una “deuda flotante” por unos Q2,500 millones del anterior Gobierno, este monto se redujo considerablemente, sin embargo tras el paso de la tormenta Ágatha y la erupción volcánica, volvió a aumentar, explicó el ministro de Finanzas.
Según ha explicado el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Guillermo Castillo, la “deuda flotante quedará en unos Q1,281 millones después de hacerse los pagos con recursos provenientes de la colocación de bonos del tesoro. De un préstamo por US$85 millones con el Banco Mundial también se tomarían recursos para honrar parte de esa deuda.
Pedro Rocco, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, reconoció que esa deuda pública se ha ido reduciendo a unos Q500 millones (a agosto) pero se incrementó en unos Q480 millones con las emergencias del Volcán Pacaya y por los daños provocados por las lluvias. “El problema es que hay deudas que vienen desde la tormenta Stan”, señaló. “Lo triste de la historia es que cuando sucedió esto, los contratistas salimos a ayudar según el área donde estamos localizados, con la seguridad de que nos iban a pagar, pero no ha ocurrido así”, afirmó. Pero no todo se puede considerar “deuda flotante”, pues hay contratos que vienen desde 2009 que tampoco se han pagado, sostuvo Rocco. Asimismo, explicó que en este mismo renglón hay contratistas que ya ejecutaron hasta un 60 por ciento de las obras asignadas pero el Gobierno no les ha reconocido las inversiones.

¿Cuánto debe el Estado?

Según el Banco de Guatemala (Banguat), entre junio de 2009 y junio de 2010, la deuda pública interna del Gobierno ha aumentado un 14 por ciento o el equivalente a Q4 mil 610 millones. Pasó de Q27 mil 769.9 millones a Q32 mil 410 millones. El vicepresidente del Banguat, Julio Suárez, explicó que en este monto no se incluye el valor de la “deuda flotante” por su misma naturaleza, que no fue presupuestada con una fuente de financiamiento. A la pregunta ¿Y a cuándo asciende entonces la deuda flotante?, Suárez respondió: “Ese es el misterio”. De acuerdo con el funcionario, el monto de este tipo de obligaciones no se sabe porque han sido contraídas por los ministerios u otras instituciones del Estado de manera directa, sin haberse establecido previamente una fuente de financiamiento.
Por ahora y aunque no se sabe con precisión el monto de estos compromisos por pagar, el ministro de Finanzas aseguró que el Banco Mundial hace una auditoría para determinar los números y reducir al máximo estas cuentas.

Banco Mundial hace una auditoría para determinar los números y reducir al máximo estas cuentas.

Édgar Balsells:

“Ya no estamos pensando en una reforma tributaria”

El ministro de Finanzas Públicas, Édgar Balsells, explicó que todas las instituciones del Estado deben reordenar sus gastos. También explicó que el presupuesto para 2011 sería de unos Q51 mil millones y no se prevé reformas tributarias.

¿Cuál es el estado de las finanzas públicas a agosto? Cómo se hacen los ajustes tomando en cuenta que el presupuesto de gastos de este año quedó parcialmente desfinanciado?

En términos generales lo que hemos hecho, durante un mes y medio que tengo de estar en este puesto, es implementar un programa de contención del gasto, que cada cuatro meses se realiza. Recordemos que nos ha provocado desajustes el hecho de trabajar con un presupuesto de ingresos corrientes (recaudación de impuestos) basado o pensado en que se iban a recaudar Q37 mil millones pero que, en la realidad, serán Q34 mil millones. Esa diferencia nos ha provocado un estrés que lo estamos arreglando a base de un programa de austeridad, de contener el gasto, priorizando lo básico. El resto del gasto corriente tiene su respectiva fuente de financiamiento, como el IVA Paz, bonos del tesoro y los ingresos corrientes (tributarios).

¿Pero la recaudación tributaria ha mejorado y se percibe un incremento cercano al diez por ciento? ¿Esto ha beneficiado la readecuación presupuestaria?

Sí ha mejorado pero es leve todavía; sigue siendo problema haber tenido un año con un presupuesto no acorde a la realidad.

¿A cuánto asciende la deuda flotante? ¿Qué hace este Gobierno para evitar que esos compromisos sigan en aumento? ¿Es legal este tipo de compromisos?

Nosotros heredamos montos significativos que ahora se están integrando de nuevo al presupuesto y se ha pagado casi todo. Sin embargo volvió a aumentar esta deuda debido a las necesidades de reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Ágatha y la erupción del Volcán Pacaya. Se tuvo que contratar obras de emergencia, impactando más en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ahora se está viendo cómo se paga. Si es legal o no, no puedo decir pues no soy abogado. Lo que ha pasado es que en la práctica, desde mediados de la década de 1990, con la creación de Covial y otros esquemas de reconstrucción, se fueron acumulando contratos ya muy antiguos y, sobre esos mismos, se han realizado ampliaciones; esta es una práctica que ha venido siempre, no es nueva.

El presidente, cuando tomó posesión dijo que había heredado “deuda flotante” por Q2 mil 500 millones. ¿Este Gobierno puede garantizar que dejará a cero esos compromisos?

La idea sería que no se deje ese tipo de deudas, que se vayan honrando los pagos, pero también tiene que haber un esfuerzo en materia de búsqueda de ingresos. Se está analizando una serie de esquemas como bonos de reconstrucción y la ampliación presupuestaria que se ha pedido al Congreso, además de un cuidadoso manejo de la administración financiera en cada uno de los ministerios que manejan infraestructura. Fonapaz, por ejemplo, ha ido disminuyendo la deuda que dejó el anterior director y que sumaba más de Q500 millones; aquí el mensaje es a un manejo más prudente del gasto y una adecuada programación financiera.

Sin embargo, entre círculos financieros se habla de un desorden en el gasto público y que se corre riesgo de perder la estabilidad macroeconómica

No. Estamos comprometidos con mantener la estabilidad y seguiremos un cuidadoso manejo de las finanzas públicas. Ahora los ministerios tendrán en cuenta que deben ser ordenados a fin de terminar bien el año. El déficit fiscal terminará en los rangos previstos y comprometidos ante el Fondo Monetario Internacional, entre 3.1 y 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Se acerca la presentación en el Congreso de la República, del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para 2011. ¿Cómo va el proceso? ¿A cuánto podría ascender?

Estamos trabajando en eso y sobre una base de techos de cada una de las entidades del Estado, el consolidado podría darnos un presupuesto de aproximadamente Q51 mil millones; estamos haciendo los ajustes finales. Los ingresos corrientes que esperaríamos en 2011 serían de unos Q37 mil millones y, el resto, se buscaría con otras fuentes de financiamiento. El déficit fiscal lo bajaríamos a 2.3 y 2.6 por ciento del PIB.

¿Todavía está pensando el Gobierno en una reforma fiscal?

Ya no se está pensando en reformas tributarias para este año pero sí esperamos que el Congreso apruebe la segunda parte de la ley anti evasión, que nos ayudará a mejorar los ingresos pues se incluyen mejores herramientas para que la SAT haga su trabajo. Teníamos previsto que esta ley, si se hubiera aprobado antes, nos hubiera generado Q200 millones en los primeros seis meses de este año.

¿Cuánto se está incluyendo para la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Ágatha y la erupción volcánica?

En el proyecto del presupuesto se incluirán una serie de proyectos de reconstrucción, tratando de priorizar los de mayor importancia pero también, para este año, con la ampliación presupuestaria que se ha pedido al Congreso, se incluyen otros proyectos para la reconstrucción. Para ese fin, adicionalmente estamos preparando otras modalidades de financiamiento, que podrían ser bonos por unos US$200 millones, recursos que irían a proyectos muy específicos.

A junio, la ejecución presupuestaria iba bastante baja, menos de un 35 por ciento y muy poco a inversión, menos del seis por ciento. ¿Por qué es así?

Se da de esa manera por la rigidez que tiene el presupuesto de ingresos corrientes (impuestos). Mucho de esos recursos ya tienen destinos específicos y sólo nos queda un siete por ciento para invertir. Donde ha habido retrasos ha sido en la ejecución de proyectos financiados con préstamos externos, debido a problemas de espacio o de contrapartidas o, incluso, de ineficiencia en las unidades ejecutoras.

CIG: Cualquier contrato de deuda debe ser transparente

El vicepresidente de Cámara de Industria de Guatemala, Arturo Rodríguez, consideró que cualquier compra de bienes, insumos o la contratación de toda obra pública, deben hacerse mediante mecanismos que garanticen no sólo la transparencia en el uso de los recursos públicos sino que, además, basada en fundamentos legales.

De acuerdo con Rodríguez, “es el momento para que el Ministerio de Finanzas Públicas ponga orden en los números de la deuda pública del Estado pues a todas luces es ilegal que las instituciones o dependencias del Estado asuman compromisos sin contar con una fuente de financiamiento garantizada en el presupuesto de ingresos y gatos de la nación”.

El vicepresidente de CIG reiteró que ese desorden en las finanzas públicas genera desconfianza y falta de certeza en torno al consolidado de la deuda total a pagar además de la falta de transparencia. “Se debe registrar la deuda flotante pero detenerla de inmediato para no continuar con ese círculo”, subrayó Rodríguez.

El contenido de Industria&Negocios no necesariamente representa la opinión de Cámara de Industria de Guatemala; cada artículo es responsabilidad de sus autores.

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