La iniciativa de ley 4084, propuesta por organizaciones campesinas incurre en violaciones a la Constitución. Además, es poco realista e provocaría hasta confrontaciones ideológicas.
HERNÁN GUERRA
Diversas organizaciones indígenas y campesinas han logrado que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, emitiera dictamen favorable a la iniciativa 4084 que contiene el proyecto de lo que sería la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral (SNDR). No obstante las buenas intenciones de lograr un desarrollo integral en el campo, la propuesta contiene una serie de arbitrariedades inconstitucionales que no sólo pueden dar lugar a la expropiación de tierras sino que, además, podrían poner en riesgo el derecho a la propiedad privada en el país, plasmada en la Constitución de la República, según lo consideran analistas.
A raíz del visto bueno de la Comisión de Agricultura, presidida por el diputado Fredy Noel Berganza, se ha instalado una mesa de diálogo en la que participan tanto los promotores de la ley como también, diputados y analistas, quienes discuten los aparentes objetivos y consecuencias que traería para el país la aprobación de una legislación de esa naturaleza.
La Cámara del Agro de Guatemala, presidida por Otto Kuhshiek, explicó que como sector productivo, nunca ha estado en contra de impulsar una verdadera política integral de desarrollo rural. Sin embargo, sostuvo que existe la creencia en el sentido de que, repartiendo tierras, se disminuirían los índices de pobreza en el país, teoría que a su juicio, es equivocada.
Ambigua y peligrosa
Kuhshiek manifestó que tal y como ha sido redactada la iniciativa de ley, puede provocar una serie de interpretaciones, incluso ideológicas, las cuales pondrían en riesgo el régimen de propiedad privada pues se podrían promover hasta acciones de expropiación de tierras. “No lo menciona así la iniciativa de ley pero se abren las puertas a esos extremos”, añadió el presidente de Cámara del Agro.
Recordó que ha circulado un documento, redactado en forma de caricaturas, donde se recogen una serie de comentarios peligros y que pueden ocasionar innecesarias confrontaciones. En ese documento, elaborado por las organizaciones campesinas impulsoras de la ley, se citan párrafos como “la tierra no se compra ni se vende, se recupera y se defiende, luchemos todos juntos pro el desarrollo rural integral”. A criterio de Kuhshiek, con ese tipo de mensajes se puede esperar mucho al momento de aprobarse la iniciativa.
Los supuestos objetivos
Según las justificaciones o argumentos planteados en el proyecto de ley, los altos niveles de pobreza del país tienen como causa la mala distribución de la tierra en el área rural. Por consiguiente, con la misma se dotaría de recursos financieros a miles de campesinos, quienes saldrían de las condiciones de pobreza en que viven. También se propone en la misma.
El presidente de la Cámara del Agro explicó que el sector agrario del país reconoce la necesidad de impulsar un programa de desarrollo rural pero “no forzosamente por medio de una legislación como la que se propone; el desarrollo rural no se debe entender solo como agricultura, debe verse como una oportunidad de desarrollo en actividades como comercio, industria, servicio, industrializar de materias primas, turismo; y para eso, necesitamos programas y políticas que conlleven también la capacitación”, reiteró.
“Peca de ingenuo quien crea que esa compleja aglomeración de problemas puede ser superada mediante la aprobación de una ley…” Mario Alberto García Lara, ex vicepresidente del Banco de Guatemala
Duplica funciones
El presidente de la Cámara del Agro sostuvo que el proyecto de ley prevé la creación de un súper ministerio, con el cual se generaría duplicidad de funciones con otras entidades entre ellas, los Consejos de Desarrollo y los Comudes, por citar dos ejemplos. Pero además, esa carga burocrática ocasionaría al Estado millonarios gastos que, dada la crisis económica del país, es inconcebible. En todo caso, el empresario manifestó que el sector agrario estará abierto al diálogo y apoyará otras políticas de desarrollo rural que permitan mejorar los niveles de vida de las familias campesinas. “No creemos que esta iniciativa 4084 sea la solución pero seguiremos dialogando; debemos fortalecer el Ministerio de Agricultura y generar competencias correctas pero no mediante este tipo de leyes”, manifestó.
Ingenuidad de propuesta
Pero las críticas a la propuesta de ley no solo provienen del sector agrario del país, sino también de analistas independientes que ven en la misma, una suma de buenos propósitos pero mediante caminos equivocados.
Mario Alberto García Lara, ex vicepresidente del Banco de Guatemala, analizó el proyecto y expresó que “peca de ingenuo quien crea que esa compleja aglomeración de problemas (socio económicos que padece el país) puede ser superada mediante la aprobación de una ley, así como peca de perverso quien embauca a los ingenuos haciéndoles creer que con una ley van a ser resueltas las demandas y necesidades insatisfechas que datan de generaciones”.
García Lara también hizo críticas al documento “Para cosechar, presente y futuro, Ley de Desarrollo Integral, exijamos su aprobación”, circulado por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI). En ese análisis, esta asociación refiere que la ley ayudará a los campesinos “en el objetivo de la redistribución de la tierra y otros medios para producir”. El ex presidente del banco central señaló que la ADRI olvida explicar que la propuesta de ley amenaza con dar un golpe mortal al sistema de Consejos de Desarrollo y al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ambos instrumentos útiles para el desarrollo rural, pero que han sido socavados por la irresponsable politiquería.
García Lara también reiteró que los promotores de la ley también olvidan que de ser aprobada la misma, implicaría altos costos fiscales para Guatemala, a la vez que levantaría banderas ideológicas y despertaría exageradas expectativas que, cuando inevitablemente fracasen por irreales, únicamente aumentarán la frustración y el descontento de los pobladores del área rural.
Una propuesta irreal
El ex presidente del Banco de Guatemala reiteró que una ley de desarrollo rural es necesaria pero tiene que ser realista, responsable y de fácil cumplimiento a fin de abonar una mejora sostenible al nivel de vida de los campesinos pero que, a la vez, contribuya a preservar la gobernabilidad del país. “La iniciativa 4084 simplemente no es esa ley”, sostuvo.
En suma, el analista exhortó al Congreso a discutir una propuesta de ley que verdaderamente coadyuve al desarrollo sostenible del área rural. En ese sentido, consideró que el Organismo Legislativo debe enfocarse en mejorar la coordinación entre las instituciones públicas encargadas del área rural, en procurar su adecuada articulación con sectores de la sociedad, en establecer los principios que deben orientar las políticas de desarrollo rural y en reordenar la estructura institucional del sector. “Lo demás es sólo retórica que exacerba pasiones, alimenta la ingobernabilidad y debilita el estado de derecho”, expresó.
Los aparentes beneficios
La propuesta de ley contiene tres áreas y describe las políticas a impulsar, así como los beneficios que traería la misma. Las políticas se dividen en: agraria; agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica; económica; social; de participación social y desarrollo político; laboral; cultural; reducción de vulnerabilidad; soberanía y seguridad alimentaria y socio ambiental. Los supuestos beneficios de la normativa incluyen, entre otros, los siguientes:
- Democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra.
- El Estado apoyará la producción de alimentos.
- Se impulsarán acciones para resolver la conflictividad agraria y para regularizar la tenencia de la tierra para las comunidades campesinas e indígenas.
- El Estado generará capacidades productivas que ayuden a solucionar el problema de la deuda agraria.
- Se garantiza el financiamiento necesario para el impulso del desarrollo rural integral.
- Se destinarán recursos y se impulsarán acciones desde el Estado para cambiar las condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental.
Expertos aseguran que esta iniciativa no es la solución de los problemas agrarios.