En el evento, organizado por el Cien en la Universidad Francisco Marroquín, expertos plantearon razones técnicas por las cuales no es prudente subir impuestos.
La mayoría del público asistente al foro “Aciertos y desaciertos: el desafío de la reforma tributaria en Guatemala”, organizado en el salón Milton Friedman de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), estuvo en desacuerdo con los argumentos presentados por el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, en torno al paquete fiscal que el Gobierno promueve en el Congreso de la República. Por el contrario, los asistentes aplaudieron las ponencias técnicas planteadas por José Raúl González, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y Hugo Maúl, profesor de la Facultad de Economía de la UFM.
Y es que los argumentos del ministro de Finanzas fueron los mismos que ha planteado siempre: “en Guatemala la carga tributaria es baja en comparación con países del área y necesitamos más recursos para atender a la población más pobre”. Sin embargo, tanto González como Maúl explicaron, con estadísticas, que los juicios de las autoridades carecen de fundamento. Por ejemplo, González explicó que de 1995 a 2008, la Población Económicamente Activa ha aumentado el pago de sus impuestos en 3.1 veces, lo que implica que el incremento nominal ha pasado de Q2,200 a Q4,600 anuales. Y a cambio, sostuvo que la población no percibe que ese incremento se haya traducido en mejores servicios. “El único resultado bueno es que ahora hay menos violencia, menos crímenes”, dijo irónicamente González, a lo que el público aplaudió en tono ensordecedor.
El analista del Cien también objetó la fórmula de medir el pago de impuestos por medio de la llamada “carga tributaria” respecto del Producto Interno Bruto (PIB) y que, a su juicio, es un mito. ¿Y por qué? Porque consideró que tiene incentivos perversos, favorece los intereses del Gobierno y de los políticos, a costa de los ciudadanos. Además, tampoco se puede comparar de manera general, especialmente con países productores de petróleo, explicó.
Asimismo, esta fórmula no sirve porque promueve la inercia perversa a favor del permanente crecimiento absoluto y relativo del tamaño del Gobierno. ¿Y para qué?, se preguntó González. También dijo que la carga tributaria medida respecto del PIB no es relevante para garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos ni la calidad del gasto, que es lo que más importa, dijo. Como ejemplo citó los casos de Bolivia y Nicaragua, donde esa “carga tributaria” es más elevada que la de Guatemala pero sus índices de desarrollo son menores.
Por lo tanto “elevar la carga tributaria no es garantía ni conduce necesariamente a una mejor calidad de vida para los más pobres, solamente garantiza a los políticos que tendrán una mayor base de gasto público en relación al tamaño de la economía”, señaló.
“Tiro de gracia”
Tanto Maúl como González explicaron ante el ministro y los asistentes al foro, que lo importante es la calidad del gasto público pues la población no percibe resultados por sus impuestos ni sabe en qué se gastan. Ambos criticaron la propuesta de elevar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del cinco al seis por ciento, gravar la telefonía celular con Q0.15 por minuto y subir del uno al dos por ciento el Impuesto de Solidaridad que pagan las empresas sobre sus activos o ingresos. “No le peguemos el tiro de gracia a esta incipiente recuperación económica”, expresó González.
Por su parte, Maúl dijo que estas medidas serían un duro golpe para los ciudadanos y para las empresas que empiezan a tener signos de recuperación, luego de sobreponerse a la crisis económica mundial. Asimismo, recordó las palabras del economista estadounidense Milton Friedman, quien decía que “el ISR es la monstruosidad más grande creada por los cobradores de impuestos”.
Al finalizar el foro hubo una lluvia de preguntas hacia el ministro de Finanzas. “A mi me da vergüenza que me digan que no pago impuestos, porque yo pago más de un 20 por ciento”, expresó un airado asistente. También le preguntaron al ministro sobre la transparencia del programa “Mi familia progresa”, que administra la esposa del presidente de la República. Además, cuestionaron la falta de voluntad política del Gobierno para atacar el contrabando y la evasión de impuestos por medio de la subfacturación, que sí traerían réditos para las finanzas públicas sin subir impuestos. Fuentes se limitó a decir que se está trabajando para nombrar a un comisionado especial, quien lideraría esa labor.