El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010 que recientemente presentó al Congreso de la República el Ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, por un monto de Q47, 867 millones, no es un presupuesto congruente con la situación de la economía guatemalteca para el 2010, y continúa negando la realidad económica actual y la caída en los ingresos tributarios.
El déficit fiscal propuesto de Q10, 201 millones, es equivalente al 3% del PIB, el cual será financiado con deuda pública, comprometiendo recursos futuros del Estado para el pago del servicio de la deuda. El efecto negativo que pueda tener en la estabilidad macroeconómica el déficit del 2009 y el propuesto para 2010, va a presionar sobre el nivel de precios, lo que podría crear inflación, que ha demostrado ser el impuesto más injusto para la mayoría de los guatemaltecos. Para evitar los efectos nocivos del déficit fiscal, es necesario un equilibrio entre los ingresos y gastos para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, el cual se logra bajo los principios de racionalización y optimización del gasto. Adicionalmente, y no por ello menos delicado, el proyecto contempla Q7, 481 millones para pago de la deuda pública, lo que equivale a un 16% del total del presupuesto y a un 23% de los ingresos tributarios estimados. Es decir, el próximo año, por cada Quetzal de impuesto, 23 centavos servirán para el pago de intereses y abono a capital de la deuda pública, con lo cual se compromete a mediano plazo, la capacidad del Estado para desempeñar su función.
El proyecto de presupuesto no refleja una política de austeridad ni eficiencia en el gasto, lo cual no es consecuente con el esfuerzo que están haciendo los guatemaltecos para salir avantes. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación tendrá Q500 millones más comparado con el cierre estimado para este año, lo cual, no necesariamente, se va a traducir en mayor seguridad. Desafortunadamente, hoy, la principal preocupación de los guatemaltecos es la inseguridad que es vinculada por la población con la delincuencia y el crimen organizado, como resultado de la falla en la labor del Estado para brindar seguridad a la población, no obstante el incremento del gasto que se ha hecho en Gobernación. Es necesario un análisis profundo sobre las causas de la violencia e inseguridad, que permitan enfrentar el problema desde sus raíces, haciendo, además, un uso eficiente de los recursos de los contribuyentes.
La segunda causa de preocupación de los guatemaltecos es el empleo, y el Ministerio de Trabajo tiene un incremento del 67% en su presupuesto con relación al cierre estimado para este año, que van a ser destinados principalmente al programa del adulto mayor. A la fecha, el Gobierno no cuenta con una política nacional para la creación de empleos, lo cual es lamentable, por el alto problema de desempleo y subempleo que se tiene en Guatemala. Debe ser prioridad del Estado promover condiciones para que se conserven los actuales puestos de trabajo y se creen nuevas oportunidades de trabajo, para que de esa forma tengan oportunidades los miles de jóvenes guatemaltecos que ingresan a la fuerza laboral cada año. Hoy, tres de cada cuatro guatemaltecos trabajan en el sector informal de la economía, el cual no ofrece una serie de protecciones laborales que da el sector formal, por lo que es conveniente formalizar a los informales como parte de una estrategia para mejorar la productividad de ese sector así como incrementar los ingresos tributarios.
En el pacto fiscal se estableció que el ahorro corriente, es decir los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, debía ser por lo menos del 3% del PIB, para disponer de una fuente sólida de recursos propios para financiar la inversión. El proyecto de presupuesto presenta únicamente un ahorro corriente del 0.2% del PIB, siendo, además, un presupuesto que casi no contiene gasto de inversión, lo cual tendrá efectos negativos para la competitividad del país a corto y mediano plazo. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el presupuesto planteado es de Q835 millones menos con relación al cierre esperado para este año, lo que representa una reducción del 20%, con lo cual, es de esperar un mayor deterioro en la infraestructura del país.
En el año 2010 todos los ingresos corrientes del Estado servirán únicamente para el pago de gasto corriente, lo cual es un mal precedente y evidencia la falta de esfuerzo por mejorar la calidad, eficiencia y transparencia en el gasto público. Considerando las perspectivas económicas para el presente año y el 2010, el presupuesto debió haberse planteado desde una perspectiva más realista, buscando austeridad y eficiencia en el gasto público. En ese sentido, corresponde al Congreso de la República hacer una revisión del presupuesto propuesto para evitar un mayor endeudamiento del país y reasignar los montos, para reducir el déficit fiscal a un 2% del PIB e incrementar el ahorro en cuenta corriente sustancialmente.
También, el Congreso de la República deberá establecer los candados correspondientes al Presupuesto para evitar el traslado de recursos entre entidades, lo cual es una práctica anti técnica que demuestra la falta de previsión en la elaboración del presupuesto. Además, corresponderá a la Contraloría General de Cuentas fiscalizar el buen uso de los recursos de los contribuyentes, incluyendo las Organizaciones No Gubernamentales, que son, en muchos casos, un mecanismo para hacer un mal uso de los recursos del Estado, en detrimento de los servicios que el Estado está obligado a prestar a los contribuyentes.
Reiteramos, una vez más, que la prioridad del Gobierno debe ser la reactivación económica, la cual se puede lograr fortaleciendo en mercado interno, dado que en la economía global no tenemos ninguna posibilidad de influir. Es por ello que Cámara de Industria ha propuesto medidas para lograr el fortalecimiento del mercado interno, basados en la promoción de una competencia leal entre sectores a través del combate al contrabando; reducir el nivel de la tasa líder, lo cual tendría un impacto positivo en la reducción de las tasas de interés, lo que permitiría liberar recursos económicos a las personas con crédito así como a las empresas; mejorar la infraestructura y competitividad de Guatemala con la participación del capital privado a través de la promulgación e implementación de una ley que permita la participación público-privada.