Por: José Chávez | gerente de observatorio y políticas en Cámara de Industria de Guatemala
Guatemala enfrenta un desafío estructural que limita su crecimiento económico y social: la incapacidad de generar suficientes empleos formales para los jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral. En promedio, 250,000 jóvenes se incorporan anualmente a la economía, pero un 72.4% de ellos no encuentra empleo formal. Este desajuste obliga a miles a integrarse al sector informal, donde prevalece la falta de seguridad social, ingresos inestables y menores oportunidades de desarrollo.
Para revertir esta tendencia, el país necesita una política salarial moderna, técnica y vinculada a las necesidades reales del mercado laboral.
Una propuesta clara proviene del sector privado, que sugiere cambiar el enfoque tradicional de la política salarial en Guatemala. En lugar de incrementos generales sin base técnica, se plantea diferenciar el salario mínimo por territorio y actividad económica, tomando en cuenta variables como inflación, productividad y competitividad nacional. Estos criterios permitirían adaptar los salarios a la realidad económica de cada región y sector, promoviendo la creación de empleo en territorios donde los costos de operación son más altos o las oportunidades productivas más limitadas.
El país no puede continuar con ajustes salariales sin sustento técnico, una práctica que históricamente ha respondido a decisiones políticas más que económicas. Esta dinámica ha afectado especialmente a los sectores productivos más vulnerables, como la agricultura, la manufactura artesanal y los servicios de bajo valor agregado.
Para cerca de 218,000 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan la base del tejido empresarial guatemalteco, estos incrementos pueden significar no contratar, recortar personal o incluso suspender operaciones. En estas empresas la relación entre productividad y salario no siempre está equilibrada, y cualquier aumento que no tome en cuenta esta realidad puede traducirse en pérdida de competitividad y menor formalización.
A esta complejidad se suma que el costo real de la formalidad no es únicamente el salario mínimo bruto. En Guatemala, el salario con prestaciones —incluyendo IGSS, bonificaciones legales y obligaciones laborales— representa aproximadamente un 38% más que el salario mínimo fijado en los acuerdos gubernativos. Esto significa que las empresas formales invierten mucho más de lo que se percibe a simple vista en cada trabajador.
Para las MIPYMES, cuyo margen operativo suele ser reducido, esta carga adicional puede ser determinante; muchas operan al límite y enfrentan el riesgo de verse expulsadas hacia la informalidad, no por falta de voluntad de cumplir la ley, sino porque la estructura de costos supera su capacidad financiera. Sin una política salarial técnica y predecible, la formalidad se convierte en un lujo que muchos pequeños negocios no pueden sostener.
En actividades donde contratar personal adicional o desarrollar nuevas unidades internas es marginalmente costoso, muchas empresas recurren al outsourcing como una solución viable. Esta modalidad permite externalizar funciones, reducir costos y enfocarse en las áreas que generan mayor valor. El outsourcing se convierte así en una herramienta estratégica para que las empresas mantengan su operatividad y competitividad, especialmente en sectores donde los márgenes son estrechos. Aunque no sustituye la necesidad de una política salarial adecuada, demuestra cómo la flexibilidad y la eficiencia pueden ser aliadas del desarrollo económico.
Si Guatemala aspira a que su economía y los salarios crezcan de manera conjunta, debe fortalecer las condiciones para que las MIPYMES generen empleo formal. Estas empresas son, por naturaleza, más sensibles a los costos operativos y a la carga regulatoria.
Cuando una política salarial no se ajusta a la realidad económica, muchos empresarios se ven tentados a operar en la informalidad, no por evadir responsabilidades, sino por simple supervivencia. Una política salarial técnica, predecible y sostenible permitiría a los negocios planificar a largo plazo, invertir en expansión y mejorar sus condiciones laborales sin poner en riesgo su estabilidad financiera.
En este contexto, el salario mínimo debe convertirse en una herramienta que favorezca el desarrollo inclusivo. Para lograrlo, debe ser técnico y adaptable, basado en indicadores objetivos y no en consideraciones coyunturales. Un salario mínimo bien diseñado no solo protege el ingreso del trabajador, sino que fomenta la competitividad, la formalización y el crecimiento empresarial. Guatemala necesita una política salarial que incentive la creación de empleo y permita que tanto trabajadores como empresas crezcan de la mano.