Las variables climáticas cambian continuamente en espacio y tiempo, describen las características del clima de una región y tienden a oscilar, causando modificaciones temporales en el clima. En las últimas décadas, los ciclos naturales de oscilación en la temperatura y la precipitación se han caracterizado por variaciones que, en ocasiones, han conducido a extremos climáticos y meteorológicos en diferentes partes del planeta. Estos eventos generan un impacto directo en la productividad, el crecimiento económico, la salud pública y el medio ambiente, especialmente en los países en desarrollo.
Aunque los efectos negativos de la variabilidad climática son a escala mundial, las previsiones apuntan a que las áreas intertropicales, entre las que se encuentra Centroamérica, resultan ser las más frágiles y expuestas y, por ello, lo sufrirán con mayor intensidad.
A pesar de representar un aporte global de apenas 0.05% de las emisiones netas globales (IPCC, 2022 & MARN, 2021), Guatemala es uno de los países con mayor riesgo climático del mundo. En las dos décadas comprendidas del 2000 al 2019, ocupó el puesto 16 del índice de riesgo climático a nivel global (Germanwatch, 2021), que califica al país como uno de los países más vulnerables al cambio climático, específicamente entre el 10% más vulnerables. Esta vulnerabilidad se debe a su exposición geográfica entre dos océanos en una zona de huracanes y a su baja capacidad de adaptación. Lamentablemente, se carece de infraestructura crítica que sea resiliente, ya que los activos colapsan cada invierno, sin que se haya presentado una lluvia atípica.
Todo el territorio nacional es vulnerable a amenazas específicas y características de cada región, derivado de la diversa topografía del país. Las áreas con mayor exposición a riesgo de deslizamiento, deslaves o escorrentía se concentran en el centro y occidente del país, y las áreas con mayor riesgo de inundación se encuentran en las áreas planas en el norte, nororiente y centro sur. Adicionalmente, existen amenazas no relacionadas al clima, como los terremotos y las erupciones volcánicas que aumentan el riesgo de desastres, las cuales se trasladan a un riesgo a las actividades de subsistencia de la población guatemalteca, amenazando la infraestructura básica habitacional, energética, vial y de salud pública y de asistencia social.
Las variables climáticas cambian continuamente en espacio y tiempo”.
Lograr afrontar la vulnerabilidad a los efectos hidrometeorológicos y sísmicos que detienen o atrasan el desarrollo, requiere pensar en soluciones que contribuyan a sobreponer estos fenómenos, que, según las predicciones, podrán ser cada vez más extremos y, por lo tanto, presentarán nuevos retos para lograr la adaptación y resiliencia.
Para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura. Estas son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático.
Entre 2017 y 2021, Guatemala contó con una inversión anual promedio de solamente 0.60% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura crítica (carreteras, energía, salud, agua y saneamiento). Sin embargo, según Sánchez (2017), las estimaciones para la región (2016-2030) indican que, a fin de promover la cobertura universal de los servicios básicos de infraestructura resiliente y permitir el alcance de determinadas tasas de crecimiento económico, los países de la región deberían invertir entre 3,7% y 7,4% del PIB.
En este contexto, la infraestructura resiliente se define como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales, personales y de salud, que es capaz de sostener un nivel mínimo de servicio y recuperar su funcionamiento original con tiempo y costo razonables ante una presión o evento de daño. La inversión en infraestructura es el principal factor transversal en la capacidad de los países de adaptarse a los efectos de la variabilidad climática, diversificar sus economías, expandir el comercio, responder al crecimiento demográfico, reducir la pobreza y mejorar sus condiciones medioambientales.
Guatemala debe priorizar la adaptación al cambio climático y la generación de resiliencia al clima”.
Por lo tanto, con el objetivo de proteger la vida humana, asegurar a los habitantes del país las condiciones propicias para el desenvolvimiento de la actividad productiva, y de mejorar la resiliencia y adaptación ante los efectos adversos del cambio climático, los proyectos de desarrollo de infraestructura deben tomar en consideración las Normas de Reducción de Desastres de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); la actividad sísmica y la geología del área; la hidrología, incluyendo proyecciones de lluvias con un factor de retorno de por lo menos 50 años; y la meteorología, con una nueva connotación de construcción a largo plazo.
En conclusión, Guatemala debe priorizar la adaptación al cambio climático y la generación de resiliencia al clima para mantener los índices de crecimiento económico y la protección de los activos existentes, tomando en consideración que “las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada uno de los países y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático”.
Por: Ing. Juan Ramón Aguilar | Gerente de Gestión Ambiental de Cementos Progreso