En la medida que males como este sean disminuidos, los ingresos tributarios y la competitividad de las empresas se verán beneficiados.
Colaboración especial:
Luis Pablo San José / Departamento de Investigación y Consultoría Económica (DICE)
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies)
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Guatemala enfrenta diversos retos en materia de recaudación tributaria, dentro de los cuales se encuentra el comercio ilícito. Este posee diferentes dimensiones, entre ellas el contrabando, definido por el diccionario de la Real Academia Española como el ingreso de mercancías, sin pagar los derechos de aduana a los que están sometidos legalmente.
Determinar el valor del contrabando resulta una tarea complicada, principalmente por la misma naturaleza de este. Sin embargo, según una estimación realizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), para 2015, el comercio exterior ilícito alcanzaba la cifra de Q17 mil 275.70 millones. Este monto equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, y esto, a su vez, se traduce en una cantidad aproximada de Q2 mil 487.70 millones que dejan de ser percibidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Estos problemas no son nuevos para Guatemala y, de no aplicar las medidas necesarias para combatirlos, se da lugar a diferentes efectos en el Sector Productivo y público del país. El primero se ve afectado por una competencia desleal por parte de las estructuras dedicadas al contrabando, que complica la situación de las empresas que tienen en regla las regulaciones legales, sanitarias y ambientales. Para el segundo caso, al generarse una pérdida de ingresos tributarios se eleva la dificultad de brindar bienes y servicios públicos, limitando a su vez inversiones importantes en sectores prioritarios como infraestructura, educación y salud.
Si bien estos resultados son alarmantes, es necesario ser enfáticos en que la magnitud del contrabando puede ser aún mayor. Esto derivado del poco análisis y estudio que se le ha destinado a la denominada economía no observada. Esta poca o nula comprensión del sector, facilita que cada año incremente el ingreso de mercancías de contrabando y de personas que se suman a estas redes, ampliando su poder y tamaño en la economía guatemalteca.
«La situación actual del país requiere de instituciones fortalecidas que tengan la capacidad de hacer cumplir las reglas»
Es necesario mencionar que el estudio realizado por Asies determinó que, 11 de cada 15 productos que ingresan por la vía del contrabando se destinan para el consumo humano. Sin contar con las revisiones y regulaciones necesarias en las aduanas, estos productos representan también un riesgo muy grande para la salud de los guatemaltecos, pues podrían darse los casos de falsificación o mal estado.
El contrabando es un problema que se arrastra desde hace tiempo; si bien existen esfuerzos para detenerlo, como es la conformación del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), la situación actual del país, derivada de la pandemia, requiere que las acciones se redoblen, pues la situación económica de algunas empresas y personas continúa con dificultades para recuperar las pérdidas de 2020.
Dentro de las principales recomendaciones que se pueden hacer para combatir este flagelo, la medición e información deben ser primordiales. Es necesario, comprender la magnitud del fenómeno, su origen, destino y un estimado de la cantidad de mercancías que se mueven dentro del mercado guatemalteco. La eficacia y resultados de cualquier política o acción que se lleve a cabo para combatirlo dependerá de esta indagación.
Es necesario que se revise y actualice, de ser necesario, todo lo relacionado con la legislación específica contra el contrabando y la defraudación aduanera. Esto permitiría que las instituciones y autoridades involucradas en el tema sean fortalecidas y a su vez puedan imponer sanciones que eviten el incremento de este. La situación actual del país requiere de instituciones fortalecidas que tengan la capacidad de hacer cumplir las reglas, en la medida que males como estos sean disminuidos, los ingresos tributarios y la competitividad de las empresas locales se verán beneficiados.