Colaboración especial: Luis Pablo San José
Sofia Sandoval Ayala
Departamento de Investigación y Consultoría Económica (DICE)
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
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Es necesario que se realicen modificaciones en la distribución del presupuesto, que garanticen la estabilidad y crecimiento económico.
Como todos los años, durante septiembre se presentó el proyecto del presupuesto al Congreso de la República, en un contexto de crisis sanitaria y económica que afectó en diferentes niveles al país. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, también como todos los años, presentó en ese mismo mes su Análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2021, como complemento a las discusiones dentro de los talleres de presupuesto abierto organizados por el Ministerio de Finanzas.
Lamentablemente, el 18 de noviembre pasado, el Congreso aprobó el presupuesto de manera opaca e innecesariamente acelerada, provocando descontento en la población, que se tradujo en diversas expresiones de rechazo en las manifestaciones de noviembre. Ante esta situación, el Congreso decidió archivar el Decreto 33-2020 y, en su lugar, dejar en vigor el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2020.
Comprendiendo que se entra a un año rezagado, derivado de la crisis por la COVID-19 y las tormentas tropicales que azotaron al país, es necesario que se realicen modificaciones en la distribución del presupuesto, que garanticen la estabilidad y crecimiento económico. Estas deben priorizar inversiones significativas en las áreas de salud, educación, seguridad alimentaria y reactivación económica.
Sugerencias
En este sentido, se sugiere que se busque brindar acceso a crédito a los sectores económicos que se vieron más afectados durante este año. Entre ellos el de turismo y servicios, por medio de fondos de garantía que propicien el acceso a herramientas financieras que aceleren la recuperación. Esta propuesta debe asegurar que se trabaje con una total transparencia que permita el acceso a información clara y concisa.
Dentro de la misma línea de la estabilidad macroeconómica que ha mantenido el país, es necesario que el Gobierno de la República asuma el compromiso de conservar para 2021 un déficit fiscal sostenible, y a su vez sentar las bases de diferentes acciones orientadas a una disminución progresiva del este, en los años restantes, poniendo énfasis en combatir la evasión fiscal y el contrabando.
Toda inversión debe orientarse en apoyar a mejorar la competitividad de todos los agentes económicos.
Por su parte, las inversiones en infraestructura productiva son una garantía que propicia el crecimiento económico. Estas permitirían brindar empleos que incentiven la demanda interna y propicien una recuperación acelerada de la actividad económica, buscando beneficiar a los sectores de turismo, servicios y comercio internacional e intrarregional. Este esfuerzo requiere de una planificación transparente y honesta, trabajando con los estudios necesarios en los ámbitos legales, ambientales, técnicos y sociales. Las empresas deben garantizar su participación técnica, financiera y honesta durante estos procesos.
Es importante ampliar la perspectiva de efectividad en el proyecto de presupuesto persiguiendo buen manejo. Asimismo, se debe enfocar en los problemas estructurales anteriormente mencionados y no en operaciones de crédito público que tengan como finalidad cubrir gastos de funcionamiento. Esto hace imprescindible revisar y verificar las instituciones públicas con base en una evaluación de resultados para su efectiva asignación de recursos.
Se deben mantener los tableros para transparentar todas las compras del Ministerio de Salud y buscar la expansión de estos a las otras carteras y dependencias del Ejecutivo, priorizando el programa de emergencia COVID-19 con énfasis en la adquisición de una vacuna que permita, de forma progresiva, ir disminuyendo las medidas de prevención actuales, a fin de lograr una apertura total y una recuperación económica más rápida.
Si bien el panorama es adverso e incierto, este presupuesto puede representar una gran oportunidad para sentar las bases de un programa de inversiones públicas en distintos ámbitos, que permita comenzar a tratar problemas estructurales a través de una reasignación y ejecución de recursos. Toda inversión debe orientarse en apoyar a mejorar la competitividad de todos los agentes económicos del país que permita adaptarse a las nuevas dinámicas económicas mundiales.