Muriel Ramírez / Coordinadora técnica-ejecutiva
Comisión de Defensa del Comercio Formal
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Uno de los problemas es la alta tolerancia social frente a los vendedores callejeros, que finalmente son el último eslabón de la cadena del crimen organizado.
En algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con alguna acción positiva, altruista o de cooperación, pensando en el bienestar general, en que, lo que hago hoy bien, mañana beneficiará a muchos más. A raíz de esto, se considera que la concientización se convierte en una ventana de oportunidad, para cambiar una acción negativa y dañina (comercio ilícito), en beneficio para todo un país.
El impacto del comercio ilícito expone al consumidor a productos de mala fabricación y desregulados, debilita al PBI global, despoja a los gobiernos de sus ingresos tributarios, atasca las rutas comerciales legítimas y la banda ancha de Internet, multiplica las cargas en los controles fronterizos, perpetúa la corrupción, amplifica la demanda de trabajo forzado, impone riesgos ambientales, debilita el Estado de Derecho, permite a las organizaciones criminales disponer de dinero en efectivo y financia a terroristas en todo el mundo.
El comercio ilícito es una problemática mundial, que no conoce fronteras y que, hasta hoy, la mayoría de los gobiernos no lo han abordado de manera integral, tampoco han incorporado su persecución y control como política de Estado. Por el contrario, su combate es asumido con distintos énfasis, por diversos organismos gubernamentales que suelen enfrentar el tema desde una perspectiva unívoca y no como una coordinación mayor entre estamentos.
El comercio ilícito no solo es una competencia desleal para el comercio formal. Su penetración afecta a la sociedad como un todo, privándola de recursos, impactando la salud de la población, corrompiendo las instituciones y, finalmente, poniendo en riesgo la democracia, especialmente de aquellos países vulnerables social y económicamente.
Se debe sumar que este delito, cuya expresión más visible es el comercio ambulante informal, cuenta con una gran tolerancia social, debido al impacto que genera en la empleabilidad de los sectores más vulnerables, quienes son cooptados por las redes del crimen organizado que operan tras este flagelo moviendo la cadena del contrabando y la falsificación.
Por tanto, a continuación una propuesta que ha trabajado la Cámara Nacional de Comercio Chilena a través de su Observatorio del Comercio Ilícito, para aunar fuerzas entre el sector público y privado. Así, la alianza ha logrado importantes avances para detener este flagelo que afecta en menor o mayor medida a toda Latinoamérica.
Chile se enfoca en la observancia
Este país sudamericano no está ajeno a esa realidad, y por ello en 2016 la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, decidió conformar el Observatorio del Comercio Ilícito (OCI), con el objetivo que esta institución monitoree el fenómeno, levante información, eduque a la población y elabore propuestas de políticas públicas para combatirlo.
El equipo del OCI liderado por los directores de la Cámara, Ricardo Mewes y Verónica Pérez, diseñaron un mecanismo de trabajo dirigido a conectar a los organismos públicos encargados de la fiscalización y control con las industrias afectadas. En 2017 se estableció la mesa público-privada que tuvo como primera tarea analizar los nudos operacionales para enfrentar este fenómeno.
La mesa público-privada trabajó en tres grandes áreas: fiscalización, legislación y estudios y comunicación, levantando 22 medidas para llevar adelante. El resultado se plasmó en el documento Medidas para el combate del comercio ilegal, que fue entregado a todos los órganos técnicos y políticos relacionados con el tema, entre otros la Presidencia de la República y el Congreso de la nación.
Como elemento clave realizaron una campaña de concientización, asociada a la informalidad en el comercio, pero con foco en un llamado a la formalización. Así nació Juguemos Limpio, que durante 2019 invitó a los comerciantes a formalizar sus negocios para equilibrar la cancha y competir de forma leal con los comerciantes establecidos.
“Uno de los grandes problemas para enfrentar el comercio informal era, y lo sigue siendo, la alta tolerancia social frente a los vendedores callejeros, que finalmente son el último eslabón de la cadena del crimen organizado. Por eso, nos pusimos manos a la obra y decidimos lanzar Juguemos Limpio, para que ellos mismos se dieran cuenta que hay un mundo de beneficios asociados a la formalización de sus negocios y los impulsamos a independizarse y generar sus propios emprendimientos acorde a la ley”, explicaron los directivos. La campaña tuvo gran éxito en redes sociales.
Otro hito durante 2020, fue la firma de un Convenio de Colaboración entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Observatorio, cuyo objetivo es profundizar el trabajo entre el organismo público y el privado, buscando hacer más eficiente y rápidos los procesos de destrucción de mercancía ilícita y la persecución y condena de los delitos.
A pesar del contexto pandemia, una de las secuelas ha sido el exponencial aumento del contrabando y el comercio ilegal. El Observatorio continúa adelante con su gestión, más necesaria y apremiante que nunca, teniendo como uno de sus principales objetivos para 2021, trabajar en una propuesta de política de Estado.
