Se exhorta a las empresas a cumplir con las disposiciones vigentes y futuras que emitan las distintas autoridades.
A raíz de la crisis mundial por la propagación de la pandemia de COVID-19, las naciones han tomado medidas en distintos ámbitos. En Guatemala, el Gobierno decretó estado de calamidad el cual fue prorrogado; y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha establecido medidas para dar cumplimiento al Plan de prevención, contención y respuesta a los casos de coronavirus.
Por su parte, las empresas han tenido que adoptar medidas, ya que derivado de estas disposiciones se decretó el cierre voluntario de la actividad industrial, con excepción de las actividades económicas prioritarias:
– Industria alimentaria, farmacéutica, de productos de salud e higiene personal.
Asimismo, para seguir operando, las empresas deben estar autorizadas por el Ministerio de Economía. Así como la permisión de transporte para el personal.
Aunado a lo anterior, también se estableció el toque de queda limitando la locomoción. Circulación que incluye al tránsito y transporte de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de trasporte terrestre del horario comprendido de 16:00 a 4:00 horas.
El COVID-19 ha tenido impacto en las diversas instituciones, razón por lo cual:
– La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha extendido el plazo para cumplir con las obligaciones fiscales.
– El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también aprobó diferir el pago de la cuota patronal.
– Así como el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra) señaló que se suspendería el pago de las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo, para pagarlas en los siguientes tres meses.
– El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), igualmente autorizó diferir los pagos.
– Así, como la suspensión de plazos emitida por distintas entidades en pro de la situación.
Ante la coyuntura actual, se exhorta a las empresas a cumplir con las disposiciones vigentes y futuras que emitan las distintas autoridades.
En las relaciones laborales, el Gobierno ha instado a que se celebren acuerdos dentro del marco legal en estricto cumplimiento de los principios del derecho del trabajo, promoviendo la salud y seguridad ocupacional. Reforzando las medidas de protección en los centros de trabajo, comunicando inmediatamente a las autoridades competentes si algún empleado muestra síntomas y facilitar la atención necesaria de conformidad con los protocolos gubernamentales.
Colaboración especial: Augusto Valenzuela
Abogado laboralista
www.valenzuela-herrera.com