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Certeza para inversiones, confianza para el desarrollo

La certeza jurídica es un elemento clave para el establecimiento de un Estado de Derecho. Aplicarla en Guatemala genera desarrollo socioeconómico integral para todos.

Hablar de inversiones en Guatemala no solo abarca los proyectos multimillonarios de compañías transnacionales con capacidad de transformar comunidades completas, como plantas de manufactura ligera o de generación de energía eléctrica, sino también integran las esperanzas de cada guatemalteco emprendedor que decide apostar en el futuro del país.

La certeza jurídica, tanto para los empresarios nacionales como extranjeros, permite tener seguridad en el cumplimiento de un contrato. Amán Sánchez, asesor del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), explica que “países que brindan certeza y seguridad jurídica a las inversiones reciben, por ende, más de estas”.

Antonio Malouf, Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), expresó en el Foro Forbes Centroamérica que la inversión interna y extranjera es el motor para generar empleo. “Las reglas claras en inversión promoverán crecimiento de la economía y los empleos en la región”, expresó.

Por lo que la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, explica que “no poder prever las consecuencias para las inversiones es devastador para el desarrollo”.

Es decir que la falta de certeza jurídica afecta el país. Sánchez explica que un buen proceso judicial, que asegure el cumplimiento de un contrato entre partes o subsane en lo posible al afectado, “puede disminuir los riesgos que se contemplan por los inversionistas y hacer que estos se decidan por invertir y hacer negocios en Guatemala”.

 

La imagen internacional de Guatemala

Según el Índice Doing Business del Banco Mundial, Guatemala lleva dos años consecutivos de ocupar el puesto 173 de 190 naciones en su categoría “Cumplimiento de contratos”. Se calcula que demandar justicia en una disputa comercial cuesta alrededor de Q55,250,00 y que tarda un aproximado de 1,402 días con un proceso judicial que alcanza solo seis puntos (de 18) en calidad.

De esta misma manera, el reporte 2016-2017 del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial califica al país en un bajo 110 de 138 naciones en materia de instituciones. Una de las condiciones que colocan a Guatemala en esa posición es un 133 en “Fortaleza en la protección a inversionistas”.

Aunque ambos informes no posicionan bien a Guatemala en inversiones, tanto el Doi ngBusiness como el Índice de Competitividad Global ubican al país justo en la mitad de sus listas generales de clasificación: 88 de 190 naciones y 78 de 138,respectivamente.

Sánchez indica que el cumplimiento de contratos depende de la eficiencia del Organismo Judicial. Y aunque el Programa “ha apoyado con reformas al código procesal civil y mercantil, es necesario reformar los procesos judiciales”.

Gremiext, por otro lado, es contundente: “No es necesario reformar el Sistema de Justicia de Guatemala”. En cambio, sus distintas salas deben emitir sentencias apegadas a la Ley y en caso de un vacío legal, integrar normas que velen por el bien común, el trabajo y la inversión. Además, el Organismo Ejecutivo debe desarrollar normativa de aplicación legal de forma ordenada, coordinada y racional.

Un sistema jurídico ambiguo que no pueda garantizar contratos de mediano o largo plazo genera confrontaciones. El caso más reciente es la suspensión de operaciones de las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II.

Inversiones en pugna

En enero de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el cese de operaciones de Oxec I y Oxec II a partir de un amparo promovido por Bernardo Caal, en que se argumentaba que los proyectos carecían de una consulta comunitaria. Y luego en febrero, con la ratificación temporal de la Corte de Constitucionalidad sobre esta suspensión, dejando inconcluso el caso.

Caal es, presuntamente, sindicalista; prófugo de la justicia por un caso especial de estafa, acusado del cobro de Q104.5 mil por salarios de enero de 2012 a agosto de 2013 en que no se presentó a trabajar como maestro. Fue denunciado oficialmente por Cámara de Industria de Guatemala en abril por desestabilizar el sector y generar conflicto.

Los proyectos a los que se opuso, Oxec I y Oxec II, generan hasta 86 megavatios-hora de energía renovable en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Antes de instalarse, empresarios y líderes comunitarios realizaron convenios voluntarios para comenzar la construcción y operación de las hidroeléctricas.

Sin embargo, magistrados de la CSJ no los reconocieron como una consulta comunitaria, requisito establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Este convenio no determina cómo debe realizarse este proceso, sino obliga a los Estados signatarios a establecer un mecanismo particular. Guatemala ha incumplido con esta disposición desde que ratificó el convenio en 1996, ya que carece de reglamentación oficial en la materia, pero esa no es responsabilidad de los ciudadanos ni de las empresas, sino del Estado.

El Vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Salvador Paiz, explica que “la ausencia de reglamentación del [Convenio] 169 es un incumplimiento del Estado que provoca incertidumbre y polarización. Además, atenta contra los derechos constitucionales de la libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad privada”.

En la misma línea, la Asociación de Generadores con Energía Renovable, directamente afectada por las suspensiones, defendió que el Convenio 169 “no tiene como propósito impedir la inversión, sino incrementar las oportunidades para la población indígena, generar empleo y desarrollo de las comunidades. Cancelando proyectos en operación no se logra esto, sino al contrario”.

Al respecto, el Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz, comenta que “no es posible que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad frenen una millonaria inversión y que pongan en riesgo el ingreso de los trabajadores”, e indicó que esta situación desestimula la inversión.

El costo social

La inversión de Oxec I y Oxec II asciende a US$300 millones y beneficia económicamente a once comunidades de Alta Verapaz con empleo y una contribución de Q2 millones anuales en pagos en efectivo y proyectos de desarrollo social, establecidos en los convenios de la empresa con los comunitarios.

La empresa Oxec S.A., parte de Energy Resource Capital Corporation, debió dejar sin empleo a alrededor de 1,400 trabajadores, aunque únicamente laboran quienes realizan mantenimiento al equipo de generación para evitar su desgaste.

Cámara de Industria de Guatemala y su Gremial de Empresas de Subcontratación de Talento Humano indicaron que perder proyectos hidroeléctricos en el país no solo causaría una pérdida anual de Q520 millones por cada 100 megavatioshora por el incremento en las tarifas de electricidad y otros efectos, sino que compromete la estabilidad laboral de más de 65 mil guatemaltecos en toda la República.

De acuerdo con Roberto Dalton, Director de Disagro, estas personas que carecen de oportunidades laborales en Guatemala deciden emprender un viaje riesgoso a Estados Unidos para mejorar sus economías familiares.

“Las reglas claras y su aplicación justa deben ser los pilares para el desarrollo de la economía (…) Guatemala es un país con grandes oportunidades para el desarrollo de las actividades industriales y el guatemalteco se caracteriza por ser un buen trabajador, pero hasta que no se resuelvan en definitiva los procesos judiciales, en donde grandes inversiones están comprometidas, se actuará con precaución al invertir”, concluyó la Gremial de Industrias Extractivas.

El contenido de Industria&Negocios no necesariamente representa la opinión de Cámara de Industria de Guatemala; cada artículo es responsabilidad de sus autores.

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