Según un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), esta cifra representa el 3.5% del Producto Interno Bruto.
[miptheme_dropcap style=»normal» color=»#222222″ background=»»]L[/miptheme_dropcap]os analistas Erick Coyoy y Mariano Rayo de Asies publicaron en enero de 2017 el estudio Fortalecimiento de la recaudación tributaria, transparencia aduanera y reducción del comercio exterior
ilícito en Guatemala.
Este contiene una estimación de esas actividades durante 2015, año en que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron casos de alto nivel relacionados a irregularidades en procesos aduanales.
La defraudación aduanera y el contrabando pertenecen a la llamada economía subterránea u oculta. Al menos 50% del valor de la producción nacional pertenece a este tipo de comercio. Los expertos de Asies aducen que los factores que permiten estas actividades “están directamente relacionados con la fragilidad” institucional del país para controlar y aplicar sanciones a quien quebranta la ley.
Tal es el caso del comercio de productos en mercados cantonales y municipales por montos mayores a los establecidos como exentos en la ley del Impuesto al Valor Agregado; estos pertenecen a la economía subterránea y defraudan al fisco. “Hay amplio margen para que las acciones de control y fiscalización de la administración tributaria puedan extenderse hacia estos ámbitos”, comentan los analistas.
Pero la defraudación aduanera y contrabando no se remiten únicamente a estos casos. Durante las investigaciones del MP y la CICIG se reveló un problema estructural “que sistemáticamente ha mermado la recaudación tributaria en las aduanas”. Esto porque los procesos dependen de la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros, y no de sistemas de seguimiento e inspección
automatizados “que dejen registro de todas las transacciones y gestiones”.
Por ello, los analistas concluyen que es necesario que el Estado, mediante la Superintendencia de Administración Tributaria, realice en el corto plazo un sistema de análisis de riesgos para determinar operaciones con mayor probabilidad de irregularidades sin obstaculizar el tránsito de mercancías.
Además de una auditoría de registros de comercio exterior y recaudación correspondiente, y una reforma a la legislación específica contra la defraudación y contrabando aduaneros, para contar con un marco legal moderno y garantizar la recaudación.