Por: Ing. Mireya Archila de Sánchez
GEOAMBIENTE
Presidente, GEPSA
A pesar de que falta mucho por desarrollar dentro del marco político y regulatorio para promover de manera efectiva los principios de la gestión socio ambiental en el país, se debe indicar que la emisión del Decreto 68-86, hace 29 años, estableció los principios del modelo de desarrollo sostenible para Guatemala. Ello, aunado a la positiva influencia de conceptos renovados sobre economía y competitividad, promovió que el Sector Privado organizado, fuera implementando dentro de la concepción de sus negocios, la gestión socio ambiental. Este proceso ha dado como resultado, el desarrollo de sistemas productivos competitivos no solo económicamente, al optimizar los procesos industriales, sino también, compatibles con el medio ambiente y su entorno social.
Adicionalmente, este marco jurídico ha contribuido a generar una revolución industrial de productos y servicios ambientales que han venido a apoyar la implementación de tecnología amigable con el ambiente y socialmente comprometida con la población. De esa cuenta, en Guatemala, hoy, son numerosos los casos de empresarios y actividades económicas exitosas, comprometidas integralmente, asignándole valor económico a la protección ambiental y promoviendo instancias para mejorar el entorno social. Para desarrollar este efecto multiplicador, asociaciones privadas ofrecen hoy servicios de consultoría y tecnología para mejorar los procesos industriales, así como también apoyan iniciativas e instancias para promover la implementación de procesos de renovación de negocios en temas de temas de responsabilidad social empresarial y de gestión ambiental en la industria.
No debe dejar de mencionarse uno de los principales legados del Decreto 68-86, el cual se refiere a la implementación en el esquema de desarrollo de proyectos y actividades económicas, del Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental, como un elemento predictivo y una herramienta de trabajo para afinar la evaluación de la factibilidad de los proyectos.
El EIA, implementado de manera seria, no como un mero requisito para la aprobación de proyectos, tiene una función facilitadora para evaluar procesos de ubicación de las industrias, el diseño e ingeniería, la selección de materia prima, la optimización de los procesos, el manejo de los recursos naturales, la disposición eficiente de los desechos establece, sobre una base metodológica, la predicción de los impactos socio ambientales potenciales para luego definir los lineamientos de la gestión socio ambiental que permita prevenir, controlar y mitigar los impactos potenciales, entre otras.
