La Gremial de Operadores de Televisión por Cable, adscrita a la Cámara de Industria, hizo público su desacuerdo ante la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
El presidente de CIG, Fernando López, mencionó tres razones contra la Ley. Como primer punto, esta crea condiciones no equitativas para las empresas que prestan el mismo servicio, seguido por la incongruencia de justificar la aprobación para controlar las comunicaciones en las cárceles y por último la rapidez del proceso de aprobación.
La iniciativa de ley fue presentada el 8 de abril y aprobada el mismo día, de urgencia nacional. Sin embargo, el Congreso de la República no incluyó la consulta y evaluación de los sectores que más saben del tema, lo cual genera consecuencias por su falta de análisis y sustento jurídico y técnico.
Algunas de las consecuencias son los costos del servicio, el cual solo beneficiaría a las multinacionales, además de disminuir la competitividad en los negocios del país. La gremial integrada por 80 empresas, y dirigentes de CIG, aseguraron que tomarán los recursos jurídicos correspondientes para determinar las acciones legales que se presentarán.